El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad la Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres.

La norma impulsada por el Gobierno incide en la mejora de la formación y coordinación de los profesionales que trabajan en los distintos ámbitos relacionados con la violencia de género (educativo, sanitario, servicios sociales), hace hincapié en las actuaciones preventivas de índole educativo y plantea el fomento de una serie de medidas tendentes a optimizar la protección de las víctimas, también en las vertientes económica y de acceso a vivienda.

De manera transversal, dentro de los principios rectores que informan esta Ley, se incluye el análisis de los problemas de la violencia ejercida sobre las mujeres con discapacidad y otros colectivos vulnerables. En este marco y a resultas de una enmienda de Bildu y Aralar-Nabai aprobada con la abstención de UPN, se sitúa el reconocimiento del derecho de discapacitadas sensoriales y extranjeras a la asistencia de intérprete y a la información y comunicación en todas las fases del procedimiento (sanitario, educativo, policial…), no sólo en el jurídico.

A efectos de esta Ley, se entiende por violencia contra las mujeres la que se ejerza contra éstas por el hecho de serlo o la que les afecte de forma desproporcionada como manifestación de la discriminación por motivo de género y que implique o pueda implicar “daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, incluidas las amenazas, intimidaciones, coacciones o privación arbitraria de la libertad en la esfera pública o privada”.

En ese sentido, para hacer efectiva la atención integral a las víctimas de violencia de género se contempla la creación de una Cartera de Servicios que, en el plazo un año, deberá incluir una relación derechos y prestaciones garantizados. A tal fin, el Gobierno de Navarra habilitará las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las previsiones contempladas en dicha Cartera, además de en el plan de acción y los planes sectoriales. Ambas iniciativas, suscritas por I-E, en el primer caso y por I-E, Bildu y Aralar-Nabai, en el segundo, han sido respaldadas por Socialistas y no adscritos, no así por UPN y PPN, que se han posicionado en contra.

En ese contexto de garantías y exigencias se estipula un plazo de seis meses para la elaboración de los correspondientes planes sectoriales, de acuerdo con las directrices que establezca el Plan de Acción.

Los planes navarros de salud, “tal y como indican los informes de la OMS”, incluirán el estudio de la violencia contra las mujeres como materia de salud pública. A su vez, los servicios sanitarios privados habrán de “colaborar en la detección de casos”.

En el terreno sanitario, recurso “clave para la detección y tratamiento” de cualquier tipo de violencia”, se hace extensivo a todas las mujeres, “con independencia de su situación administrativa”, el derecho de “atención y seguimiento integral, hasta su completo restablecimiento”. Con esta caución, suscrita por Bildu y Aralar-Nabai y respaldada por Socialistas, I-E y no adscritos, se sortean las limitaciones de la legislación sanitaria, que “limita la atención a los irregulares a los servicios de urgencias”. UPN y PPN se posicionaron en contra.

En el caso de víctimas de trata de mujeres y también a instancias de Bildu y Aralar-Nabai, la atención integral comprenderá, al menos, asistencia psicológica, tratamiento médico, medidas para asegurar la subsistencia, atención jurídica y asesoramiento en su propio idioma. UPN, SN, I-E y no adscritos apoyaron esta enmienda, mientras el PPN se abstuvo.

La indiferencia respecto a la situación administrativa alcanza también a la Renta de Inclusión Social (RIS), cuyo procedimiento abreviado de tramitación, concesión y abono incluye a las víctimas de violencia de género sin permiso de residencia, a las que también se tendrá en cuenta de manera prioritaria para la inserción laboral. Las enmiendas de Bildu y Aralar-Nabai que así lo facultan fueron validadas con el respaldo de Socialistas, I-E y no adscritos y la oposición de UPN y PPN.

En el campo judicial, la Administración de la Comunidad Foral y las entidades locales podrán acordar su personación en los procedimientos penales para ejercer la acción popular. La representación y defensa en juicio corresponderá al Ejecutivo Foral y, en su caso, a las entidades locales. Las alusiones a la acción popular y a la colaboración de las entidades locales fue introducida a partir de una enmienda de Bildu y Aralar-Nabai apoyada por Socialistas, I-E y no adscritos y rechazada por UPN y PPN.

En el terreno formativo, se acordó por unanimidad la adopción de campañas institucionales de sensibilización y, con las abstenciones de Bildu, Aralar-Nabai, I-E y no adscritos, la implantación de la asignatura de educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género (en todos los niveles educativos) y el diseño de un plan de coeducación de desarrollo obligado en cada centro. La enmienda socialista que lo propicia contó con los votos a favor de UPN y PPN.

Por último, en lo concerniente a la atención policial y a la protección efectiva, se sitúa a las policías locales al mismo nivel que la Policía Foral, merced a una enmienda de I-E que salió adelante con las abstenciones de UPN y PPN.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la Proposición de Ley Foral (BOPN, nº 35, de 06-03-2015)