Aprobada la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo
El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de ayuda a las víctimas del terrorismo, presentada por el G.P. SPN.
La proposición de Ley Foral tiene por objeto dotar del “máximo reconocimiento, atención y solidaridad a las víctimas y afectados de actos terroristas”, para cuyo resarcimiento se articulan una serie de medidas dirigidas a “atender las especiales circunstancias y necesidades personales, familiares y sociales de este colectivo”.
El ámbito de aplicación de la Ley, concebida para “complementar” las ayudas establecidas por la normativa estatal, trasciende los límites de la Comunidad Foral, ya que también da cobertura a las víctimas que, teniendo la “condición de navarro”, hayan sufrido la violencia terrorista “fuera” de Navarra.
El importe de las ayudas, de carácter “subsidiario y complementario”, será el “equivalente al 30% de las cantidades concedidas por la Administración General del Estado”, a quien el interesado deberá solicitar “previamente” la concesión de las prestaciones reguladas, fundamentalmente, en la Ley 2/2003, de 12 de marzo.
Se contemplan indemnizaciones por daños “físicos, psíquicos y materiales”, además de acciones asistenciales en los ámbitos de la “salud, educación, laboral, formativo y vivienda”, amén de otras subvenciones que “reglamentariamente” se establezcan.
Las cuantías para la reparación por daños materiales comprenderán los originados en las viviendas, en establecimientos comerciales o industriales, en elementos productivos de las empresas, en sedes de partidos, sindicatos y otras entidades, así como (con alguna limitación) los ocasionados en vehículos.
Las compensaciones por reconocimiento de situaciones de dependencia supondrán, dependiendo del grado, un incremento de entre el 10 y el 30% respecto a las que concede el Estado.
La norma prevé también la concesión de subvenciones a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro cuya actividad principal consista en “representar y defender” los intereses de las víctimas del terrorismo y que, a tal fin, desarrollen programas para su “reconocimiento y resarcimiento”.
La Ley regula la concesión de becas y ayudas al estudio, propone, a su vez, ayudas en los ámbitos laboral y de acceso a Viviendas de Protección Oficial y propugna medidas de orden fiscal enfocadas a beneficiar al colectivo de víctimas del terrorismo.
La proposición plantea también la creación de la Comisión de Ayuda a las Víctimas, un órgano que, adscrito al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, se encargará de prestar la “información y la asistencia técnica precisa” en aras al “más óptimo” desarrollo de la presente Ley.
Formarían parte de dicha Comisión, a crear en el plazo de “tres meses”, el Consejero de Presidencia Justicia e Interior (presidente), el director general de Interior (vicepresidente), además de un representante de los departamentos de Interior, Asuntos Sociales, Salud, Vivienda, Educación, y Economía y Hacienda (vocales), más un secretario de libre designación por parte del presidente.
La Ley dedica un capítulo entero al “reconocimiento social” de las víctimas del terrorismo, con el propósito de saldar una “deuda moral y material”, a cuya condonación el Parlamento pretende sumar su “esfuerzo institucional” sellando un “compromiso concreto” a favor de los damnificados.
En dicho apartado, se regula la concesión de “distinciones honoríficas” y, entre otros, se garantiza la “financiación suficiente” para atender las ayudas fijadas en la Ley.
Finalmente y como novedad en relación a los textos legales elaborados por otras comunidades autónomas, la proposición de Ley contempla la difusión (una vez al año) de un programa educativo que “recoja y refleje los valores de la convivencia pacífica y democrática frente al terrorismo” y sirva, a su vez, para “concienciar a los jóvenes del valor de la palabra como medio y forma de defender democráticamente las ideas”.
Dicho programa estará a cargo del Departamento de Educación, tendrá la duración “que se estime conveniente”, e irá dirigido a los centros de Educación Secundaria públicos y concertados que reciban subvenciones del Gobierno de Navarra, aunque será ofertado también a los centros privados de Educación Secundaria de Navarra.
Tras la toma en consideración, proposición de Ley Foral de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo será debatida y votada en Comisión.
· www.parlamento-navarra.es/castellano/boletines.asp
· Publicación de la proposición de Ley Foral (BOPN, n.º 87, de 11-09-2009)