El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “tomar en consideración y poner en marcha un Plan Objetivo Cero Accidentes Laborales, que impulse a las empresas a implantar medidas tendentes a la reducción o eliminación de la siniestralidad laboral. Dicho plan deberá ser impulsado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra”.

Dicho Plan, según se precisa, “recogerá entre sus actuaciones las siguientes:

a) Elaboración de un informe sobre el cumplimiento no solo formal, sino también material y de implementación efectiva de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales en todas las empresas y centros de trabajo de Navarra.

b) Recogida de propuestas de empresas, sindicatos, personas trabajadoras y cualesquiera interesadas para lograr la aplicación efectiva de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.

c) Emisión de recomendaciones y propuestas que mejoren y amplíen la protección frente a riesgos laborales.

d) Reconocimiento de aquellas empresas y centros de trabajo que cumplan no solo con la literalidad de la normativa aplicable, sino también que implanten las recomendaciones y propuestas que, según lo indicado en el punto c), se presenten como vías de mejora de la legislación específica en materia de prevención de riesgos laborales”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Gobierno de España a “dotar al Cuerpo de Inspectores de Trabajo de suficientes medios técnicos y humanos, por tratarse del servicio más eficaz para ejercer un control sobre las situaciones de degradación de las condiciones de trabajo que están en el origen de la accidentabilidad”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de España a “modificar el capítulo III del título III de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para que las autoridades autonómicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (personal técnico) cuenten con mayores competencias ejecutivas y de impulso de oficio de expedientes en materia de prevención de riesgos laborales y denuncia de incumplimientos de la normativa aplicable”. Este último epígrafe ha prosperado con el voto en contra de PPN y la abstención de PSN. UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, e I-E han mantenido su apoyo.

El G.P. PSN ha presentado una enmienda de adición, no aceptada por Podemos-Ahal Dugu, titular de la iniciativa, tendente a "recuperar la figura del Delegado de la Comunidad Foral para la prevención de riesgos laborales, así como a reforzar el papel de los órganos consultivos y de participación institucional en materia de prevención de riesgos laborales". Además, planteaba al Gobierno de España la "modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados".

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Podemos-Ahal Dugu pone de relieve el “considerable aumento” de la siniestralidad laboral experimentado en 2015 y, a ese respecto, asegura que la precariedad de la clase trabajadora está en el origen de esa elevada accidentabilidad”.

Según datos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, “entre enero y septiembre de 2015 se produjeron 9 accidentes mortales, 44 graves y 5.602 leves”.

Sin embargo, “la política del Gobierno de España ha buscado la salida de la crisis por la vía del empleo precario, de los salarios bajos y de las desigualdades de género que afectan negativamente a las mujeres, de las desigualdades de edad que afectan negativamente a los jóvenes y a los mayores de 45 años y de las desigualdades de ciudadanía que discriminan a los inmigrantes”.

Todo ello, a decir del proponente, está vinculada a la elevada siniestralidad laboral.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la moción (BOPN, n.º 63, de 06-05-2016)