Publicada el Jueves, 19 de Enero de 2017

Se insta al Gobierno de Navarra a revisar los programas y la financiación de los Servicios Sociales de Base

A fin de determinar los equipos mínimos para articular la atención comunitaria, atendiendo a la diversidad de situaciones y necesidades de la población

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, Podemos-Ahal Dugu, PSN, PPN e I-E y los votos en contra de Geroa Bai y EH Bildu, una resolución por la que se  insta al Gobierno de Navarra a “revisar el Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la nueva Ley Foral de Servicios Sociales en  materia de programas y financiación de los Servicios de Base”, cuya titularidad corresponde a las entidades locales.

 

La moción incluía un segundo punto, rechazado con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, en el que se exhortaba al Ejecutivo Foral a “revisar el sistema de financiación, así como los tramos de población, a la hora de financiar y determinar los equipos mínimos. Los Servicios Sociales de Base son un dispositivo extremadamente diverso y heterogéneo, con situaciones, carencias, necesidades, fortalezas y debilidades muy diferentes entre sí”.

 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han presentado una enmienda de sustitución a este segundo epígrafe, no aceptada por PSN, titular de la iniciativa, tendente a supeditar la revisión financiera del sistema a una “visión de conjunto que descanse sobre la Atención Primaria, el futuro Plan de Inclusión y la reforma de la Administración”. Al no aceptarse la sustitución del texto original, los enmendantes han votado en contra

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P PSN entiende que es el momento “óptimo” para, una vez vencidos los convenios plurianuales del período 2013-16, “adecuar los nuevos conciertos al aumento de la demanda y a las nuevas necesidades y perfiles surgidos como consecuencia de la crisis”.

 

El proponente subraya que, pese a que el importe de los programas obligatorios debe ser financiado “al menos en un 50% por la Administración Foral, son las entidades locales las que están asumiendo el coste derivado del ajuste de recursos y planes, sin que desde el departamento de Derechos Sociales se esté contribuyendo en términos de equidad y eficacia al sostenimiento de funciones esenciales para articular la atención comunitaria”.