El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se al insta al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado a la “anulación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y la derogación de las Leyes 2/2012 y 27 /2013”.

La resolución aprobada incluye un segundo apartado en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo central a “evitar que se alcance el objetivo perseguido por las normas referidas, a saber, la utilización de las administraciones locales para imponer la política de recortes y, finalmente, la desaparición de las mismas”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, el Parlamento de Navarra se compromete a “trasladar el presente Acuerdo al Gobierno de Navarra a los efectos oportunos”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por los G.P. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E subraya que la reforma del artículo 135 de la Constitución, “promovida por PSOE y PP, consagra la absoluta prioridad de las obligaciones de la deuda (intereses y capital) sobre cualquier otro tipo de gasto público, lo que significa que los servicios públicos y los derechos que pretenden garantizar quedan supeditados a la satisfacción de los intereses de los inversores”.

A decir de los proponentes, se trata de una previsión legal de “gravísimas consecuencias para las decisiones de gasto público de todas las Administraciones Públicas, más aún en el caso de las Entidades Locales, toda vez que las convierte en meras agencias de contratación de servicios públicos bajo unos presupuestos que las ahogan e impiden acometer inversiones públicas e iniciativas de interés social”.

En desarrollo del citado artículo reformado, la Ley Orgánica 2/2012 establece un conjunto de normas (estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, principalmente) “orientadas a reducir el gasto público en prestaciones sociales y a impedir las inversiones públicas”.

Esa previsión legal, según se precisa, alcanza también a las Comunidades Autónomas, a quienes “se impide elaborar presupuestos cuya previsión de gastos se relacione directamente con los ingresos previstos, debiendo sujetarse, con pérdida evidente de su autonomía, a un coeficiente elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad. En el caso de Navarra, implica un ataque directo al Régimen Foral, al coartarse severamente su autonomía fiscal, financiera y presupuestaria”.

En lo tocante a la sostenibilidad financiera, se advierte que la Ley 27 /2013 pretende “convertir las Administraciones Locales en agencias de subcontratación de los servicios públicos, dando soporte legal a las privatizaciones y a la corrupción”. Dicha norma “anula o reduce sustancialmente las competencias municipales en materias tan sensibles como la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”.

A modo de colofón, se insiste en que la reforma del artículo 135 de la Constitución y las normas que la desarrollan “cuestionan gravemente la viabilidad de los Ayuntamientos y Concejos, las administraciones más próximas a la ciudadanía, y representan un paso más en la laminación de las originarias competencias de Navarra en el ámbito de las Administraciones Locales”.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la moción (BOPN, n.º 21, de 19-02-2016)