El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y las abstenciones de UPN y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “a modificar el Código Penal, de modo que el mismo refleje que las relaciones sexuales sin consentimiento son agresiones sexuales, es decir, violaciones”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo central a “garantizar una efectiva formación y especialización en violencia de género de todas las y los profesionales que trabajan en el ámbito judicial (personas magistradas, fiscales, policías, abogadas y forenses), tal y como recoge el Pacto en materia de Violencia de Género, aprobado por el Congreso en septiembre de 2017, y el Informe Cedaw Sombra 2017”. Este epígrafe ha sido agregado a instancias de Podemos-Ahal Dugu, cuya enmienda in voce de adición ha sido aceptada por Geroa Bai, titular de la iniciativa. Ha prosperado por unanimidad, como el resto del texto.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de España a “garantizar una efectiva formación y especialización en violencia de género de los profesionales que trabajan en el ámbito judicial, tal y como recoge el Pacto en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso en septiembre de 2017”.

Asimismo, se compele al Ejecutivo central a “apoyar la Proposición de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, propuesta por el Grupo Socialista en el Congreso”. Estos dos últimos puntos han sido agregados a propuesta del PSN, cuya enmienda de adición ha sido admitida por Geroa Bai”.

No ha sido aceptada, sin embargo, la enmienda de sustitución planteada por UPN al primer punto, tendente a solicitar al Ejecutivo de Madrid la “tramitación ante las Cortes Generales de una modificación de la Ley que regula el Código Penal, con el fin de adecuar a la realidad social aquellos artículos referidos a agresiones o abusos sexuales”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Geroa Bai aboga por acabar con el mensaje de “impunidad” que los ordenamientos jurídicos de 24 de los 33 países europeos envían a las mujeres, “al no equiparar ausencia de consentimiento con violación, a pesar de que el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), considerado el marco jurídico más completo en la materia, obliga a los países firmantes (más de 20) a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin permiso”.

Al hilo de lo apuntado, se advierte sobre la situación de “bloqueo, de parálisis involuntaria que, a modo de respuesta fisiológica y psicológica, conduce a la inmovilidad a un gran número de mujeres supervivientes de violación” (hasta el 70%, según un estudio realizado en Suecia), y se reitera la necesidad de “armonizar la legislación conforme a lo recogido en las normas internacionales”.

En ese contexto, se previene sobre la “gran influencia que aún tiene la ideología patriarcal” y, a ese respecto, se remite a los resultados de la encuesta sobre violencia de género que la Comisión Europea realizó en 2016, donde “casi un tercio de los sondeados cree que la relación sexual sin consentimiento pudiera estar justificada “en determinadas circunstancias”, tales como “la influencia de alcohol o drogas, el acompañamiento voluntario a casa de la víctima, su vestimenta o la no resistencia activa”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 59, de 08-05-2018)