El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos en contra de UPN, PSN y PPN, el dictamen de conclusiones de la Comisión de Investigación que, a iniciativa de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, se constituyó el 30 de mayo de 2017 para determinar si las actuaciones en torno a la planta de biometanización de Iraizotz (Ultzama) se ajustan a la legalidad.

 

El dictamen, que integra en su totalidad las 93 aportaciones de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, contempla su remisión al juzgado de instrucción de nº 1 de Pamplona, al Tribunal de Cuentas, al Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Ultzama, a la empresa pública Sodena y a la Cámara de Comptos, al entender que “contiene elementos nuevos que pueden contribuir a depurar responsabilidades”. UPN, PSN y PPN han votado en contra.

 

No han prosperado, sin embargo, los dos votos particulares mantenidos por UPN y PSN para su debate y votación en Pleno. El de UPN ha recabado el apoyo añadido del PPN, mientras que el del PSN únicamente ha contado con la abstención del PPN, que no ha presentado documento de conclusiones. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han votado en contra. Tanto regionalistas como socialistas consideran en sus conclusiones que no se han acreditado ilegalidades en la planta de biometanización.

 

En lo que al contenido del dictamen de conclusiones respecta, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra coinciden en que la Comisión de Investigación ha servido para atestiguar la existencia de un delito de prevaricación continuada, circunstancia que, no obstante, deberán determinar los tribunales. De ahí la decisión de dar traslado del informe al Juzgado de Instrucción nº 1 de Pamplona, “para su conocimiento e incorporación, en su caso, a las Diligencias Previas nº 318/2017, considerando que se ponen en conocimiento nuevos hechos a los que ya son objeto de investigación”.

 

La Comisión de Investigación estima probado el diseño de un entramado dirigido a obtener sobrefinanciación para una misma obra desde dos departamentos distintos del Gobierno de Navarra, para lo cual se utilizaron, incluso, “conceptos diferentes referidos a la misma inversión”.

 

Por tanto, la Comisión considera “probado que se obtuvieron ayudas de dos departamentos diferentes y al amparo de distintas convocatorias. Así se obtuvo esa sobrefinanciación, “tal y como ha constatado la Cámara de Comptos al comprobar la existencia de facturas relativas a los depósitos de digestión anaerobia por importes de 965.900 euros (corresponde al 65% del total del coste de dicha obra) y 1.486.000 euros (100% del coste de los depósitos) emitidas por dos empresas distintas. Esto es, se financió un sobrecoste de un 165%”.

 

La Comisión destaca que se ha dilapidado más de tres millones de dinero público y, a ese respecto, entiende que “todo lo reseñado sobre el cobro de estas ayudas y de la planificación que hubo para que obtuviera esa sobrefinanciación pudiera ser constitutivo de un delito de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal”.

 

Además, las conclusiones de la Comisión alegan que la “conducta” del exalcalde Patxi Pérez Arregui en la adjudicación “directa” del proyecto y del anteproyecto de la planta “pudiera haber constituido un delito continuado de prevaricación”.

 

Las aportaciones de UPN y PSN fueron excluidas del dictamen de conclusiones con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y la abstención del PPN. Ambas, sin embargo, se han mantenido como votos particulares para su debate y votación en Pleno.

 

En su escrito de conclusiones, UPN resalta que “en todo momento se ha cumplido la legalidad vigente, tanto en lo relativo a la contratación y ejecución de la planta, como a las subvenciones y al procedimiento puesto en marcha para la municipalización del servicio y el posterior secuestro de la planta”.

 

Es por eso que UPN estima que la Comisión de Investigación “ha sido instrumentalizada por los partidos que forman el cuatripartito, especialmente por EH Bildu. En ningún momento ha tenido como objetivo conocer la verdad de lo que había ocurrido, sino tratar de fabricar un clima de sospecha, con el fin de menoscabar a representantes de otras siglas políticas”.

 

Además, UPN advierte que, “a tal fin, se han utilizado todas las instituciones públicas a su alcance, incluso el Gobierno de Navarra. Los miembros del Ejecutivo Foral han empleado con engaño los procedimientos jurídicos, para forzar una apariencia de ilegalidad que apoyase su interés político en el asunto de la planta de Ultzama”.

 

UPN recuerda que el 5 de julio de 2017 el fiscal encargado de analizar el expediente de la Planta de Ultzama “por encargo de la Presidenta de la Cámara de Comptos archivó el asunto y descartó iniciar diligencias. Una vez descartada cualquier diligencia penal, la Comisión de Investigación, repleta de irregularidades de procedimiento y de fondo, carecía de sentido”.

 

UPN concluye reiterando que la Comisión “no ha hecho sino confirmar que las actuaciones de las dos administraciones objeto de investigación han sido conforme a derecho”.

 

El PSN, por su parte, descarta la existencia de “ilegalidades”, si bien asume que “hubo duplicidad en la facturación, pues se presentaron devengos por conceptos iguales a dos departamentos del Gobierno de Navarra, cuyos controles, en particular los de Desarrollo Económico, no existieron, situación que hoy podría repetirse. Si esto se hubiera detectado cuando se tenía que haber detectado, en 2010, no estaríamos aquí”.

 

En lo referido a la adjudicación de la construcción y gestión de la Planta de Biometanización a la firma Levenger SL, se asegura “no poder afirmar que hubiera trato de favor, dada la imposibilidad de contactar con la otra empresa que concurrió al concurso, al hallarse en situación de extinción”.

 

Sobre Bionergía Ultzama SA, sociedad en la que el Ayuntamiento de Ultzama delegó la gestión de la planta, se subraya que “no hubo liderazgo y se generaron grandes conflictos de intereses. El Consistorio, en su labor de in vigilando, debió advertir esta situación a tiempo. Su no actuación llevó a una lenta, pero profunda degradación de la planta, que redujo sus posibilidades de pervivencia”.

 

Del mismo modo, se constata que “la tecnología utilizada en Ultzama fue correcta y de mercado. La planta se puso en marcha con buen criterio, a resultas de una necesidad (tratamiento de los purines de las explotaciones ganaderas de la zona) mostrada por los vecinos, si bien se debería haber instituido una Mancomunidad con todos los municipios implicados”.

 

Finalmente, se pone de relieve que “la Corporación de Ultzama que empezó a gobernar en 2015 (EH Bildu), actuó, al igual que su predecesora, sin profesionalidad alguna. Dejó morir a la planta sin argumentación alguna. No se realizó plan de negocio alguno para comprobar que el cierre era la peor de las soluciones para las arcas del Ayuntamiento”.

 

Las conclusiones aprobadas por el Pleno, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento y comunicadas a la Diputación Foral, sin perjuicio de que la Mesa del Parlamento dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

 

De acuerdo con las normas aprobadas por la Mesa del Parlamento el 22 de mayo de 2017, el objeto de la Comisión era “conocer el procedimiento de concesión de obra pública y posterior explotación de la planta de producción de electricidad con base en purín ganadero ubicada en Iraizotz (Ultzama), los proyectos técnicos que la sustentaron, la cesión de la concesión a Bioenergía Ultzama S.A., la participación de concejales como socios en esta mercantil, el desarrollo de la actividad y cierre de la planta, así como el empleo y destino de los fondos públicos provenientes de ayudas o subvenciones otorgadas por los Departamentos del Gobierno de Navarra.

 

Las Comisiones de Investigación se extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura.

 

La Comisión de Investigación que ha presidido Maiorga Ramírez ha estado integrada, además, por Sergio Sayas, Juan Luis Sánchez de Muniáin (G.P. UPN), Unai Hualde, Patxi Leuza (G.P. Geroa Bai), Adolfo Araiz (G.P. EH Bildu), Rubén Velasco, Carlos Couso (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Guzmán Garmendia, Santos Cerdán (G.P. PSN), Javier Garcia (A.P.F. PPN) y Marisa de Simón (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).