Se insta a las Cortes Generales a modificar de manera urgente la calificación del delito de terrorismo
Se cuestiona, por “desproporcionada”, la atribución del delito de terrorismo a los nueve jóvenes de Alsasua y se aboga por “recomponer el estado de normalidad penal”
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, e I-E, y los votos en contra de UPN , PSN y PPN, una resolución por la que se insta a las Cortes Generales a “emprender de manera urgente la modificación del artículo 573 del Código Penal y la calificación del delito de terrorismo introducida a través de la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto, en el que, a su vez, se acuerda “remitir la presente resolución a la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado, para su remisión a los grupos parlamentarios de ambas cámaras”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por los G.P Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu y la A.P.F. Izquierda-Ezkerra aboga por “recomponer el estado de normalidad penal para, retomando las garantías y mínimos que en esta materia constituyen los estándares básicos de un sistema de derechos y libertades, contribuir a la normalización de la convivencia en todo lo que tiene que ver con la prácticamente extinta organización terrorista ETA”.
En ese contexto y a propósito del sumario incoado contra los nueve jóvenes de Alsasua-Altsasu identificados como presuntos agresores de dos guardias civiles el pasado mes de octubre, se cuestiona, por “desproporcionada”, la atribución del delito de terrorismo y se descalifica, por “falta de concreción”, la modificación del tipo penal de terrorismo introducida en el artículo 573 del Código Penal a través de la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo.
A decir de los proponentes, los “límites difusos que se aplican al concepto de terrorismo y la ausencia de jurisprudencia” abundan en lo que ha sido una espiral de “prácticas interpretativas y cambios legales de carácter excepcional en la lucha contra el terrorismo, algo que, con ETA inactiva desde hace más de cinco años, entienden especialmente anacrónico.
A modo de colofón y “sin ánimo de minimizar los hechos imputados ni la debida solidaridad con las víctimas”, se alude a las “numerosas, plurales y solventes voces del mundo jurídico que refutan la tipificación de unos hechos que en condiciones normales serían constitutivos de una sanción penal común”, y se recuerda el compromiso de las cuatro fuerzas que sostienen al Gobierno con el “impulso de iniciativas tendentes a acabar con las medidas penales y penitenciarias de excepción”.
En el turno de portavoces, Unai Hualde (Geroa Bai) ha considerado oportuno abrir este debate ahora que no hay una mayoría absoluta del PP y es "matemáticamente posible revertir los excesos de la pasada legislatura , un período oscuro y negro, con retrocesos en libertades”.
La ley, ha detallado, habla de "terrorismo" con unos "límites difusos", por lo que puede haber terrorismo sin una organización activa detrás cuando se considere por el juzgador que existe una conducta dirigida a atemorizar a una parte de la población o a producir una grave alteración de la paz pública.
Tras señalar que numerosas personalidades han cuestionado esos cambios legales, ha apuntado que hay razones de peso para propiciar este debate desde Navarra, donde hay una mayoría progresista.
Ha agregado que, además, en la Comunidad foral se viven de "primera mano las consecuencias derivadas de la injusticia de ese artículo y el ejemplo está en Altsasu, a 50 kilómetros de este Parlamento".
Y es que esta legislación ha posibilitado que se atribuya delito de terrorismo a los jóvenes de Alsasua identificados como presuntos agresores de dos guardias civiles el pasado mes de octubre en un bar de esa localidad, una acción "rechazable por la mayoría de esta Cámara", ha reconocido, pero que, ha aseverado, "no es terrorismo".
En este sentido ha remarcado que en "cualquier otro lugar del Estado", en Seseña o Plasencia, conllevan "una sanción penal común por lesiones o atentado a la autoridad" y aquí se habla de penas de hasta 15 años de cárcel.
"No se está blanqueando nada, ni se trata de falta de solidaridad con las víctimas, hay que alzar la voz para que no se produzcan situaciones tan flagrantes de vulneración del principio de proporcionalidad", ha concluido Hualde.
Bakartxo Ruiz (EH Bildu), tras solidarizarse con los jóvenes y pedir su libertad, ha considerado una "aberración" que una "bronca en un bar" se trate como delito de terrorismo. "No todo vale en un estado de derecho",.
Rubén Velasco (Podemos) no ha augurado un futuro esperanzador a esta moción, ya que recientemente se presentó en el Congreso una iniciativa similar que no prosperó. Ha denunciado que los recortes de libertades del PP suponen una nueva "vuelta de tuerca con el terrorismo yihadista" y ha cuestionado la actuación judicial en el "incidente tabernario" de Alsasua.
José Miguel Nuin (Izquierda-Ezkerra), ha considerado necesario corregir ese "disparate jurídico", que "sitúa al sistema penal español en márgenes de excepción y abuso. No es un Código Penal democrático".
Iñaki Iriarte (UPN), quien se ha remitido a lo que digan los jueces respecto a los citados jóvenes, ha apuntado que hay legislaciones internacionales que no cuestionan que pueda existir terrorismo en ausencia de organización activa y ha opinado que esta iniciativa responde a la pretensión de EH Bildu de que no se castigue a quienes agredieron a cuatro personas en Alsasua.
Inmaculada Jurío (PSN) ha pedido que no se interfiera en los procesos judiciales y ha manifestado que su partido apoyó esta reforma porque "el PSOE tiene sentido de Estado" y en ese momento había que responder al terrorismo yihadista.
Ana Beltrán (PPN) ha arguido que el artículo que se quiere modificar no es difuso, sino "bien claro", ha criticado que se ponga en tela de juicio el criterio de la jueza Audiencia Nacional y ha asegurado que la "agresión brutal" de Alsasua se debió a la condición de guardias civiles y tenía como objeto "sembrar odio y miedo".