El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, Patxi Vera, ha presentado hoy ante el Pleno el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2021, un dossier que contempla 3.547 actuaciones, 154 más que en 2020, lo que supone un aumento del 4,54 %.

 

La labor de supervisión desplegada en 2021 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 128 sugerencias (otras 20 de índole normativo), 287 recomendaciones y 55 recordatorios de deberes legales (en total 490 decisiones). Todo ello fruto de los 6.034 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.923 consultas y presentar 1.408 quejas (han gestionado 1.540, incluidas las pendientes de 2020), el 82% admitidas a trámite. Se han practicado 1.000 investigaciones, 965 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 21 de oficio y 14 a propuestas ciudadanas.

 

Las diez materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, covid-19 (200), educación (128), bienestar social (118), acceso a un empleo público (86), vivienda (83), tráfico y seguridad vial (79), hacienda (74), función pública (73), sanidad (73) y medio ambiente (63).

 

Por lo que se refiere a la primera de las materias, la pandemia causada por la covid-19, de las 200 quejas presentadas 42 se refieren a la vacunación, 24 se relacionan con el certificado digital Covid UE y 21 mostraron su disconformidad con las sanciones impuestas por diferentes cuerpos policiales. 20 quejas versaron sobre educación, 10 se relacionaron con la atención sanitaria y 9 versaron sobre la insuficiencia de ayudas para compensar las afecciones económicas provocadas por la Covid-19.

 

En lo relacionado a vivienda hubo 8 quejas, otras 7 se relacionaban con las limitaciones de los derechos de circulación y reunión de personas y 6 se refirieron a las restricciones de actividades de ocio y deportivas. 5 quejas mostraron su desacuerdo con la obligatoriedad de usar mascarillas en la vía pública y en centros escolares, por considerar injustificada o excesiva la medida.

 

Las dificultades para obtener cita o ser atendido en las oficinas de la Administración han generado diversas quejas (5 extranjería, 4 empleo, 3 Seguridad Social). Cuatro las promovieron consumidores y usuarios y 3 denunciaron las molestias de ruido que ocasionan las terrazas de bares.

 

En segundo lugar, se sitúan las quejas relacionadas con la educación, 128. 45 de ellas fueron sobre la admisión a centros en el segundo ciclo de educación Infantil y en educación Primaria y Secundaria, y 19 quejas se referían a los servicios de transporte y comedor escolar. 10 quejas versaron sobre los estudios universitarios, 8 se refirieron al primer ciclo de educación Infantil y otras 8 se refirieron a la atención dispensada a los alumnos con necesidades educativas especiales.

 

Cinco quejas versaron sobre la convivencia y acoso escolar, otras cinco hacían referencia a las becas y ayudas y cuatro versaron sobre la jornada escolar, de las cuales tres no estaban conformes con el procedimiento seguido para la modificación de la jornada escolar y otra porque el colegio público al que acudían sus hijos no quería realizar una votación de las familias para modificar la jornada.

 

La tercera posición la ocupan las quejas relativas a bienestar social. De las 118 quejas presentadas 30 tienen que ver con la renta garantizada, 10 con la protección de la infancia y la adolescencia y otras 16 con los problemas que padecen las personas con discapacidad. 12 quejas se refirieron al Ingreso Mínimo Vital y otras ayudas, 9 fueron sobre la protección de las personas mayores de edad y 8 estaban relacionadas con la protección de las familias. Se presentaron 7 quejas por la protección de las personas dependientes, cinco por el modo de gestionar la tutela de las personas incapacitadas que realiza la Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas, 3 se referían al colectivo de personas LGTBI+ y 9 personas mostraban su disconformidad con el trato recibido por los servicios sociales.

 

La cuarta posición la ocupó la materia clasificada como “acceso a un empleo público”, con 86 quejas, la mayoría de las cuales se localiza en la Administración de la Comunidad Foral. Sobresalen las relacionadas con la exigencia del título de Licenciado o Graduado en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía para el acceso a plazas de Titulado Superior Empleo adscritas al SNE, y con la exigencia de presentación del título o Bachillerato a quienes se encuentran incluidos en las listas para la contratación temporal resultantes de la convocatoria para acceder a puestos de auxiliar administrativo, cuando en esta solo se exigió el título de graduado escolar para participar.

 

Además, un colectivo presentó una queja por la situación del personal temporal que presta servicios en las Administraciones públicas de Navarra. Solicitaba medidas que garantizasen la estabilidad en el empleo, que acabasen con la temporalidad prolongada y con el uso abusivo de los contratos de trabajo de duración determinada, considerando que dicha solicitud viene avalada por la jurisprudencia comunitaria habida al respecto.

 

En quinto término se sitúan las quejas referentes a vivienda (83), donde las impugnaciones (39) se refieren principalmente a la falta de adjudicación de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, fruto de la escasez del parque de alquiler, circunstancia admitida por el Departamento competente en la materia con ocasión del análisis de las quejas o actuaciones de oficio tramitadas por la oficina del Defensor del Pueblo.

 

12 quejas guardan relación con las ayudas públicas a la compra y arrendamiento de vivienda, 8 estaban relacionadas con el censo de solicitante de viviendas protegidas, tres personas formularon quejas por la denegación de la renovación de la cédula de habitabilidad de sus viviendas y otras seis quejas hacían referencia a defectos constructivos de viviendas protegidas.

 

La sexta materia objeto de quejas es tráfico y seguridad vial (79), donde se ponen en solfa cuestiones que afectan a la ordenación del tráfico y la seguridad vial (14), además de sanciones y actuaciones de la grúa (48). 11 quejas versaron sobre permisos y autorizaciones y 5 hacen referencia al estacionamiento para personas con discapacidad.

 

En séptimo lugar figuran las quejas relativas a la materia de hacienda (74). Por lo que atañe a la Hacienda Foral de Navarra, son mayoría las quejas que versan sobre el IRPF. Destacan las cuatro presentadas por ciudadanos a los que se les le ha denegado el servicio de atención presencial para la realización de la declaración del IRPF, por haber realizado en 2020 transmisiones de acciones u otros valores mobiliarios cuyo valor supera los 10.000 euros o disponer de ellos de una placa solar y ser estas consideradas como actividad empresarial.

 

En cuanto a las haciendas locales de Navarra, se han seguido presentando quejas por la disconformidad con las liquidaciones del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, giradas por ayuntamientos en los casos en que se aprecia que no ha habido un incremento del valor del terreno. Otras tres quejas se presentaron porque el Departamento de Cohesión Territorial no consideraba a Villava-Atarrabia como municipio afectado de las inundaciones acaecidas el 13 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, el ayuntamiento de esta localidad les había denegado la exención del pago de la contribución territorial de 2019.

 

En octava posición se ubican las quejas sobre la función pública (73). 12 quejas lo fueron por cuestiones sobre la jornada, vacaciones, licencias y permisos, la mayoría por denegación de solicitudes, 20 quejas se relacionaron con las retribuciones de los empleados púbicos, otras diez quejas hacían referencia a la provisión de puestos de trabajo y 7 quejas estaban relacionadas con el acoso laboral.

 

En noveno lugar se sitúa sanidad (73), donde la mayoría de las quejas tienen que ver con las listas de espera, sobre todo en traumatología, rehabilitación y oftalmología. Otras 18 quejas mostraron la disconformidad con la concreta atención sanitaria y clínica recibida en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, cinco hacían referencia al derecho a la atención sanitaria, tres a las prestaciones sanitarias y reintegro de gastos, otras tres mostraron su disconformidad con determinados aspectos del servicio de transporte sanitario y dos quejas versaron sobre la falta de atención en salud mental.

 

La décima posición la ocupa la materia de medio ambiente (63), donde siguen predominando las quejas inherentes a ruidos por actividades de diversa índole (33 de 63), en especial los que provienen de servicio de recogida de basuras en horario nocturno, negocios de hostelería, paradas de autobuses urbanos, ladridos de perros u obras. Otras seis quejas están relacionadas con licencias de actividades clasificadas, bien por denegación de licencias, bien por falta de inspección, bien por otros motivos. La denegación o la demora en facilitar la información ambiental está presente también entre las reclamaciones (6), al igual que la recogida de residuos (6), objeto de controversia por razón de ubicación, acumulación o ruido, en este caso del servicio nocturno de recogida de basuras.

 

El mayor número de las quejas presentadas en 2021 se formuló en relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo sus organismos públicos y sus sociedades públicas. Se presentaron 711 quejas, que representan el 50,5% del total.

 

Dirigidas a las distintas entidades locales y sus entes dependientes se registraron 372 quejas, que representan el 26,4% del total.

 

Le siguen las alusivas a la actuación conjunta de la Administración de la Comunidad Foral y de alguna entidad local, terreno en el que se localizan 91 quejas.

 

Las quejas referidas a la Administración del Estado ascienden a 167, lo que supone un 11,9 % del global.

 

En cuanto al medio utilizado para la interposición de las quejas, la principal vía es ya la telemática (76%), bien por correo electrónico, bien a través de los formularios de la web de la institución. En segundo lugar, están las quejas presenciales (22%), seguidas de las dirigidas por correo ordinario (2%).

 

Tras el estudio de las quejas se han dictado 396 resoluciones, lo cual supone un ascenso de 80 respecto a 2020. El grado de aceptación de las decisiones del Defensor por parte de las Administraciones Públicas alcanza el 52,3%, algo por debajo del ejercicio anterior (57,1%).

 

Entre las administraciones públicas que no satisfacieron plenamente el deber de colaboración con la institución se citan, entre otras, el Departamento de desarrollo Rural y Medio Ambiente, el de Políticas Migratorias y Justicia, Cultura y Deporte, Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Derechos Sociales y Salud. Como menos receptivos, aparecen por este orden, de menos a más, los departamentos de Economía y Hacienda; Desarrollo Económico y Empresarial; Educación; Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos y Cohesión Territorial.

 

Por su parte, las entidades locales más receptivas a aceptar las resoluciones del Defensor del Pueblo de Navarra fueron el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y los ayuntamientos de Barañáin/Barañain, Aranguren, Cendea de Cizur, Torres del Rio y Villava/Atarrabia. Las menos receptivas han sido los ayuntamientos de Burlada/Burlata, Valle de Egüés/Eguesibar, Ansoáin/Antsoain y Tudela.

 

El 1 de octubre de 2021 entró en vigor el artículo 29 bis de la Ley Foral del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, que estableció la posibilidad de imponer multas coercitivas de 1.500 euros a las Administraciones o entidades responsables, que, pese a los reiterados requerimientos efectuados, no remitieran, como es su deber, la información o documentación o requerida o no respondieran a sus resoluciones, con menoscabo de la función de supervisión de esta institución creada para velar por los derechos de los ciudadanos.

 

Durante el año 2021 el Defensor del Pueblo de Navarra dictó tres resoluciones por las que iniciaba el procedimiento para la imposición de una primera multa coercitiva a las siguientes administraciones en el caso de que no remitieran la información o respuesta preceptiva en un nuevo plazo que se les daba 10 días hábiles: Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Ayuntamiento de Corella y Mancomunidad de Mairaga. No obstante, las citadas administraciones procedieron finalmente al cumplimiento de sus deberes legales dentro de dicho plazo, por lo que no fue necesaria la imposición de ninguna multa coercitiva.

 

Como administraciones públicas que se retrasaron excesivamente en la remisión de información o en la respuesta a las recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales, se mencionan las siguientes: Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Ayuntamiento de Corella, Ayuntamiento de Navascués/Nabaskoze, Ayuntamiento de Aranguren, Ayuntamiento de Torres del Río, Mancomunidad de Mairaga.

 

Como puede observarse, únicamente son seis las Administraciones que se demoraron en exceso en colaborar con el Defensor del Pueblo de Navarra, cifra ostensiblemente menor a la de años anteriores.

 

En cuanto a las consultas (1.923), han predominado las consultas en materia de bienestar social. En su conjunto, la pobreza y la exclusión social, en la que se enmarcan las atenciones relacionadas con la renta garantizada, la protección de menores y de las personas con discapacidad, son las cuestiones sobre las que más consultas se han recibido en esta materia.

 

Le siguen las consultas sobre la covid-19. El mayor número de consultas se refiere a sanciones impuestas a ciudadanos por infracciones graves de las restricciones de la movilidad. La vacunación frente a la Covid-19 y las dificultades para solicitar cita ha suscitado en la ciudadanía diversas consultas. En materia sanitaria, predominaron las consultas sobre la imposibilidad de contactar telefónicamente con los centros de salud y sobre la actuación de los rastreadores. La implantación del certificado digital Covid-19, su exigibilidad y los requisitos para acceder al mismo también han suscitaron diversas consultas.

 

En vivienda, se presentaron consultas por la rescisión de contratos de alquiler durante la crisis sanitaria y la posibilidad de suspender o prorrogar los lanzamientos forzosos de las viviendas. En relación a las ayudas previstas para compensar las afecciones económicas provocadas por la Covid-19, se consultó acerca de la demora en su concesión y la falta de inclusión de determinados sectores. Las cuestiones laborales también fueron objeto de consulta, como la demora o denegación de la prestación por ERTE o el retraso en las citas para ser atendidos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La demora en la citación de la asistencia presencial en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social para tramitar diversas pensiones, así como las dificultades para contactar telefónicamente con dicho organismo, suscitó en los ciudadanos y ciudadanas varias dudas.

 

En tercer lugar figuran las consultas sobre vivienda, donde destacaron las relacionadas con la dificultad existente en el acceso a la vivienda, los procesos de adjudicación de viviendas de protección oficial, las ayudas para acceder a una vivienda de protección oficial, las referidas a defectos constructivos existentes en las viviendas de protección oficial, la existencia de problemas de convivencia entre vecinos, los requerimientos de abandonar viviendas y desahucios y la cédula de habitabilidad.

 

Asimismo, el Defensor del Pueblo de Navarra compareció en el Parlamento de Navarra en cinco ocasiones, la primera con motivo de la propuesta de modificación del artículo 20.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de Navarra, en relación al Servicio de Mediación. La segunda por la queja planteada por un médico del SNS-Osasunbidea, por su situación personal, laboral y profesional en que se encontraba tras haber denunciado unos hechos que consideraba de extrema gravedad, acaecidos en el Complejo Hospitalario de Navarra. La tercera fue por la petición de un colectivo de padres y madres del alumnado no admitido en el colegio San Francisco de Javier de Tudela, y la cuarta y la quinta fueron la exposición oral del resumen del Informe Anual correspondiente al año 2020 ante la Comisión de Régimen Foral y el Pleno del Parlamento de Navarra.

 

Por otra parte, se han recibido 15 propuestas ciudadanas de mejora (son ya 344 desde que se puso en marcha esta iniciativa en 2008), referidas a servicios públicos (4), acceso a un empleo público (4), sanidad (2), bienestar social (1), funcionamiento de las entidades locales (1), Covid-19 (1), justicia (1) y vivienda (1).

 

De las diecisiete propuestas gestionadas (las quince presentadas en 2021 y dos pendientes de 2020), una se trasladó al Defensor del Pueblo de España. Dos no se trasladaron a ninguna administración por no contener una pretensión concreta. De las catorce restantes, seis se consideraron directamente aceptadas, otras seis se consideraron no aceptadas, y otras dos dieron lugar a la formulación de dos sugerencias (una de ellas normativa), siendo una aceptada por la administración y la otra no.

 

En cuanto a la valoración de la situación de la infancia y la adolescencia, los datos recabados ponen de manifiesto ‑de acuerdo con la tendencia de los últimos años‑ una mejora del sistema de protección de menores. En tal sentido, si se considera un periodo de diez años 2011-2021, se comprueba que la cifra de menores atendidos crece en más de un 100% y que también son relevantes los incrementos en indicadores tales como el de menores en situaciones de guarda o de menores tutelados.

 

Como aspecto destacable en el plano normativo, durante el ejercicio, se ha elaborado un anteproyecto de ley foral de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad, con la vocación de que, una vez aprobada por el Parlamento de Navarra, sustituya a la vigente Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre.

 

Por otro lado, tras un año 2019 que se caracterizó por un elevado impacto sobre el sistema de protección de la llegada y atención a menores extranjeros no acompañados, y por la habilitación de recursos específicos para tal atención, se aprecia, tanto en 2020 como en 2021, una estabilización en cuanto a la presencia de estos menores, dentro de una fase en que, continuando la necesidad de protección, la atención se va a canalizar a través de los recursos ordinarios del sistema.

 

El número de menores atendidos en 2021 asciende a 2.346. La cifra es superior a la del año 2020 (2.243), y sigue la tendencia al alza que se aprecia, en términos generales, en los años precedentes (1.744 menores en 2018, 1.705 menores en 2017, 1.446 menores en 2016, 1.413 menores en 2015 y 2014, 1.267 menores en 2013 y 1.206 menores en 2012).

Se concluye que las cifras de menores atendidos por el sistema de protección y, en particular, la tendencia de crecimiento que se aprecia en la serie de datos que se ofrecen, continúan ratificando la conveniencia de dotar de suficientes medios a los órganos administrativos y equipos de intervención actuantes.

 

En términos generales, se aprecian ascensos en las cifras de declaraciones de menores en desamparo (227 frente a los 197 de 2020), tutelados (549/512) y en situación de guarda (1.108/1.081).

 

Por último, se hace constar que el Defensor del Pueblo participó en diez sesiones del Consejo de Transparencia de Navarra y fue ponente de diecinueve de los acuerdos adoptados por este órgano, concebido para garantizar el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, así como para velar por el cumplimiento de las obligaciones legales de publicidad activa en lo que atañe a las administraciones y entidades de Navarra.

 

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra.