El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e I-E y los votos en contra de UPN, PSN y PPN, el informe de conclusiones elevado por la Comisión de investigación constituida para esclarecer motivos y depurar responsabilidades en torno a la desaparición de la CAN.

 

El documento final, que incluye únicamente las propuestas suscritas por el cuatripartito, imputa la extinción de la entidad financiera al “cambio de modelo de negocio impulsado por Enrique Goñi” y a la “dejación de las funciones de control que correspondían a las instituciones forales”, circunstancias ambas que habrían generado una “pérdida patrimonial del 80%, muy superior a la sufrida por otras entidades del entorno”.

 

El informe final incluye dos votos particulares, uno firmado por UPN y otro por PSN, que coinciden a la hora de destacar el carácter electoralista de la Comisión, y la convicción de que, atendiendo a la realidad económica, Caja Navarra en ningún caso habría podido continuar su actividad en solitario. Los socialistas, no obstante, observan una clara dejación de funciones en la tarea de supervisión de los Gobiernos forales, crítica que desde UPN se rebate apuntando que la fiscalización corrió a cargo del Banco de España.

 

Antes de ratificarse su inclusión como votos particulares, las conclusiones de UPN han sido rechazadas con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PSN e I-E y el respaldo del PPN. Las del PSN, por su parte, han sido desestimadas los votos en contra de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PPN e I-E.

 

Constituida el 27 de abril de 2016 a iniciativa de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, la Comisión de Investigación se ha centrado en determinar si las actuaciones de Caja Navarra, su Corporación Empresarial y el resto de entes vinculados fueron acordes a los principios fundacionales, así como en esclarecer la situación actual del conjunto del patrimonio resultante de la extinción,

 

El informe final concluye que “no existe evidencia, ni desde el punto de financiero ni regulatorio, de que CAN pudiera haber continuado en solitario, de no haber mediado la dejación de la tarea de inspección que correspondía al Gobierno, ni la adopción de decisiones estratégicas que, como la integración de Caja Sol en Banca Cívica o la salida a Bolsa, resultaron fatales para el patrimonio de la CAN”, llegándose a cifrar la pérdida patrimonial en “mil millones de euros”.

 

En relación a la labor de supervisión, se esgrime que “desde 1978 no se llevó a efecto, a pesar de reservarse estatutariamente puestos estratégicos en los órganos de gobierno de la CAN para ejercer esa función”. Es más, “frente a las posturas expresadas por miembros del Gobierno de Navarra, del análisis de los Estatutos de la CAN, de la Lorafna y de los informes de la Cámara de Comptos y de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Navarra se desprende que ese trabajo de vigilancia correspondía al Ejecutivo Foral”.

 

Así, tras repasar la trayectoria de una entidad que, centrada en el negocio bancario tradicional, llegó a 2001 siendo una de las más sólidas del sector, se cuestiona el nombramiento de Enrique Goñi como director General de CAN y pone en solfa el cambio de modelo de negocio “en los años de mayor burbuja inmobiliaria” (multiplicación de oficinas, prejubilaciones, incremento de plantilla), estrategia que, a su entender, acentúo la caída del ratio de solvencia y la dejó a merced de las fusiones impulsadas por el Banco de España.

 

A ese respecto, se apunta que “en ningún acta de la Comisión de Control consta ningún debate sobre las decisiones adoptadas por Enrique Goñi. Pese a que no se ha podido comprobar que sus miembros comprendiesen completamente las implicaciones contables, financieras y de negocio de las operaciones presentadas por Enrique Goñi, continuaron percibiendo remuneraciones en forma de dietas”.

 

Ya con los Estatutos de 2010, “tampoco consta actividad alguna por parte de los integrantes de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras”. El contenido de estas sesiones de “reporte” se trataba nuevamente y de forma íntegra en las sesiones de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF).

 

El voto particular insertado a instancias de UPN defiende que, si bien Caja Navarra “experimentó una mejora en su gestión a partir de 2002, con valoraciones crecientemente positivas por parte del Banco de España, la crisis económica y financiera afectó a sus resultados”.

 

En ese contexto, se alega que su transformación en Fundación bancaria y el hecho de que sea una de las 14 que existen actualmente con esa denominación (de entre las 45 de 2009) “refuerza la conclusión de que su desempeño estuvo por encima de la media de sus semejantes”. Si a eso se añade que “la obra social en Navarra es la más elevada de España en euros/habitante”, cabe colegir que “no existen razones que evidencien una pérdida de capacidad y calidad financiera real para los navarros”.

 

“Como mucho y aunque la Fundación Caja Navarra tiene derecho a un puesto en el Consejo de Administración de Caixabank, cabe asumir que el centro de decisiones ya no está en Navarra, algo que ya era así cuando se constituyó Banca Cívica. La pérdida, por tanto, es puramente sentimental, similar a la que supuso en su día la desaparición de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona”.

 

El voto particular agregado a instancias de PSN sitúa en el plano propagandístico el “único fin de esta Comisión”, empeñada en “alargar hasta la vergüenza sus conclusiones para convertirlas en un arma electoral”.

 

A partir de ahí y tras dejar patente que lo que se investiga son “responsabilidades políticas, nunca de gestión empresarial”, marca distancias con el cuatripartito, que pretende hacer creer lo que no es más que una “quimera, que la CAN hubiera podido subsistir sola o cercana a lo que hoy es Kutxabank”. Y también con UPN, que “justifica todas y cada una de la acciones de gobierno que realizaron los Ejecutivos previos a las fusiones y absorciones”.

 

No obstante, aclara que “el poder de influencia política en las decisiones de gestión eran muy bajas” y precisa que fue la legislación, también la europea, la que obligó en 2010 a las cajas de España a desaparecer. Por tanto, desde el punto de vista legal, la supervivencia de la CAN en solitario era imposible.

 

En ese contexto, imputa una “clara dejación de funciones in-vigilando a los Gobiernos de Navarra, una constante desde que a finales de los 90 se decidió la absorción de Caja Pamplona por parte de Caja Navarra. De hecho, el Departamento de Hacienda no tiene ningún tipo de información respecto a informes de valoración de ninguno de los movimientos que desde 1999 se han venido dando”.

 

En cuanto a la pérdida patrimonial de la CAN, se afirma que “no fue superior a la de otras cajas. Si bien en todo el proceso se observa un deterioro en el valor de Caja Navarra, en ningún caso se podría cuantificar, tal y como sucede con el resto de cajas de España. Lo que quedó de todo ese proceso fue la Fundación Caja Navarra, lo cual da cuenta de lo que ha sido una transformación y no una desaparición.

 

En materia judicial, se enfatiza el archivo de todas las acusaciones elevadas a os tribunales por la asociación Kontuz, y se rehúsa valorar los sueldos de los diferentes ejecutivos, así como las indemnizaciones de despido que se cobraron. En cambios casos no vislumbran “responsabilidad política ni administración desleal”.

 

Y en lo concerniente a las dietas, “legales, tal y como se ha constatado en los órganos judiciales competentes”, se achaca “falta de ética a los responsables del Ejecutivo que cobraron esas retribuciones”.

 

Finalmente, se destaca la capacidad de inversión de la Fundación Caja Navarra, unos 13 millones de euros anuales, “muy por encima del resto de territorios que también vieron cómo sus cajas de ahorro se transformaban en fundaciones bancarias”. Y se constata que la transformación por mandato legal ha supuesto una “merma en sentido de pertenencia y simbología que difícilmente podrá ser suplida”.

 

El informe de conclusiones incluía un tercer voto particular, firmado por Tere Saéz (Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai), que ha sido finalmente retirado a petición de la interesada. En el mismo se instaba a la Hacienda Foral a iniciar de oficio la inspección sobre el impuesto del IRPF que, a su entender, debía haber satisfecho Enrique de Mulder entre los años 2005-2009”, al tener la “certeza de que mientras desarrolló su trabajo en Viálogos Capital Humano estuvo residiendo en Navarra”.

 

Bajo la presidencia de Unai Hualde (G.P. Geroa Bai), la Comisión de Investigación ha estado integrada por Luis Casado, Luis Zarraluqui (G.P. UPN), Koldo Martínez (G.P. Geroa Bai), Adolfo Araiz, Arantza Izurdiaga (G.P. EH Bildu), Fanny Carrillo, Tere Sáez (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Guzmán Garmendia, Inma Jurío (G.P. PSN), Ana Beltrán (A.P.F. PPN) y Marisa de Simón (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).

 

En el curso de sus trabajos, la Comisión de Investigación ha recabado testimonios, valoraciones y propuestas de diferentes entidades, expertos y altos cargos. En sus casi tres años de actividad ha realizado numerosas sesiones, la primera el 20 de mayo de 2016 y la última en enero de ese mismo año.

 

Las conclusiones aprobadas por el Pleno, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento y comunicadas a la Diputación Foral, sin perjuicio de que la Mesa del Parlamento dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

 

Las Comisiones de Investigación se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura.