La Comisión de Economía, Hacienda, Industria y Empleo ha aprobado hoy el dictamen en relación con el proyecto de Ley de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, que requerirá de mayoría absoluta para su aprobación.
 

El proyecto de Ley tiene por objeto adecuar la norma a una serie de cuestiones conexas introducidas por las leyes forales 7/2010, que modifica la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra, y 20/2011, de diversos impuestos y medidas tributarias, además de por el Real Decreto-Ley 19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
 

En el transcurso del debate efectuado en Comisión se han discutido 19 enmiendas, de las que se han aprobado 14, las 7 presentadas por UPN, 1 de Bildu , 2 de Nabai, 3 de Izquierda-Ezkerra y una conjunta de Socialistas de Navarra e I-E.
 

En el capítulo relativo a la contribución territorial urbana, el proyecto declara no sujetas a dicho impuesto las carreteras, caminos y bienes de dominio público hidráulico que sean de aprovechamiento público y gratuito, incluidas aquellas infraestructuras explotadas a través del denominado peaje en la sombra.
 

La exención de estas últimas ha sido revocada merced a una enmienda de Nabai que, respaldada por SN, Bildu, I-E y el no adscrito Manu Ayerdi, invoca criterios legales y de igualdad para exigir que los concesionarios de las autovías del Camino y del Pirineo continúen pagando dicho gravamen a los ayuntamientos correspondientes. Lo contrario, “excepcionar a un agente concreto, singular y definido”, subraya el grupo enmendante, sería “fraude de ley”. UPN y PPN han votado en contra.
 

En ese ámbito y con los mismos apoyos, se ha aprobado una segunda enmienda de Nabai que contempla la creación de una Ponencia de Valoración Supramunicipal, con el fin de determinar la cuantía del impuesto a abonar por las concesionarias de las autovías sometidas al peaje en la sombra.
 

También en lo referido a la contribución territorial, Socialistas de Navarra e Izquierda Ezquerra han presentado una enmienda para evittar liberar de la aplicación de dicho impuesto a los bienes inmuebles de la iglesia católica y de las asociaciones no católicas "que no estén destinados al culto”. Salvo UPN y PPN, que se han posicionado en contra, el resto ha votado a favor.
 

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras ha sido también objeto de discusión, en este caso a partir de una enmienda de adición de I-E concebida para precisar, tomando como referencia los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo, el alcance de la base imponible.
 

En ese sentido, se concreta que el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra comprende el coste de ejecución material, incluidos “todos los elementos que figuren en el proyecto y carezcan de singularidad o identidad propia”. Sólo UPN y PPN se han opuesto.
 

En lo que a la gestión de dicho tributo se refiere, también a instancias de I-E, se ha dado el visto bueno a una enmienda de índole técnico llamada a puntualizar los criterios de liquidación, de tal manera que “los índices o módulos sólo deben entrar en juego cuando no haya presupuesto y la ordenanza fiscal así lo prevea”. Han votado a favor SN, Bildu, Nabai, I-E y el no adscrito Manu Ayerdi. UPN y PPN han votado en contra.
 

No ha prosperado, sin embargo, el intento de I-E de eliminar la singularidad navarra en lo tocante a la aplicación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, de modo que, a diferencia de lo que dicta la legislación estatal, el adquirente deberá seguir afrontando las obligaciones derivadas de la transmisión. Los votos en contra de UPN y SN y la abstención de Bildu han hecho inútil el apoyo de Nabai, PP, I-E y el no adscrito al intento de reforma.
 

Bildu ha centrado sus enmiendas en el impuesto sobre viviendas desocupadas, pero salvo una, que anula, por extemporáneas, las alusiones a los titulares de viviendas que estén cumpliendo servicio miliar o a la prestación social sustitutoria (se les liberaba del pago del impuesto), el resto han decaído.
 

Su propósito era favorecer el "alquiler social" de las viviendas vacías, para lo cual se sugería aumentar la carga impositiva hasta en un 60% o agilizar los plazos para el cobro del impuesto (de 12 a 3 meses desde la notificación), cuando el titular no proceda  de motu propio a la inscripción reglamentaria del inmueble en el Registro de Viviendas deshabitadas.
 

UPN, por su parte, ha visto aprobadas todas sus iniciativas con el apoyo de SN, PPN e I-E, la oposición de Bildu y Nabai y la abstención, en algunos casos, de Manu Ayerdi.
 

Así, en el terreno de las liquidaciones tributarias, una de las enmiendas regionalista determina que los censos de contribuyentes se confeccionarán, por diferentes, sin perjuicio de los registros administrativos establecidos para la gestión de determinados tributos (Impuesto sobre Actividades Económicos y Contribución Territorial).
 

En ese contexto, una segunda enmienda apunta que también serán deudas sin notificación las que deriven, además de censos de contribuyentes, de “registros” ya conocidos por los sujetos pasivos. Manu Ayerdi, no adscrito, se ha abstenido.
 

Por otra parte, a instancias de la FNMC y de acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona, UPN ha logrado aprobar sendas enmiendas para dejar constancia de que la Contribución territorial sigue siendo un tributo de cobro periódico y, por tanto, sujeto a notificación colectiva, siendo necesaria la notificación individual “únicamente cuando se producen variaciones de carácter singular”; y para solucionar algunos problemas de “interpretación” en relación a las vías de impugnación a la liquidación practicada.
 

El proyecto de ley exime a las entidades locales de la obligatoriedad de elaborar previamente un informe técnico-económico cuando, con carácter general, se acuerde actualizar una tasa. Tampoco será necesario este informe si disminuye el importe de la tasa, salvo que la reducción sea sustancial, “superior al 15%”, tal y como puntualiza la última enmienda impulsada por UPN.

Declaración responsable

El proyecto de Ley contempla, a su vez, una serie de cambios con los que se pretende dinamizar la actividad económica, salvaguardando los ingresos fiscales de los ayuntamientos de la Comunidad Foral, que incluso podrían ver incrementada su recaudación si, como prevé el Ejecutivo, se concreta la apertura de más establecimientos comerciales.
 

A tal fin, el proyecto de ley foral incluye en las tasas que gravan el otorgamiento de licencias urbanísticas y de apertura de establecimientos la realización de las actividades administrativas de control, cuando esas licencias son sustituidas por una declaración responsable o la comunicación previa.
 

El proyecto de ley extiende el gravamen de estas actividades administrativas de control al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, insertando en dicho tributo, como nuevos sustitutos del contribuyente cuando el sujeto pasivo no realice la obra, a quienes presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas.
 

A la sesión, presidida por Pedro Rascón (G.P. SN), han asistido, además, María Victoria Castillo, Javier Caballero, Coro Gainza, Amaya Otamendi, Antonio Pérez Prados, Sergo Sayas (G.P. UPN), Juan José Lizarbe, Samuel Caro (G.P. SN), Víctor Rubio, Maiorga Ramírez (G.P. Bildu), Xabi Lasa, Juan Carlos Longás (G.P. Nabai), Eloy Villanueva (G.P. PPN), Txema Mauleón (G.P. I-E) y Manu Ayerdi (no adscrito).

· www.parlamentodenavarra.es
· Publicación del Proyecto de Ley Foral (BOPN, nº 96, de 16-11-2012)