Se insta al Gobierno de España a modificar la normativa y mejorar y optimizar los instrumentos de todo tipo y medios a su alcance, dentro de su competencia, que permitan optimizar y mejorar la lucha contra el fraude fiscal, procediendo al menos a: endurecer las penas por los delitos de fraude fiscal; aumentar el plazo de prescripción de los delitos fiscales; establecer obligaciones de información a las entidades financieras, para las transferencias a los paraísos fiscales, así como penalizar fiscalmente dichas transferencias; estudiar la posible estructuración de una policía fiscal; defender ante los organismos internacionales el aislamiento de los paraísos fiscales y la transparencia de los movimientos de capital entre países; impulsar la coordinación entre las Agencias Tributarias, y de estas con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social; implementar las medidas legales y normativas de su competencia para evitar la utilización abusiva de las personas jurídicas; y perseguir los movimientos y planificaciones de fraude interterritorial e internacional.