El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “vincular la necesaria política de consolidación y distribución de recursos humanos, materiales y económicos del Departamento de Educación, a las necesidades del alumnado, los centros, los barrios y las zonas”.

A tal objeto, se deberán “aportar recursos adicionales a los centros en función de las características socioeconómicas de la zona en que estén situados y del tipo de familia del alumnado que lo componen”.

A su vez, se tendrá que “reformar y garantizar la solidez de las plantillas docentes y los apoyos no docentes implicados en el proyecto educativo, reducir las ratios en los centros de alta complejidad y en los centros de las zonas socioeconómicamente más desfavorecidas en los que sea necesario”.

Del mismo modo, habrá que “asegurar los mecanismos para garantizar una escolarización equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas entre todos los centros financiados con recursos públicos”. Este epígrafe ha prosperado con la abstención del PPN y el respaldo del resto.

Asimismo, se considera imprescindible “elaborar y facilitar la elaboración y publicación de datos, indicadores, estudios y evaluaciones periódicas sobre la situación del alumnado socialmente desfavorecido y los centros educativos”.

Igualmente, se aboga por “la formación en un modelo inclusivo y para un modelo inclusivo, por medio de planes de formación específicos iniciales y permanentes para los docentes dotados de financiación específica”.

Y se demanda el “fomento de la participación activa de los progenitores o tutores del alumnado con necesidades educativas especiales en la evaluación de sus necesidades educativas y en la elaboración, aplicación, revisión y evaluación de las medidas educativas establecidas en cada caso”.

En ese marco, se solicita la aprobación de un “reglamento orgánico para los centros públicos de Educación Especial en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra”.

Finalmente, se exhorta a “proporcionar los espacios educativos públicos suficientes para atender a toda la demanda de escolarización en los centros escolares públicos”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. PSN llama a la Administración a “adoptar cuantas medidas tendentes a asegurar una equilibrada distribución del alumnado se requieran para, en aras a la igualdad efectiva de oportunidades, evitar la concentración del estudiantado desfavorecido en los centros públicos”.

El proponente entiende que “todos los centros sostenidos con fondos públicos deben asumir su responsabilidad social, a fin de evitar la fragmentación social y garantizar una escuela de calidad para todos, también para el alumnado con necesidades educativas especiales, que ha crecido de forma significativa”.

En ese contexto y tras subrayar el “déficit de instrumentos de compensación, especialmente acusado en gran parte de la zona rural”, se emplaza a procurar un “equilibrio entre los principios básicos de inclusión y normalización, de modo que la respuesta educativa se ajuste a las necesidades del alumnado”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 125, de 28-10-2016)