Un debate en torno a la política social de vivienda ha centrado hoy la última sesión de ‘Conversaciones Solasaldiak’, un ciclo de mesas redondas organizado por la Cámara y la UPNA para, en el marco del convenio entre el Legislativo y la institución académica, abordar diversas temáticas de interés social y científico.

Coordinada por Begoña Pérez Eransus, directora de la Cátedra Unesco de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo de la UPNA, esta última conferencia ha contado con la participación de José León Paniagua Caparrós, arquitecto y colaborador de FOESSA y del Observatorio de Vivienda Joven del Consejo de la Juventud de Madrid; Emmanuel Rodríguez López, investigador del Observatorio Metropolitano de Madrid y Fundación de los Comunes; y Ángel Larrea Pérez, miembro activo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Navarra. La periodista Alicia Ezker ha actuado como moderadora.

Begoña Pérez ha sido la encargada de introducir, contextualizar y dimensionar las consecuencias de las políticas públicas en torno a la vivienda, un conjunto de programas sometidos al “cortoplacismo” que caracteriza el quehacer político y, en todo caso, alejados de “contenidos estructurales en clave de justicia social”.

Así, tras poner de relieve la necesidad de “buscar responsables más allá del sector financiero” para, sin dejar de “priorizar la labor social de acompañamiento, revertir el actual modelo de políticas públicas”, Pérez ha cedido la palabra a Enmanuel Rodríguez, quien ha señalado que “la vivienda no es un problema social, es la crisis de todo un modelo económico. Si ha salido a la luz, es porque ha habido una movilización social, un levantamiento democrático”.

Al hilo de lo apuntado, Rodríguez ha advertido que bajo transformación del mercado de la vivienda (de un mercado de uso a un mercado de inversión) subyacen unas políticas públicas “al servicio de esa perversión económica. El gran negocio ha consistido en generar deuda, propiciando un acceso casi generalizado al crédito. Ello hizo crecer un 90% el consumo de los hogares, mientras los salarios reales decrecían un 10% y los beneficios empresariales aumentaban un 60%, todo entre 1997 y 2007”.

A decir de Rodríguez, ese “efecto riqueza” ha derivado en un “efecto pobreza del que la clase política “es cómplice. Liberalizaron el suelo, facilitaron el endeudamiento, descuidaron el control ambiental y ahora, en vez de pensar en un cambio de patrón, se afanan en restaurar el sector. Intentan traer otra etapa sobre las mismas bases, obviando las consecuencias sociales que han auspiciado. Es terrible”.

José León Paniagua, por su parte, ha hablado de “un ciclo de locura que ha conducido al fracaso total. Las administraciones han fomentado la vivienda como objeto de inversión y, olvidando su condición de factor de inclusión de primer orden, han propiciado un despilfarro inmobiliario y financiero”.

A juicio de Paniagua, el hecho de que las autoridades hayan fomentado la compra, “negando prácticamente la oferta de alquiler social, pone de relieve que esto no ha sido un tema cultural. La inversión del Estado en vivienda, al margen de ser tres veces menor que en Europa, ha sido en un 75% gasto indirecto (fiscal), cuanto más inviertes más desgravas. El resultado ahí está, incremento de precios, endeudamiento privado, stock de vivienda nueva e incautada (1,6 millones) 360.000 desahucios y paro masivo”.

Desde el ámbito de la acción y la denuncia, Ángel Larrea ha coincidido con el resto de ponentes en que “esto no es un problema social, es una estafa generalizada. Somos el país europeo con más viviendas vacías y más desahucios”.

A la hora de asumir responsabilidades, Larrea ha apuntado que “la ciudadanía sufriente ya está pagando con la asunción de una deuda eterna, pero otros se están yendo de rositas. No ha sido una opción libre ni informada, las políticas públicas han conducido al endeudamiento a través de hipotecas que más bien eran contratos de adhesión, en muchos repletos de cláusulas abusivas vergonzosas, como los intereses de demora”.

A ese respecto, ha censurado la magnanimidad del Estado con la morosidad inmobiliaria (71%). “A éstos se les ha aplicado la dación en pago, se les ha montado un banco malo para dar salida al stock y ninguno ha tenido que responder con sus bienes personales. A las familias, que representan el 29% de esa deuda, no se les ha condonado. El rescate a la banca se estima en 53.000 millones, de los que se esperan perder 37.000, cuatro veces lo que hubiera costado solventar la situación de las 400.000 familias desposeídas”.

Larrea ha concluido haciendo una alusión a la situación de la vivienda en Navarra, donde entiende que “también ha estado en clave de negocio. La Ley de medidas urgentes aprobada a finales de junio era una ley de mínimos y, sin embargo, lo único que ha hecho el Gobierno es ningunearla”.