Se insta al Gobierno de Navarra, por un lado, y al Gobierno de Navarra, por otro, a condenar y reprobar formalmente la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista.

El Parlamento de Navarra considera que deben declararse nulas de pleno derecho y a todos los efectos las sentencias represivas dictadas por los Juzgados Especiales, tanto militares como de otro orden, durante la guerra, y con posterioridad en la dictadura. Y a tal efecto insta para que, por el procedimiento legalmente pertinente, se acuerde la efectividad de dicha declaración de nulidad de pleno derecho a todos los efectos.

El Parlamento de Navarra ratifica en todos sus términos los apartados 1, 2 y 4 de la resolución sobre el recuerdo, reconocimiento y reparación moral de las personas fusiladas y represaliadas durante la Guerra Civil en Navarra, aprobada por el Pleno de este Parlamento en sesión celebrada el 20 de marzo de 2003.