Publicada el Viernes, 4 de Noviembre de 2022

Hitzorduak lleva hasta el Parlamento los testimonios de dos víctimas de ETA, Rosa Lluch y Mari Carmen Hernández, y otras dos de la tortura, Mikel Soto y Alberto Goñi

Unai Hualde apela a la empatía y al deseo de conocer para construir un futuro con memoria y garantías de no repetición, basado en los derechos humanos y la pluralidad política

El Parlamento de Navarra ha acogido esta tarde la cuarta edición de Hitzorduak, una sesión de carácter ciudadano que, promovida por el Foro Social Permanente, quiere contribuir a reforzar la convivencia como paso intermedio hacia la “consolidación de una paz justa y duradera”. En este caso, el ejercicio de escucha ha girado alrededor de una mesa redonda entre dos víctimas de ETA, Rosa Lluch y Mari Carmen Hernández, y otras dos de la tortura, Mikel Soto y Alberto Goñi.

 

El acto de apertura ha corrido a cargo de Unai Hualde, quien, a propósito del sentido de la reunión, Escuchar para construir la convivencia, ha subrayado la necesidad de seguir “facilitando espacios de encuentro para, desde la empatía y el deseo de conocer, construir un futuro basado en la defensa de los derechos humanos y la pluralidad política. Hablamos de la no repetición, de la dignidad de la persona, de una sociedad anclada en la no violencia y, por tanto, con memoria”.

 

Al hilo de lo apuntado y en su afán de “dar continuidad a los pasos emprendidos a partir de 2015”, el Presidente ha apelado a la “generosidad” de los ponentes que, sin temor a “compartir momentos ciertamente duros de su vida, nos empujan a atender el derecho a la reparación y la justicia que asiste a todas las personas damnificadas, ya sean víctimas de ETA o de la tortura, a estos, tal y como demanda la Red que los representa en Navarra, a partir de una investigación independiente”.

 

A tal objeto, con el ánimo de “sacar a la luz todas las violencias y hacer camino hacia la paz”, Unai Hualde ha aludido al “compromiso institucional” que rige desde la pasada legislatura para poner en valor el trabajo realizado desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y desde el propio Parlamento, donde, prueba de su responsabilidad e interés, “se han aprobado pronunciamientos políticos de distinto signo, siempre en contra de la violencia”.

 

A modo de colofón y después de agradecer la implicación del Foro Social Permanente, el Presidente ha concluido invitando a prestar atención a cuatro testimonios asociados a las huellas de un pasado al que “nadie quiere volver. Seguro que no todos saldremos con las mismas sensaciones. Seguro que las conclusiones no serán idénticas. Pero espero que todos saquemos ideas positivas y nos marchemos con la certeza de que estos encuentros resultan convenientes. Muchas gracias. Eskerrik asko”.

 

Tras la presentación, Fernando Armendáriz, representante del Foro Social Permanente, ha sido el encargado de introducir y contextualizar el diálogo entre cuatro víctimas de violencias antagónicas, pero de consecuencias similares en lo que a generación de dolor y quiebra social respecta.

 

“El de hoy es el último encuentro, el número 23, de un programa que el Foro Social Permanente ha decidido dar por concluido esta misma semana. Ha llegado el momento de que el conjunto de la sociedad, liderada por las instituciones, tome el relevo y persevere en la senda abierta por las víctimas. Ahora toca ampararlas, repararlas y reconocerlas superando cualquier expresión de discriminación y respetando el sentimiento que cada cual pueda tener acerca de lo sucedido”.

 

A la hora del balance, Rey ha recordado la situación de “bloqueos múltiples” que imperaba en 2016, al inicio del programa, y se ha congratulado por el buen resultado deparado por la apertura de foros de escucha y diálogo entre víctimas. “Se ha logrado configurar un ecosistema más favorable a avanzar en la resolución de las consecuencias del ciclo de violencias. Lo que se pretende es una convivencia democrática”.

 

Rosa Lluch, profesora de historia medieval e hija del exministro socialista (Ernest) asesinado por ETA el 21 de noviembre del año 2000 cuando, a los 63 años, ya estaba retirado de la vida política, sintió “inmediatamente el apoyo de la gente. Allí (Cataluña) la violencia no tenía ningún soporte, por eso mi situación fue distinta. No es que me sienta una intrusa, pero mi padre gozó de un reconocimiento inmediato, era una figura respetada”.

 

A ese respecto, Lluch advierte que “hay muchas víctimas que siguen sin tener reconocimiento oficial. Es algo que en la vida real no sirve de nada, porque el sufrimiento es personal. En ese sentido, la situación de las víctimas de ETA es mejor, pero la incomprensión, la soledad y la sensación de no entender nada es la misma. Ningún tipo de violencia es justificable, ni por motivos políticos ni de cualquier otra índole. Ninguna tenía que haber acaecido. Hay muchas verdades, pero tenemos que lograr algunas con las que nos sintamos cómodos. Es importante que en un Parlamento se pueda hablar de esto”.

 

Mikel Soto (Pamplona, 1978), condenado por colaboración con banda armada tras ser imputado por el asesinato de un concejal de UPN en Leitza, padeció torturas y vio cómo su compañera se auto inculpaba de un crimen que no cometió y del que, además, le inculpó a él y a los dos que detuvieron junto a ellos.

 

De su paso por el cuartel de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), donde “fui torturado durante tres días”, le queda la sensación de haber pasado por el “infierno. Fue un horror absoluto. Son dolores que conoces, pero en otra dimensión. Con la asfixia conocí el pánico, el cerebro no tiene a donde huir. A los tres días la forense se asustó del estado en el que estaba y me sacó. Al observar la reacción de los policías nacionales en la Audiencia Nacional, se asustaron al verme, tome conciencia de mi estado. Al final, tras dos años en la cárcel y una vez probada nuestra inocencia -se encontraron unos papeles en Francia que les exculpaban-, nos ofrecieron la libertad al amparo de una figura curiosa, ‘tentativa de colaboración con banda armada’. El abogado nos dijo que no íbamos a conseguir más”.

 

Mari Carmen Hernández, auxiliar de contabilidad y secretaria de la ONG Bat Eginez, perdió a su marido, concejal del PP en Durango, tras ser asesinado por ETA el 4 de junio del año 2000. “Fue un domingo al mediodía. Estaba sola en casa escuchando la radio y aunque no dijeron el nombre, por el sitio y la hora lo deduje. Llegó una hija a casa, volvieron a dar la noticia, ya con nombre, y para cuando vino la policía ya éramos conocedores. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué derecho? Las preguntas se agolpan en la cabeza”.

 

Tres años antes “empezamos a sufrir un acoso muy importante, primero en la calle, luego hasta en el domicilio. Cada manifestación terminaba debajo de casa, nos empapelaban la escalera con carteles…El día a día se hace imposible, vas sintiendo miedo y te sientes huérfana. Ves que las instituciones no hacen nada y no hay mano amiga. Sufrí mucho por el vacío de la gente, gente que ha crecido contigo y deja de hablarte. Los dos primeros años Jesús Mari tuvo guarda espalda, luego vino la tregua del 99. Yo tenía una linterna grande para mirar los bajos del coche. Mi hija pequeña entró en tratamiento psiquiátrico y dejó de hablarle a su padre, debido a la situación que le creaba su condición de concejal. La solución podría haber sido dejar el cargo, pero no se lo pedí, era su ilusión”.

 

Pese a todo, “nunca pensé que lo fueran a matar. Mi hija empezó a sentirse culpable y se marchó a Alemania y Estados Unidos. Su sensibilidad estaba totalmente dañada. Nunca más ha vuelto a tocar el piano, no ha sido capaz. Regresó, se colocó y se casó en Madrid, pero tuvo que volver, porque se sentía muy sola. Los hijos le han ayudado mucho. Yo, por mi parte, fui retomando el voluntariado y la gente de mi entorno, incluido el psicólogo, al final un amigo, me ayudó. Me costó salir a la calle, pero he tenido afán de superación, empeño por salir del pozo. Si ahora puedo contribuir a crear caminos de convivencia, estupendo”.

 

Alberto Goñi, sindicalista de 57 años y trabajador de Volkswagen, fue detenido cinco veces durante su juventud y presentó denuncia por torturas en dos ocasiones, pero nunca fueron investigadas. “En los 80 las manifestaciones eran habituales en la Txantrea. Con 14 años, creo que era 1979, la Policía me dio un palizón tan fuerte que el médico que me asistió presentó de motu propio denuncia por malos tratos”.

 

“Es difícil explicar qué es el miedo. Tras una segunda detención, pasé a una libertad vigilada, el teléfono intervenido. El acoso por parte de la Guardia Civil fue constante. Para cuando eso acabó mis amigos ya no querían venir conmigo. Con 18 años ves que te quedas solo. Luego vino otra detención, en la cama, mientras dormía, con la pistola en la cabeza. Suscribo lo que decía Mikel. La sensación de miedo y soledad es total. Sabes, porque te lo dicen, que pueden hacer contigo lo que les de la gana. Me bajaron al calabozo entre dos. El pánico es absoluto, te sobrepasa y te machaca. Eso te envenena el alma. Los traumas son de por vida”.

 

Entre las alrededor de 120 personas asistentes al Pleno Social se encontraban Inma Jurio (PSN), Jabi Arakama (Geroa Bai), Bakartxo Ruiz (EH Bildu), Ainhoa Aznárez (Podemos-Ahal Dugu) y Marisa de Simón (I-E), además de los consejeros Eduardo Santos y Ana Ollo, el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza, el Defensor del Pueblo, Patxi Vera, y el Senador por la Comunidad Foral, Koldo Martínez.

 

El Foro Social Permanente en Navarra reúne a entidades y personas con una larga tradición en la defensa de los derechos humanos, dispuestos a trabajar de forma inclusiva y horizontal en torno a cuatro ejes: desmantelamiento y desarme; integración de presos/as y huidos/as; promoción garantista de los derechos humanos; y fomento de la convivencia futura sobre unas bases justa de verdad y memoria.