La Comisión de Investigación que, a iniciativa de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, se constituyó el 30 de mayo de 2017 para determinar si las actuaciones en torno a la planta de biometanización de Iraizotz (Ultzama) se ajustan a la legalidad, ha aprobado hoy el dictamen de conclusiones, que el día 12 de abril será elevado a Pleno para su definitivo debate y votación.

El dictamen, que integra en su totalidad las aportaciones de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, contempla su “remisión al juzgado de instrucción de Pamplona, al Tribunal de Cuentas, al Ayuntamiento de Ultzama, a Sodena y a la Cámara de Comptos, al entender que contiene elementos nuevos que pueden contribuir a depurar responsabilidades”. UPN, PSN y PPN han votado en contra.

Las deducciones de UPN y PSN han sido excluidas del dictamen de conclusiones con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E. Ambas, sin embargo, se mantienen como votos particulares para su debate y votación en Pleno. El PPN, que no ha presentado documento de conclusiones, se ha abstenido en las de UPN y PSN. Las de éstos han decaído sin ningún apoyo añadido, dado que UPN y PSN han intercambiado sendas abstenciones.

En lo que a las conclusiones respecta, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E coinciden en que la Comisión de Investigación ha servido para acreditar la existencia de irregularidades (fraude y prevaricación) en torno al proyecto de municipalización de una actividad, tratamiento de purines, que concernía a actores privados (ganaderos).

Patxi Leuza (Geroa Bai) ha defendido el “perfecto relato de los hechos” contenido en las 93 conclusiones del documento aprobado y, a ese respecto, ha lamentado la actitud de algunos comparecientes, que se han negado a ofrecer información. No aceptamos los insultos, ataques e intentos de desprestigiar a la Cámara de Comptos que, para salvar a un Alcalde de su partido, hace UPN. Todos los que han comparecido han reconocido que era imposible mantener la actividad de la planta sin una inversión de un millón, pese a lo cual UPN y PSN dan a entender que el cierre es responsabilidad del actual Ayuntamiento”.

Adolfo Araiz (EH Bildu) ha reprobado la negativa a declarar de personas que, como el señor Pérez Arregui, “principal responsable”, desempeñaron y todavía desempeñan cargos públicos (ex Alcalde de Ultzama, ex Director General de Administración Local y actual Concejal), ha puesto de relieve que la gestión de los residuos “no compete a las entidades locales” y ha tachado de “nefasta” la gestión que condujo al Ayuntamiento de Ultzama a embarcarse desde 2007 en una actividad cuyas “consecuencias económicas están aún por medir. Pérez tuvo la oportunidad de decirnos qué era verdad o mentira, pero prefirió huir, esconderse. Este es un órgano de carácter político donde, sin ánimo de sustituir a los pronunciamientos judiciales, se realizan juicios de oportunidad política, en este caso sobre la irregularidad de ciertos actos. Nadie le ha acusado a Pérez de meter la mano en el cajón, pero sí de callar ante esta Comisión. Ha confundido el archivo provisional de las actuaciones judiciales con actos de inocencia, con un aquí no ha pasado nada, pese a que sí se han reconocido irregularidades, que quizás no tengan relevancia penal”.

Rubén Velasco (Podemos-Ahal Dugu) ha asegurado que, “mientras UPN se ha dedicado desde el primer día a entorpecer, nosotros nos hemos centrado en los antecedentes del proceso de municipalización de una actividad que deja entrever una relación muy fluida, casi de connivencia, entre el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y el Ayuntamiento de Ultzama, todo para beneficio de una mercantil privada. Estamos ante una chapuza manifiesta. Las responsabilidades políticas son claras y evidentes. Creemos que estamos ante un delito de prevaricación continuada que, no obstante, deberán determinar los tribunales”.

Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra) ha hecho alusión a la interpretación “sesgada” de UPN antes de corroborar la existencia de “más de tres millones de dinero público dilapidado. Eso ha quedado constatado en esta Comisión, tal y como ya había quedado acreditado en el informe de la Cámara de Comptos. Es gravísimo que UPN acuse al órgano fiscalizador de dificultar la investigación. Ahí está la responsabilidad del señor Pérez, al que UPN insiste en defender”.

Sergio Sayas (UPN), por su parte, ha amparado el informe de conclusiones elaborado por su grupo, donde se pone de relieve que “se ha cumplido en todo momento la ley vigente en relación a expedientes administrativos, facturación y compatibilidad de ayudas. A pesar de ello, se acusó a los secretarios municipales de mentir. La planta estuvo bien concebida, se trataba de resolver el problema de los purines en el valle. Luego se buscó una alternativa, pero en cuanto Bildu accedió a la alcaldía se procedió a un cierre precipitado y político. Esto ha llevado a tener que devolver las ayudas y a crear un problema jurídico que le puede costar al Consistorio unos 5 millones. Han optado por utilizar la Justicia para hacer política, y encima no les han dado la razón, porque se ha archivado todo. No se venía a investigar, sino a acusar. Las conclusiones estaban prefijadas. Y en cuanto a Comptos, amén de falta de rigor y errores cruciales, también a nivel contable, su falta de colaboración no tiene precedentes. La actitud de su Presidenta ha sido política”.

Guzmán Garmendia (PSN) ha calificado de “no errónea” la decisión de “tratar de solucionar de la forma más consensuada posible el problema de los purines mediante la construcción de una planta” y, en ese sentido, ha descartado la existencia de anomalías, pues “aquí no ha habido ninguna ilegalidad”. El problema sigue encima de la mesa y aquí nadie ha aportado soluciones. Hemos asistido a un cruce continuo de acusaciones. No estamos ante un tema político, sino administrativo, que lo denuncien las partes afectadas. Está Comisión está haciendo un flaco favor a lo que la sociedad demanda del Parlamento. Siento vergüenza ante algunas intervenciones, incluida alguna de hoy”.

Javier García (PPN) ha recordado que “ya dijimos desde un principio que no íbamos a ser partícipes de este paripé dirigido a desviar la atención de la pésima gestión del Gobierno de Navarra” y ha subrayado que de lo acontecido en la Comisión se desprende que “todo está conforme a la legalidad, si bien ello no justifica la mala gestión del Ayuntamiento y de la planta. Estamos más cerca de las conclusiones de UPN y PSN que de las del cuatripartito y de su utilización de algunas instituciones. Se ha perdido el tiempo y el problema persiste”.

Las conclusiones aprobadas por el Pleno (12 de abril), que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento y comunicadas a la Diputación Foral, sin perjuicio de que la Mesa del Parlamento dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

De acuerdo con las normas aprobadas por la Mesa del Parlamento el 22 de mayo de 2017, el objeto de la Comisión era “conocer el procedimiento de concesión de obra pública y posterior explotación de la planta de producción de electricidad con base en purín ganadero ubicada en Iraizotz (Ultzama), los proyectos técnicos que la sustentaron, la cesión de la concesión a Bioenergía Ultzama S.A., la participación de concejales como socios en esta mercantil, el desarrollo de la actividad y cierre de la planta, así como el empleo y destino de los fondos públicos provenientes de ayudas o subvenciones otorgadas por los Departamentos del Gobierno de Navarra.

Las Comisiones de Investigación se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura.

La Comisión de Investigación que ha presidido Maiorga Ramírez ha estado integrada, además, por Sergio Sayas, Juan Luis Sánchez de Muniáin (G.P. UPN), Unai Hualde, Patxi Leuza (G.P. Geroa Bai), Adolfo Araiz (G.P. EH Bildu), Rubén Velasco, Carlos Couso (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Guzmán Garmendia, Santos Cerdán (G.P. PSN), Javier Garcia (A.P.F. PPN) y Marisa de Simón (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).