Se insta al Gobierno de Navarra a seguir financiando el convenio sectorial de acción e intervención social
Ante el riesgo de nulidad por defecto de forma, se defienden las mejoras introducidas en la regulación de las condiciones laborales del personal que atiende prestaciones garantizadas
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu (I-E ausente) y el voto en contra de Navarra Suma, una resolución por la que la Cámara “considera necesaria la regulación laboral, sin entrar en los hechos jurídicos discutidos, para este sector esencial y para ello considera necesario que las plantillas tengan un convenio propio que aporte calidad y estabilidad a las relaciones laborales y servicios que se prestan a la ciudadanía en situación de riesgo o vulnerabilidad social”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Gobierno de Navarra a “comprometerse públicamente a seguir financiando las partidas presupuestarias derivadas del convenio, aun en el caso de que se dicte judicialmente la nulidad de este”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Ejecutivo Foral a que, “en el caso de que este fuese declarado nulo, se comprometa a ser agente activo y a financiar, igual que ha hecho hasta ahora y en los mismos términos, la negociación de un nuevo convenio”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. EH Bildu advierte del riesgo de “nulidad por defecto de forma” que, tras la impugnación formulada por una patronal estatal, pesa sobre el convenio colectivo sectorial de acción e intervención social de Navarra y, a ese respecto, previene sobre el “retroceso” que supondría la paralización del acuerdo, a decir del proponente una “intromisión” en las decisiones que se toman aquí.
Así, a la espera del fallo del juicio celebrado el 28 de septiembre en la Audiencia Provincial, se defienden las “mejoras introducidas en la regulación de las condiciones laborales de las plantillas de los servicios de atención a personas en situación de vulnerabilidad social que, tras varios años de negociación, se concretaron en el primer convenio colectivo del ramo, firmado el 8 de enero de 2021”.
A ese respecto, se constata que la mayoría de los servicios que se ofrecen en el ámbito socio-comunitario son “contratados, concertados o subvencionados por el Gobierno de Navarra o por ayuntamientos”. La mayoría de estos servicios, según se precisa, son prestaciones garantizadas de la Cartera de Derechos Sociales de Gobierno.
• Publicación de la moción (BOPN, nº109, de 04-10-2022)