La Comisión de Hacienda y Política Financiera ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, las abstenciones de UPN y PSN y el voto en contra de PPN, una resolución por la que la Cámara “muestra su rechazo al Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), en previsión de las consecuencias negativas de gran calado que pudiera tener este proyecto que se está negociando entre la Unión Europea y Canadá”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se insta al Gobierno de Navarra a “manifestar y defender esta postura en aquellos órganos e instancias de ámbito europeo en las que participe, como puede ser el Comité de las Regiones”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplaza al Gobierno de España a “considerar y defender en todos los foros donde participe que cualquier propuesta de acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá deba ser sometida en todos los Estados miembros de la UE a referéndum antes de su ratificación”. Asimismo, se llama a “defender que cualquier tipo de negociación y de política que se lleve a cabo sobre cuestiones de esta envergadura se haga de forma transparente y accesible a toda la ciudadanía”.

Igualmente, se requiere al Ejecutivo Foral para que inste al Gobierno de España a “solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del acuerdo con los Tratados Europeos sobre la base del artículo 218 (11) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para evitar que un acuerdo incompatible con los Tratados Europeos sea concluido, y que no ratifique el acuerdo mientras el TJUE no haya dado esa opinión”.

En ese contexto, se apremia al Gobierno de Navarra a que inste al Gobierno de España a “rechazar cualquier aplicación provisional del CETA, y que la Comisión Europea tenga que esperar hasta que todos los procedimientos nacionales de ratificación se lleven a cabo, con el fin de escuchar la voz de la ciudadanía europea antes de una posible entrada en vigor del acuerdo”.

Por último, el Parlamento de Navarra acuerda “hacer público su rechazo al oscurantismo con el que este proyecto de acuerdo se está negociando, dándole publicidad en los medios a su alcance y favoreciendo y fomentando la información a la ciudadanía sobre el CETA, bien con campañas específicas o en la actividad pública ordinaria del Parlamento”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra advierte sobre la importancia de “garantizar que el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano”, para lo cual se antoja fundamental que “cumpla con las normas y pactos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, laborales, sociales y de protección ambiental”, rechazándose la inclusión de “cualquier cláusula de arbitraje privado que menoscabe el respeto de las soberanías nacionales y regionales”.

A ese respecto, se denuncia la consignación de un mecanismo de Resolución de Conflictos entre inversores y Estados que permite que corporaciones, grandes empresas y grupos financieros puedan recurrir a tribunales privados de arbitraje que “amenazan la soberanía y competencias nacionales y regionales (incluidos sus respectivos parlamentos), comprometiendo el interés general en materias tan sensibles como derechos sindicales, salario mínimo, protección de la salud, promoción de la agricultura, ganadería y alimentación local, o lucha contra la contaminación”.

Los proponentes estiman que dicho mecanismo resulta “totalmente innecesario, dado que la Unión Europea y Canadá cuentan con marcos jurídicos propios y competentes para cumplir esa función”.

Por otra parte, también se ponen en cuestión las regulaciones transversales relativas a los principios básicos de acceso a los mercados y no discriminación, cuyo fin sería “obstaculizar el derecho a incluir cláusulas sociales y ambientales, así como dificultar el fomento de las pequeñas y medianas empresas y de la economía local en la contratación pública”, cuestión que esperan “afrontar en la próxima Ley de Contratación Pública de Navarra”.

Finalmente, se previene sobre las consecuencias que, tanto a nivel de “bienestar” como de “fraude o evasión fiscal”, pudiera acarrear la “desregulación de los servicios financieros” y se llama a entablar un “amplio debate democrático, con el concurso de los parlamentos nacionales y regionales, en torno a la ratificación o no” de dicho Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA).

A la sesión, presidida por Isabel Aranburu (G.P. Geroa Bai), han asistido, además, Maribel García Malo, Sánchez de Muniáin, Carmen Segura, Luis Zarraluqui (G.P. UPN), Unai Hualde (G.P. Geroa Bai), Adolfo Araiz, Arantza Izurdiaga (G.P. EH Bildu), Laura Pérez, Rubén Velasco (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Guzmán Garmendia, Ainhoa Unzu (G.P. PSN), Ana Beltrán (G.P. PPN) y José Miguel Nuin (G.P. Izquierda-Ezkerra).

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la enmienda (BOPN, nº 115, de 07-10-2016)