Se insta al Gobierno de España a decretar la inmediata suspensión de las ejecuciones hipotecarias en todos los casos que supongan dejar a los propietarios sin viviendas y sin recursos para garantizar el derecho a la vivienda.

Se insta al Ejecutivo Foral a paralizar inmediatamente los desahucios que se puedan estar produciendo en viviendas de Protección Oficial en cualquiera de sus modalidades. Y a utilizar el derecho de tanteo y retracto en las viviendas de Protección del Oficial cuando un tercero ponga en marcha un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Se exhorta al Gobierno de Navarra a suscribir un convenio con los bancos y cajas con los que tenga cualquier relación financiera, con el objetivo de que estas entidades suspendan inmediatamente los desahucios.

Dicho convenio constará de las medidas siguientes: revisar los desahucios ejecutados hasta ahora, devolviendo la vivienda a las personas o familias que no dispongan de viviendas o de medios para adquirir otra; recabar de las entidades financieras el compromiso de que, antes de poner en marcha el procedimiento de ejecución hipotecaria, dejarán en manos de la sociedad pública Nasuvinsa la vivienda habitual que no pueda pagarse, con el fin de gestionar su uso y ocupación a través del alquiler social. De esta forma los afectados no saldrán de la vivienda y adoptarán el compromiso de pagar un alquiler social (en función de la capacidad adquisitiva y en ningún caso superior al 15% de los ingresos familiares); el alquiler se dejaría de pagar y se reanudaría el pago de la hipoteca cuando desaparezcan las razones objetivas y las familias vuelvan a la situación anterior (y siempre que el poseedor del derecho a la vivienda así lo quiera).

Se llama al Ejecutivo Foral a suspender las relaciones económicas con las entidades financieras que no suscriban el convenio recogido en el punto anterior y ejecuten los desahucios.

El Parlamento manifiesta expresamente su apoyo a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular que está siendo impulsada por las Plataformas de Afectados por las Hipotecas y a la cual se han adherido, mediante firma, un buen número de ciudadanos/as de Navarra.

Se insta al Gobierno de Navarra a promover la regulación en las materias fiscales y otras de competencias de Navarra en cuando a la dación en pago como medida para liquidación de las obligaciones de los propietarios/as de las viviendas hipotecarias.

Se llama al Ejecutivo Foral a estudiar la solución de los casos de desahucio de alquileres en VINSA que se están ya produciendo.

Se conmina a las entidades bancarias a destinar el 50% de las viviendas que tienen en stock a alquiler social, del que se beneficiarán durante cinco años las personas desahuciadas. En el caso de que estas entidades hayan recibido ayudas del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada, que el porcentaje ascienda a un 60% de su stock de viviendas.