El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de SN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y no adscritos y los votos en contra de UPN y PPN, la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos desde el 1 de enero de 1950, momento en el que, según una aportación de la Asociación Sanfermines 78 Gogoan trasladada por Bildu y Aralar-Nabai y aprobada con el respaldo de SN e I-E, se entiende que “reaparecen las movilizaciones obreras y populares”.

La Ley impulsada por el G.P. Izquierda-Ezkerra tiene por objeto promover el reconocimiento y reparación integral de las víctimas generadas por la acción violenta de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha”, en aras a su equiparación con lo que, a nivel de compensaciones, justicia y memoria, se establece en la Ley Foral 9/2010 de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo.

A tal fin, para restaurar “con arreglo a la legislación vigente” el daño derivado de los “fallecimientos o lesiones graves y permanentes” acaecidos en dicho contexto de “violencia de motivación política”, la norma se remite a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los conceptos de tortura y malos tratos recogidos en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la materia para, sin más exigencia que la de ostentar la condición política de navarro o navarra, asegurar el resarcimiento de las vulneraciones sufridas dentro o fuera de la Comunidad Foral.

En ese sentido, para otorgar el reconocimiento de víctima y proceder a la homologación de derechos con el resto de afectados por acciones de similar naturaleza, se instaura una Comisión de Reconocimiento y Reparación que, integrada por nueve personas de acreditada competencia en ámbitos como el Derecho, la Criminología, la Sociología, la Psicología o los Derechos Humanos, será la encargada de incoar una investigación previa y rigurosa de los hechos que se le encomienden a partir de su constitución, prevista para antes del 31 de diciembre de 2015.

Los miembros de la Comisión serán elegidos por el Pleno del Parlamento para un período de cinco años, siendo uno de ellos designado presidente, también por mayoría de dos tercios.

Cada expediente que, sobre la base de instrumentos internacionales homologados como el Protocolo de Estambul, inicie dicho órgano de asesoramiento administrativo concluirá en el plazo de un año con una propuesta de resolución “vinculante”. La declaración como víctima implicará el reconocimiento de indemnizaciones económicas por daños “físicos, psicológicos o materiales”.

Todas las personas y entidades públicas y privadas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de esta Comisión, cuyos resultados se recogerán anualmente en una Memoria que será presentada ante el Parlamento, publicada y difundida entre la ciudadanía, estarán obligadas a colaborar en la forma que se determine.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Reconocimiento y Reparación concluirá su mandado con la elaboración de sendos informes, uno sobre sus actuaciones relativas al período entre 1951 y el 28 de diciembre de 1978 y otro desde esa fecha hasta la actualidad. Según se precisó a instancias de SN, I-E y los no adscritos, dichos documentos contendrán, como mínimo, una cuantificación solvente y veraz del número de atentados, agresiones, torturas o cualquier otra vulneración de los derechos humanos acaecidos en Navarra o sufridos personas domiciliadas en la Comunidad Foral, una verificación de las denuncias y una memoria de conclusiones y recomendación. Sólo UPN y PPN se han opuesto a estos trabajos, que serán elevados al Parlamento para su debate y votación.

Igualmente, de nuevo a iniciativa de SN, I-E y no adscritos, se encomienda al Gobierno de Navarra la financiación de la Comisión a través de una partida específica en los Presupuestos Generales de Navarra. Y la cesión de un espacio físico con los medios materiales suficientes para el desempeño de las labores de documentación, investigación, coordinación y demás. Sólo UPN y PPN se han rechazado tal pretensión.

Del mismo modo, se contemplan acciones en los ámbitos educativo (ciclos, cursos, seminarios o congresos) e institucional, en este caso a modo de “disculpa pública y reconocimiento” de los hechos. A tal objeto, el Gobierno de Navarra, en colaboración con el Parlamento, organizará un acto de homenaje a las víctimas en el plazo de un año desde la finalización del primer mandato de cinco estipulado para la Comisión. Esta previsión, impulsada por SN, I-E y no adscritos, ha sido validada por Bildu y Aralar-Nabai, mientras UPN y PPN se han opuesto.

La Ley se ha quedado sin exposición de motivos, al ser rechazada su incorporación al dictamen con los votos en contra de Bildu, Aralar-Nabai y PPN, la abstención de UPN y los votos a favor de SN e I-E. La ausencia de dicho preámbulo no supone ningún impedimento, según consta en el artículo 135 del Reglamento de la Cámara.

Finalmente, a propuesta de Bildu y Aralar-Nabai, que lo entendían descontextualizado, sin nexo con el objeto de la Ley, se ha suprimido del texto la obligatoriedad de instalar en el plazo de seis meses cámaras de videovigilancia y grabación de audio en todas las zonas de custodia de las comisarías de la Policía Foral y de las Policías Locales. El Gobierno de Navarra queda liberado también de tener que establecer, en idéntico plazo, un protocolo para la asistencia médica a personas detenidas.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la Proposición de Ley Foral (BOPN, nº 129, de 21-11-2014)