El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a que, “en el plazo de dos meses, de acuerdo con la legislación internacional de Derechos Humanos, firme un convenio con el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, tal y como lo han hecho ya buena parte de las comunidades autónomas, para la elaboración en Navarra del mapa de fosas comunes”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se insta al Ejecutivo Foral a que, “en el plazo de tres meses, elabore un protocolo de exhumaciones en línea con lo ya realizado por otras comunidades autónomas. Dicho protocolo deberá tener en cuenta, como mínimo, un servicio de atención a los familiares de las personas fusiladas en Navarra y dar una solución digna y respetuosa a la inhumación de los restos de los cuerpos exhumados que no sean reclamados por ningún familiar”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Nabai, G.P. SPN, A.P.F. CDN y A.P.F. IUN-NEB apela a la “histórica” declaración aprobada por el Parlamento el 10 de marzo de 2003 y a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y concluye que no estamos ante un asunto que “afecte solo a la esfera particular de los directamente implicados. Es un tema que concierne la sociedad en su conjunto y, por ende, a las instituciones públicas, dado el carácter básicamente humanitario de la medida”.

· www.parlamento-navarra.es
·Publicación de la moción (BOPN, n.º 63, de 04-06-2010)