Se insta al Gobierno de Navarra a efectuar una profunda revisión de los criterios a la hora de aplicar la Ley Foral de incompatibilidades para corregir y evitar casos que producen escándalo en la opinión pública y minan la credibilidad de las instituciones de nuestra Comunidad, en la medida que afectan a antiguos cargos que han tenido incluso las máximas responsabilidades de gobierno.