Se insta al Gobierno de Navarra a poner en marcha actuaciones excepcionales destinadas a resolver o paliar las situaciones objetivas en las que se encuentran sectores importantes de la sociedad, con dificultades para hacer frente a sus hipotecas, con riesgo de pérdida de la vivienda u obligados a renunciar a las adjudicaciones de viviendas de protección oficial.