El Debate sobre el Estado de la Comunidad continuará mañana, a partir de las 10:00, con el debate y votación de las de las 30 propuestas de resolución, cinco por grupo, el máximo permitido, admitidas por la Mesa.

El orden del debate de las propuestas de resolución será idéntico al de las intervenciones, es decir, de mayor a menor, finalizando con la del portavoz G.P. UPN.

Cada Grupo o Agrupación de Parlamentarios Forales defenderá sus propuestas de forma conjunta, durante un plazo máximo de 10 minutos. Luego se abrirá un turno de intervenciones a favor o en contra y otro de réplica (ambos de 5 minutos), en el que los Grupos Parlamentarios intervendrán en el mismo orden que en el debate.

Terminado el debate, las propuestas de resolución de cada Grupo se votarán separadamente.

Las propuestas de resolución registradas por UPN hacen alusión a la “racionalización” de la normativa y procedimientos administrativos, con el fin de “abaratar” el coste de la administración”; el ”compromiso” con el autogobierno y los derechos originarios e históricos de la Comunidad Foral; el compromiso con el “cumplimiento del déficit” y la apuesta por políticas que permitan “aumentar la competitividad” de la economía, de modo que se “aseguren las políticas sociales y los servicios públicos”; el “apoyo, comprensión y solidaridad” con las víctimas del terrorismo; y una última para que el Parlamento solicite al Gobierno de España la “participación de Navarra en las reuniones de trabajo del ECOFIN, en aquellos temas que puedan afectar al Convenio Económico”.

Las propuestas de resolución registradas por Socialistas de Navarra se centran en articular un Plan Industrial y un Plan de Empleo Juvenil en el plazo de 2 meses; promover modificaciones legales de los Impuestos de la Renta y del Patrimonio para aumentar la tributación, además de elaborar una nueva estrategia de lucha contra el fraude fiscal; “defender y potenciar” el sistema educativo público, dotando a los centros de los medios precisos y “garantizando la compensación” entre las personas y zonas que requieran “esfuerzos especiales”; asegurar la asistencia sanitaria “en las mismas condiciones” a todos los ciudadanos, rechazando las “fórmulas de copago” en prestación médica o farmacéutica, así como en transporte sanitario no urgente, y buscando las “fórmulas legales oportunas para contraponer el modelo universal, gratuito y de calidad al modelo que el Gobierno del PP está institucionalizando”.

Las propuestas de resolución registradas por Nafarroa Bai reclaman la adopción de medidas dirigidas a la “reactivación económica” y la “generación de empleo”, así como a la implantación de un sistema fiscal “equitativo, progresivo y redistribuidor” que permita sostener un sistema de prestaciones avanzado, incluida la atención a las “graves necesidades” de agricultores y ganaderos.

A su vez, se plantea que el Parlamento manifieste su “total falta de confianza” hacia Yolanda Barcina y su Gobierno, por considerarles “incapaces” de resolver la situación de crisis de forma “adecuada y favorable para la mayoría social”.

Del mismo modo, se plantea el “rechazo” a los recortes en educación y salud y la “denuncia” de la política lingüística, y se reclama el “retorno” de las partidas presupuestarias aludidas a los “niveles de la legislatura anterior, incrementadas según el IPC”.

En materia de pacificación, se pide el apoyo del Parlamento y del Gobierno a la declaración de la conferencia de paz de Aiete y el compromiso de “promover y participar en un diálogo político incluyente y sin exclusiones”.

Por último, Nabai solicita la “defensa, desarrollo y profundización” del autogobierno y la defensa del “derecho a decidir” de la ciudadanía navarra.

Las propuestas de resolución registradas por Bildu-Nafarroa reclaman la habilitación de una “regulación específica” para las Consultas Populares y referendos; garantizar el derecho a la información “negado a la sociedad y a sus representantes parlamentarios; y plantean la reprobación del Gobierno de Navarra por “opacidad y falta de transparencia” en su gestión. También en relación con la labor del Ejecutivo, se apuesta por convocar elecciones para “dar voz a la ciudadanía”.

En el ámbito económico, se postula una “nueva política fiscal que aumente la progresividad y suprima los privilegios de los beneficios empresariales y especulativos”; una “nueva definición” de los criterios de gasto y ejecución presupuestaria; una apuesta decidida por la educación y la formación; un servicio de financiación de empresas y autónomos; y un nuevo marco jurídico-político que otorgue a Navarra “capacidad de definición en todos los ámbitos económicos y sociales”.

Por otra parte, se pide también a la Presidenta del Gobierno que se involucre en un “diálogo incluyente con todas las fuerzas políticas, en el marco del “proceso de paz y normalización política”, de manera que se contemple el “reconocimiento y reparación de todas las víctimas”, garantizándose, a su vez, “los derechos de las personas presas”.

A su vez, se reclama “legitimidad política para plantear y materializar” un proyecto de configuración de un “Estado propio en el seno de la Unión Europea con el resto de territorios de Euskal Herria”.

Las propuestas de resolución registradas por el PPN abogan por garantizar la libertad de elección de centro educativo “mediante conciertos, independientemente del modelo educativo”; garantizar ayudas económicas a la familia, especialmente a las “numerosas y a las que carezcan de recursos”; reafirmar la “vigencia de la Ley foral 9/2010, de ayuda a las víctimas del terrorismo, incorporando el concepto de ‘Memoria’ para “salvaguardar su legado”; facilitar el equilibrio presupuestario y la recuperación económica y financiera mediante un “Plan de austeridad del gasto público y nacionalización de recursos”; y comprometerse con la “defensa y apoyo” del régimen foral de Navarra.

Las propuestas de resolución registradas por el Izquierda-Ezkerra reclaman un compromiso con la “creación de empleo y la reactivación económica”, mediante una reforma fiscal que “aumente la tributación de las rentas altas, de capital y de los grandes patrimonios, de las grandes empresas y la lucha contra el fraude”. En ese contexto, se sugiere la creación de una Banca Pública al servicio del “desarrollo económico y social” de Navarra.

Todo ello para “reforzar educación, sanidad, dependencia y servicios sociales a través del empleo público”.

Se plantea también el apoyo del Parlamento a las “movilizaciones” de la ciudadanía contra los “recortes sociales y de derechos”, y el reconocimiento de la pluralidad “política, social y lingüística e identitaria” de Navarra, apartado éste para el que se reclama una postura garantista y de “no imposición”.

I-E pretende, a su vez, que el Parlamento de su apoyo al “inicio de un proceso político constituyente de una República federal y solidaria en el estado español, desde el ejercicio del derecho a decidir”.