El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y los votos a favor de UPN, PSN y PPN, una moción para que la Cámara mostrase su apoyo al pacto antiyihadista, “en todos sus puntos”, dado que su objetivo es “afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, en todos sus puntos”.

En ese sentido, se hacía alusión a la necesidad de “promover la modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, a través de una proposición de ley orgánica. La modificación del Código Penal que esta proposición recoge tipificará los delitos de terrorismo, con independencia de que se realicen o no en el seno de un grupo u organización terrorista, atendiendo a la finalidad con que se cometen, y cuyo elemento común es la provocación de un estado de terror en la población. Tipificará, así, como delito de terrorismo, el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella”.

A su vez, se abogaba por “contemplar las conductas propias de las nuevas formas de terrorismo, especialmente en aspectos como la captación y el adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo, el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información a estos efectos, la financiación de organizaciones terroristas y las distintas formas de colaboración activa con ellas”.

Del mismo modo, se llamaba a “acordar que, tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal”.

Asimismo, se demandaba el “impulso de las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo. En este sentido, las modificaciones a incorporar en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal han de permitir fortalecer las garantías de los derechos y libertades de la ciudadanía y la eficacia probatoria de las investigaciones frente al terrorismo”.

En ese contexto, para “mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo”, se conminaba a “honrar con la dignidad debida su memoria y promover el testimonio de gratitud del que seremos siempre deudores. Asegurar el reconocimiento que merecen las víctimas y su entorno, así como el apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas”.

En esa línea, se pretendía “garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia”. Asimismo, se apostaba por “seguir promoviendo la especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia para la mejor prevención, persecución y castigo de estos delitos”.

A tal objeto, se proyectaba la “puesta en marcha políticas activas eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación, motivadas por la intolerancia respecto a distintas opiniones, creencias o confesiones religiosas”.

Por todo ello, se exhortaba a “promover en el seno de la Unión Europea y en las instituciones internacionales la adopción de políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal contra el terrorismo, participando activamente en los foros internacionales y poniendo, para ello, en valor el papel de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

También se apostaba por fomentar “en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el presente Acuerdo, con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria”.

La A.P.F. I-E ha presentado una enmienda de adición, no aceptada por el PPN, titular de la iniciativa, tendente a incorporar a la lucha contra el yihadismo la “necesidad de actuar enérgicamente ante aquellos países que lo financian o lo apoyan financiando y difundiendo una interpretación del Islam incompatible con los Derechos Humanos y la Paz”. Se agregaba la solicitud de “suspensión de relaciones políticas, militares y comerciales con países que, como Arabia Saudí y Qatar, realizan dichas prácticas”.

Tampoco ha sido tenida en cuenta una enmienda de modificación de Podemos-Ahal Dugu que, haciendo suyos “algunos puntos” del pacto antiyihadista, abogaba por generar un “consenso más amplio”, dando cabida en la agenda a cuestiones vinculadas a la “captación, adoctrinamiento, financiación y abastecimiento logístico del ISIS”, todo ello sin olvidar la perentoria necesidad de “acabar con la guerra en Siria e Irak”.

En la exposición de motivos, la moción impulsada por el G.P. UPN requería “unidad con convencimiento, sin fisuras ni equidistancias, para afrontar la lucha contra la amenaza yihadista, un reto de carácter internacional que, a nivel nacional, encontró acomodo en el Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, un texto rubricado en febrero de 2015 y más conocido como pacto antiyihadista.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la moción (BOPN, n.º 110, de 08-09-2017)