La Comisión de Salud ha visitado hoy, a petición del G.P. Socialista de Navarra, la sede la Asociación de Familias afectadas por la Drogodependencia (ADEFAD), una entidad que, con alrededor de 150 socios, lleva 16 años ofreciendo ayuda a toxicómanos y sus familias.

Los miembros de la Comisión de Salud que han asistido han sido Antonio Pérez Prados (G.P. UPN), Maite Esporrín (G.P. Socialistas de Navarra), Bikendi Barea (G.P. Bildu), Asun Fernández de Garaialde (G.P. Aralar-Nabai), Eva Gorri (G.P. PPN) y Marisa de Simón (G.P. Izquierda-Ezkerra).

La delegación del Parlamento de Navarra ha sido recibida por Águeda Jiménez y Ana Arandoña, presidenta y vicepresidenta de ADEFAD, respectivamente, que han comparecido acompañadas de diversos integrantes de la Asociación.

El objeto de la visita, según ha constatado Maite Esporrín a modo de preámbulo, ha sido “recabar la opinión de ADEFAD en torno a los medios que provee la Administración para la atención de las personas afectadas por drogodependencia, ya sea en el terreno sanitario, jurídico o social”.

A continuación, se ha celebrado una reunión en la que Águeda Jiménez ha expuesto la estrategia de una Asociación que, centrada en la “autoayuda y el acompañamiento de enfermos y familiares”, viene trabajando en base a un protocolo dividido en cuatro fases: “acogida, evaluación, terapia y seguimiento”.

Jiménez ha dado cuenta del “desamparo y la impotencia” que sazona el recorrido de la Asociación desde que, en 2001, iniciaran su labor en pro de los toxicómanos, “los parientes pobres de la sanidad. Unos han muerto, otros han quedado con secuelas físicas irreversibles y el resto continúa en la lucha por desengancharse. A nivel de recursos, estamos igual que hace 30 años. Nos hemos quedado en la metadona”.

En lo sanitario, la presidenta de ADEFAD ha subrayado la “falta de avances” en psiquiatría, donde “escasean los especialistas” y se echa en falta un protocolo de “atención urgente. Son personas con las facultades mentales alteradas, necesitan un control rápido que atenúe las cargas familiares y evite, en la medida de lo posible, el rápido tránsito de la calle a la cárcel vía delito, fechorías sin más finalidad que la de adquirir drogas”.

Ana Arandoña, por su parte, ha reclamado respuestas normativas, cobertura para los drogodependientes a través de la Ley de Dependencia o de la Renta de Inclusión Social (RIS), porque “sin recursos no hay autonomía y sin autonomía no hay inserción social, la normalidad se convierte en un imposible. Salen en tercer grado y se pegan todo el día en casa sin hacer nada, antes de volver a dormir a la cárcel. Como viven con los padres no tiene acceso a la RIS ni a ninguna clase de ayuda, cuando la supeditación es total. Y no hablamos de chavales de 20 o 30 años, la mayoría son adultos de 40 o 50”.

Arandoña ha concluido cuestionando el régimen de “desigualdad” que sanciona el código penal, la ausencia de servicios jurídicos “más allá del turno de oficio” y el desentendimiento de los consulados cuando la prisión sobreviene en el extranjero. “Sentimos decir esto, pero las mayores ayudas no vienen de las embajadas, donde todo se reduce a buenas palabras, sino de las religiosas. La desprotección es total, tenemos un condenado a seis años por robar 200 euros en una farmacia y ejemplos de grandes traficantes que, rutinariamente, enseguida quedan libres”.

En su turno de intervenciones, los Parlamentarios han coincidido a la hora de destacar la “complejidad” de un problema, con aristas sanitarias, legislativas y de exclusión social, al que hay que seguir intentando dar solución.

Maite Esporrín (G.P. Socialistas de Navarra) ha mostrado su “compromiso para recoger ideas y trasladarlas al programa electoral. Urge ofrecer un tratamiento adecuado para, en los casos que así se requiera, facilitar su reinserción social”.

Antonio Pérez Prados (G.P. UPN) ha respaldado todo aquello que “conduzca o contribuya a la integración social y laboral de los drogodependientes, una enfermedad que deja secuelas físicas, mentales y, en su versión más extrema, también carcelarias, pues es fácil que conduzca a la delincuencia. Destacaría la importancia de la labor preventiva, tanto a nivel educativo como informativo”.

Asun Fernández de Garaialde (G.P. Aralar-Nabai) ha afirmado que se trata de un “asunto difícil en el que, pese a que ha estado presente en el Parlamento, no se ha avanzado gran cosa. Es desolador, dependiendo del perfil socio-económico conduce a la marginación. Y en función de si lo abordamos desde un punto de vista preventivo, represivo o tolerante se puede actuar de una manera u otra. Es mejor no perderse en buenas palabras”.

Bikendi Barea (G.P. Bildu) ha hablado de la “permisividad para con unas drogas, las que contribuyen con sus impuestos a las arcas públicas, y del carácter transversal de las adicciones, cuya curación trasciende lo sanitario y penetra en lo social. Sin apoyos cruzados no es fácil recuperar la normalidad”.

Eva Gorri (G.P. PPN) ha lamentado “el desamparo y la desazón” de las familias y ha abogado por una “política integral que combine la educación con la provisión de escudos socio-laborales. Entiendo su angustia”.

Marisa de Simón (G.P. izquierda-Ezkerra) ha recordado que no es un tema que se haya eludido en el Parlamento, “todo lo contrario, lo hemos abordado desde todos los punto de vista a lo largo de esta legislatura. Quizás no se sientan debidamente atendidos, pero es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Esta enfermedad demanda un tratamiento específico, con acciones sanitarias y socio-laborales”.