Se insta a la OCDE y a la comunidad internacional en su conjunto a que se vuelvan a considerar paraísos fiscales a todos aquellos territorios que, de facto, sigan actuando como centros extraterritoriales o para no residentes, en los que en su ordenamiento jurídico siga vigente el secreto bancario y se castigue su vulneración, aunque hayan firmado acuerdos de intercambio de información con otros países.

Se insta al Gobierno de España a que en el seno de la UE y de los diversos organismos internacionales en los que toma parte (G20, OCDE...), llame al desarrollo de cuantas iniciativas sean precisas para poner fin a los paraísos fiscales asentados en distintos territorios”, y promueva una “nueva definición de paraísos fiscales con la creación de una lista más objetiva y exhaustiva de jurisdicciones no cooperativas.

Se insta a los Gobiernos del Estado y Navarra a reformar la legalidad vigente para ejercer un control exhaustivo de las sociedades mercantiles y las entidades financieras registradas en paraísos fiscales.

Se insta al Ejecutivo Foral a excluir de la contratación pública y de cualquier exención fiscal, subvención o ayuda pública, a todas aquellas sociedades mercantiles, entidades bancarias y grupos empresariales que tengan sucursales, filiales o entidades registradas en países y territorios que actúan como paraísos fiscales.

Se insta al Gobierno de España a que urja en el seno de la UE al desarrollo del acuerdo de 7 de diciembre del ECOFIN, para ampliar el intercambio de información automática entre estados a ocho categorías principales de ingreso y capital: ingresos por empleo, ingresos de directivos, dividendos, ganancias de capital, royalties, productos de seguros de vida, pensiones, propiedades e ingresos por bienes inmuebles.