La Comisión de Investigación en torno a la desaparición de la CAN ha acordado solicitar al Gobierno de Navarra que amplíe dos meses más, hasta el 31 de julio, el plazo para escrutar las actas de los órganos de gobierno de Caja Navarra celebradas durante los años 2000 a 2012.

Además, dado el ingente volumen de documentación a analizar, en concreto más de 50.000 hojas, se solicita la habilitación de un procedimiento ágil para que los miembros de la Comisión puedan efectuar todas las consultas que resulten necesarias durante el período establecido.

En ese sentido y en lo tocante a la solicitud cursada en las últimas semanas a petición del G.P. UPN, se ha informado que la Fundación Caja Navarra ha puesto a disposición del Ejecutivo Foral las 15 actas (725 folios) correspondientes al Consejo General de CAN entre 2000 y 2012.

La ampliación de los trabajos de indagación hasta el 31 de julio supondrá posponer a septiembre la determinación de los posteriores hitos y plazos del plan de trabajo, trasladándose al 31 de diciembre la fecha límite para la presentación del escrito de conclusiones. Todas estas previsiones han sido acordadas con el respaldo de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E.

También por unanimidad de los presentes, la Comisión ha resuelto solicitar a los servicios de la Cámara la elaboración de un informe jurídico tendente a determinar si el Auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, por el que a petición de la Fiscalía se amplía por un período de 18 meses la instrucción del procedimiento que investiga (a instancias de la Asociación de Consumidores, Usuarios y Contribuyentes Kontuz) presuntos delitos de estafa en el proceso de fusión y posterior salida a Bolsa de Banca Cívica, afecta o limita de algún modo la fase de comparecencias prevista para después del verano.

El Auto de la Audiencia Nacional prorroga así la instrucción judicial de la que se ha hecho cargo recientemente la juez Carmen Lamela (en sustitución de Eloy Velasco hasta diciembre de 2018), basándose en la complejidad del procedimiento y la necesidad de realizar nuevas diligencias. Según el auto de prórroga, los investigados son, entre otros, el ex presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y el ex director general de Caja Navarra, Enrique Goñi.

A ese respecto, el presidente de la Comisión de Investigación CAN, Unai Hualde, ha recordado que “es la primera vez que el Parlamento accede al enorme volumen de información sobre los órganos de gobierno de la antigua CAN. Se trata de una documentación compleja y prolija, cuyo análisis por parte de las parlamentarias y parlamentarios necesita del debido tiempo. El verano es un buen momento para ello. Además, resulta imprescindible que los grupos sepan antes de presentar sus peticiones de comparecencia si se encuentran limitados por la reciente decisión de la Audiencia Nacional de prolongar la investigación judicial sobre Banca Cívica. Por todo ello, resulta imprescindible alargar la vida de esta comisión, de ahí que propongamos a la Mesa del Parlamento demorar hasta final de año el plazo para emitir conclusiones”.

En otro orden de cosas, el G.P. Podemos-Ahal Dugu ha vuelto a reformular la petición de información en relación con “las declaraciones de retenciones a trabajadores de Viálogos Capital Humano S.L. desde 2014 a 2010 y las declaraciones de operaciones con terceros en ese mismo período”, denegadas en su día por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra.

El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra arguyó que la solicitud no especificaba “aquellos terceros (personas físicas y entidades diferentes de la CAN y de Viálogos) cuya información resulta necesaria para las finalidades de la Comisión. Una comunicación general y no discriminada de los datos contenidos en dichas declaraciones tributarias –precisaba– parece resultar incompatible con el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 4 de la LOPD y, más específicamente, en el apartado segundo, párrafo 2º, del artículo único de la Ley 21/1994, de 9 de noviembre, por la que se regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las comisiones de investigación del Parlamento de Navarra”.

En este caso, el G.P. Podemos-Ahal Dugu entiende que concreta y acredita la participación de los directivos de CAN (cargos públicos) en la dirección, asesoramiento o administración de Viálogos y empresas relacionadas, para lo cual se hace eco de un acta de 15 de julio de 2015 que alude a un contrato mercantil.

Asimismo, da cuenta de una serie de “evidencias” que dejan patente la “relación recíproca de dirección, administración y asesoramiento entre CAN y Viálogos”, un vínculo que estiman se demuestra “con el mutuo nombramiento como apoderadas llevado a cabo entre ambas personas jurídicas, tal y como consta en el Registro Mercantil. Ambas sociedades comparten, a su vez, personas físicas en sus respectivos Consejos de Administración”.

La tramitación de esta petición de información ha sido aceptada con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y la abstención de UPN.

Conforme las normas aprobadas, la Comisión de Investigación constituida el 27 de abril de 2016 tiene por objeto conocer y determinar si las actuaciones de Caja Navarra, su Corporación Empresarial y el resto de entes vinculados fueron acordes a los principios fundacionales, además de esclarecer la situación actual del conjunto del patrimonio resultante de la extinción.

A la sesión de hoy, presidida por Unai Hualde (G.P. Geroa Bai) han asistido Luis Casado (G.P. UPN), Jokin Castiella (G.P. Geroa Bai), Adolfo Araiz, Maiorga Ramírez (G.P. EH Bildu), Tere Sáez (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Guzmán Garmendia (G.P. PSN) y José Miguel Nuin (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).