La Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Parlamento de Navarra ha visitado hoy, a instancias del G.P. Geroa Bai, el Palacio de Navarra, sede de la Presidencia del Gobierno y de diferentes dependencias administrativas de la Comunidad Foral.

Los miembros de la Comisión que han asistido han sido Óscar Arizcuren, Iñaki Iriarte (G.P. UPN), Unai Hualde, Patxi Leuza (G.P. Geroa Bai), Adolfo Araiz, Arantza Izurdiaga (G.P. Bildu), Teresa Sáez (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Inma Jurío (G.P. PSN) y Ana Beltrán (PPN).

La delegación del Parlamento ha sido recibida por María José Beaumont, Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Pedro López, arquitecto, Edurne Eguinoa, directora general de Presidencia y Gobierno Abierto, José Contreras, director del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa y Nekane Ágreda, jefa de Sección de Secretariado del Gobierno.

El objeto de la visita, según ha explicado Unai Hualde, ha sido “conocer de primera mano el plan de intervención que, durante la presente legislatura, quiere llevar a cabo el Gobierno en este complejo”, un edificio palacial de estilo neoclásico proyectado en 1840 por José de Nagusia.

Seguidamente, los Parlamentarios han realizado un recorrido guiado por las distintas dependencias de Diputación y, acompañados por la Consejera Beaumont, han comprobado las deficiencias estructurales y de mantenimiento que, según han coincidido, justifican el plan de rehabilitación planteado desde la cartera de Presidencia.

La visita ha comenzado en el jardín del Archivo, donde los parlamentarios han conocido los problemas de impermeabilización que presenta la fuente y el hundimiento de las escaleras de acceso a este edificio, entre otros desperfectos. A continuación, han recorrido la planta baja, primera y sótano del Archivo, que es el inmueble que presenta un mayor deterioro.

A partir de ahí, la visita ha transitado por el edificio del Palacio, donde han podido apreciar la estructura de madera de la tercera planta dañada por la carcoma, las condiciones de trabajo del personal de la segunda planta, los desperfectos en la carpintería, la corrosión de las barandillas de la fachada y las humedades de la planta noble y la baja, entre otros daños.

Finalmente, los miembros de la comisión parlamentaria han mantenido una reunión de trabajo en el Salón Isabelino con los representantes del Gobierno foral, a quienes han podido plantear sus dudas de carácter técnico sobre el plan de intervención en el Palacio de Navarra, además de ver fotografías de otros desperfectos del edificio que no han sido visitados en el recorrido, como por ejemplo, los daños que presentan las cubiertas.

Según ha explicado Beaumont, el plan de intervención en el Palacio de Navarra pretende “legalizar y racionalizar” los usos, garantizar el mantenimiento del inmueble y poner freno al deterioro que sufre el conjunto de los edificios, que es especialmente grave en algunos casos.

Para este fin, se ha consignado en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra la cantidad de 1.250.000 euros, destinándose 750.000 al denominado Plan de autoprotección y otros 500.000 para la ejecución de obras urgentes en el edificio del antiguo Archivo de Navarra, consistentes en actuaciones en la cubierta y en la habilitación de espacios para oficinas, despachos, sala de reuniones, almacén, etc.

Cabe recordar que el Gobierno de Navarra adoptó, en la sesión celebrada el pasado 14 de octubre, un acuerdo por el que se encargaba el inicio del expediente de legalización de usos del Palacio de Navarra y su entorno, así como la redacción de un Plan Director de ordenamiento normativo, usos y mantenimiento. Dicho acuerdo fue adoptado a la vista del estado de deterioro que sufre el conjunto del Palacio de Navarra, puesto de manifiesto por diversos informes técnicos.

El acuerdo también contemplaba el inicio de las gestiones ante el Ayuntamiento de Pamplona para la legalización de los usos y actividades del Palacio de Navarra y su entorno, cuestión en la que se viene trabajando desde entonces con esta entidad local.

A ese respecto, María José Beaumont ha afirmado que, aun a sabiendas de que las “prioridades sociales son otras, existe un problema de legalidad que urge solventar. Tampoco se puede prolongar este estado de obsolescencia, porque el coste de la rehabilitación se incrementa día a día. Queremos mejorar las condiciones laborales y recuperar espacios para ir reintegrando servicios y oficinas dispersos y en alquiler. Esto también supondría un ahorro”.

Pedro López, arquitecto, ha precisado que se trata de una “propuesta de mínimos valorada en cinco millones que, atendiendo al volumen y la dificultad, habría que ir desarrollando en tres o cuatro ejercicios, claro que para eso se necesita estabilidad presupuestaria. La idea es consignar dos millones en 2017 y el resto, alrededor de 1.750.000 euros, en 2018”.

José Contreras, por su parte, ha apuntado que tras la falta de intervención en el mantenimiento del edificio de Diputación “subyace una indefinición. Obrar con tanto empleado como hay aquí no será sencillo”.

“Vista la necesidad”, los Parlamentarios han dado por buenos las explicaciones y los datos aportados”.