El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “modificar el Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, por el que se desarrolla la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el Régimen de Autorizaciones, Infracciones y Sanciones en Materia de Servicios Sociales antes de diciembre de 2017”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se aboga por “constituir una mesa de negociación, formada por el Gobierno deNavarra como máximo responsable y financiador de los recursos y servicios sociales, los sindicatos y las empresas u organizaciones del sector, para analizar la situación y proceder a la elaboración de un Convenio Autonómico de Intervención Social que regule las condiciones laborales en toda Navarra”. 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se avanza que, “una vez firmado el Convenio de Intervención Social por todas las partes implicadas, el Gobierno de Navarra adaptará las licitaciones, convenios o conciertos establecidos hasta la fecha de la firma para adecuarlas al nuevo marco laboral”.

Asimismo, a instancias de EH Bildu, cuya enmienda de adición ha sido aceptada por PSN, titular de la iniciativa, se precisa que, “en tanto se realiza la modificación del Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, en los futuros contratos y renovaciones de los mismos se establecerá en el personal por usuario y día, superando el modelo por horas/año por perfil profesional. Se recuperarán las ratios de servicios generales (comedor, cocina, limpieza…), y se tenderá al alza en las ratios en los perfiles laborales que se detecte necesidad”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. PSN da cuenta de “escasa o nula regulación laboral” y de los “altos niveles de precariedad” que soporta un sector que, como el de la intervención social, se antoja de vital importancia para el mantenimiento del Estado de Bienestar y, a ese respecto, censura la actitud del Gobierno de Navarra por “licitar atendiendo a la oferta económica por encima de la técnica, con unos importes que difícilmente pueden garantizar unas condiciones laborales dignas”.

En ese sentido, se alude al primer Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social en vigor desde 2015 y se afea la actitud del Ejecutivo Foral, que a diferencia de “otras Comunidades, que han mejorado dicho convenio, ha optado por precarizar más si cabe estos empleos” ajustando los concursos a un decreto “obsoleto” como el DF 2919/1991.

Finalmente, se recuerda que gran parte de los profesionales del ámbito social trabajan dentro del tercer sector, un tramo “altamente feminizado”, que es el que generalmente cubre los servicios ofertados por las administraciones públicas a través de conciertos o licitaciones.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 95, de 27-06-2017)