El Parlamento de Navarra acoge la presentación del Informe Anual del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Unai Hualde reivindica las políticas de acogida y atención humanitaria, frente al impacto de las formaciones de ultraderecha, que se posicionan y legislan contra la población migrante
El Parlamento de Navarra ha acogido hoy, con motivo del Día Mundial de las personas refugiadas, la presentación del Informe Anual del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), un documento que mantiene a España a la cola de la Unión Europea en cuanto a tasa de reconocimiento de asilo (-11%), “muy por debajo de la media comunitaria”.
A ese respecto, el informe da cuenta de una reducción significativa de las solicitudes de asilo (-13,7%) que, según se explica, responde al “refuerzo de los controles migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería”, que no permite computar el tiempo de espera a la resolución de los distintos tipos de arraigo.
CEAR sitúa en ese contexto el primer descenso en una década del número de personas desplazadas a nivel global, 117,5 millones, un 5% menos que en 2024. Se atribuye al “incremento de políticas hostiles de externalización de fronteras y retornos forzosos”, entre las que se incluyen el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado día 12 de junio, y el futuro Reglamento de Retorno, que prevé la detención prolongada o expulsiones a centros de deportación de terceros países sin necesidad de vínculo previo entre la persona y el país.
Según se hace constar, esa reducción del volumen de personas desplazadas “no significa una disminución de las necesidades de protección”, ya que, de hecho, “siguen al alza debido a “conflictos, crisis climáticas, violencia y vulneraciones de derechos en todo el mundo”.
En Navarra, el número de solicitudes de protección internacional en 2025 fue de 1415. Se trata de una evolución alineada con la tendencia estatal, también en los primeros meses de 2026, que tampoco se interpreta en términos de mejora del sistema, sino más bien de “aumento de los obstáculos para ejercer el derecho de asilo. Una brecha entre las necesidades reales y el acceso efectivo a derechos básicos, muchos de competencia autonómica”, se asegura en el informe anual de 2025.
A falta de datos desagregados, del análisis de las resoluciones estatales se deduce, también para Navarra, un predominio de las resoluciones desfavorables (42’5%), un alto peso de las autorizaciones por razones humanitarias (36,8%) y una tasa muy baja de concesión de protección internacional.
Así las cosas, desde CEAR se reclama al Gobierno español “respeto al principio de no devolución, acceso efectivo al procedimiento de asilo y mejora de las tasas de reconocimiento”.
Los delitos de odio, por otra parte, aumentaron un 23,6% en 2025. En Navarra, según el Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia, se registraron 265 casos.
Juan Ruiz Ardila, coordinador territorial de CEAR en Navarra, y Marina Rodríguez Riquero, abogada, han concluido la exposición del Informe Anual relativo a 2025 reivindicando “recursos estables para la atención a la vulnerabilidad” y para ello, han defendido “seguir liderando políticas con enfoque de derechos humanos y de respuesta frente al odio y la discriminación”. Han señalado que el sistema de acogida necesita un “refuerzo estructural ligado al territorio”, que realmente es donde se dan los procesos de inclusión, y “esto implica calidad, coordinación, continuación y nuevos recursos”.
“Los datos que hemos compartido hablan de derechos, hablan de vidas y hablan de decisiones políticas que tienen impacto directo en las personas. Estamos en un momento en el que a nivel europeo y estatal se están redefiniendo los límites del derecho de asilo y, precisamente por eso, el papel de las instituciones es más importante que nunca. Navarra tiene la capacidad de situarse del lado de las soluciones garantizando derechos y fortaleciendo una sociedad más justa y cohesionada. Que el sufrimiento y las barreras de las personas refugiadas no nos sea indiferente, porque la forma en la que respondamos a ello definirá qué sociedad somos”, han concluido.
Previamente, el Presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha sido el encargado de introducir y contextualizar el acto de presentación del Informe Anual de CEAR y lo ha hecho incidiendo en el acusado sentido de la “solidaridad y la responsabilidad” que distingue a Navarra como una “comunidad de acogida. Lo hemos demostrado con ocasión de las distintas crisis migratorias urgentes. Mientras existan personas refugiadas, tendremos que aplicar políticas que favorezcan la acogida, tanto a nivel de Navarra como de Estado. Las instituciones tenemos el deber de trabajar a favor de todos los derechos humanos para todas las personas”, ha corroborado.
En esa línea, Unai Hualde se ha congratulado de existencia de “países y sociedades dispuestas y preparadas para acoger a quienes escapan de conflictos, persecuciones y otras formas de violencia. Esas personas no pueden regresar, porque corren el riesgo de ser perseguidas por su identidad, sus creencias o su discurso. O simplemente porque son territorios sumidos en conflictos armados o graves alteraciones del orden público. Ahí tenemos los casos de Palestina, Líbano, Irán, Ucrania, República Democrática del Congo y otros”, ha precisado el Presidente.
A modo de colofón y como contrapunto a la reivindicación de las políticas de acogida y atención humanitaria, Unai Hualde ha llamado la atención sobre el impacto de los “discursos de las formaciones de ultraderecha, que impulsan y/o promulgan políticas contra la población migrante. No hay más que ver lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, aunque tampoco hay que irse tan lejos, aquí también proliferan” ese tipo de alegatos.
El acto ha continuado con el testimonio de Fadi Radwa, periodista y refugiado palestino, quien ha relatado su experiencia desde que dejó Gaza atrás, señalando que lleva dos años “atrapado entre el miedo y la espera”. Radwa ha subrayado que la cuestión que hoy nos interpela “no es únicamente política, es profundamente humanitaria”, pues “la dignidad humana no puede depender de fronteras, nacionalidades o creencias, los derechos humanos deben protegerse para todos sin excepción”.
Para concluir, Abda Sangare, representante del Comité de Personas Refugiadas (CPR) en Navarra, ha explicado la labor que realizan las 13 personas que conforman el equipo, que tiene como misión “velar y fomentar una activa participación de las personas refugiadas en todos los espacios privados y públicos relacionada con el Asilo y la Migración”.
Sangare ha trasladado las necesidades más urgentes respecto a la situación de las personas refugiadas en Navarra, que pasan por la implantación de un plan personalizado de inclusión (PPI), orientado a favorecer la inclusión social, educativa y profesional en condiciones acordes con sus capacidades o la implantación de cursos de español gratuitos y servicios de mediación intercultural.
Además, el representante del CPR ha incidido en la necesidad de plantear soluciones para mejorar el bienestar y la salud mental de las personas refugiadas, atender las dificultades específicas que atraviesan las personas del colectivo LGTBIQ+, e implantar medidas para atajar el problema de la vivienda y las trabas relativas a la educación y homologación de títulos académicos.
Al acto han asistido, entre otros, Cristina López (G.P. UPN), Úrsula Pardo, Maite Esporrín (G.P. PSN), Eneka Maiz (G.P. EH Bildu), Itxaso Soto (G.P. Geroa Bai) y Carlos Guzmán (G.P. Contigo-Zurekin).