El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, llevando a cabo el desarrollo legislativo y aumentando las partidas presupuestarias necesarias para hacer efectivas las recomendaciones vinculantes de la Comunicación Nº 5/2015, que incluye el dictamen aprobado por el Comité DESC en su 61° período de sesiones (29 de mayo a 23 de junio de 2017)”.

 

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo central a “adoptar medidas legislativas y administrativas pertinentes para garantizar que, en los procesos judiciales de desalojos de personas inquilinas, los y las demandadas puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez o jueza pueda evaluar las situaciones de vulnerabilidad y acceso a la vivienda de las familias demandadas. En especial se insta al Gobierno a modificar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a fin de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva y prohibición de desalojo sin alternativa habitacional”.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de España a “cumplir con las disposiciones contenidas en la Observación General n° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de prohibir y paralizar inmediatamente todos los desahucios a personas y familias en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional”.

 

Además, se conmina al Ejecutivo de Madrid a “adoptar los mecanismos administrativos para luchar en contra del acaparamiento de viviendas en manos de grandes sociedades o entidades tenedoras de vivienda. Así mismo se insta a adoptar medidas legislativas para obligar a las y los grandes tenedores de vivienda a ceder sus viviendas vacías a las Administraciones Públicas competentes, para hacer frente a la situación de emergencia social de las personas o familias en riesgo de exclusión”.

 

Asimismo, se compele al Gobierno de España a “promover los acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB) y las entidades bancarias, para la cesión de sus viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social”.

 

Por otra parte, se solicita el establecimiento de “mecanismos de control que obliguen a las y los grandes tenedores de vivienda de España a garantizar el alquiler social en favor de familias en situación de vulnerabilidad que no comprometan los ingresos ponderados de la unidad familiar”.

 

A su vez, se requiere al Ejecutivo central a “implantar una línea de crédito dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler”.

 

A instancias de Geroa Bai, cuya enmienda in voce de adición ha sido aceptada por Podemos-Ahal Dugu, titular de la iniciativa, se invita al Gobierno de España a “cumplir con las observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España del Comité DESC de marzo de 2018 y en concreto con los puntos 35, 36, 37, 38 de los apartados Derechos a una vivienda adecuada y Desahucios”.

 

Ya en lo tocante al ámbito territorial de la Comunidad Foral y a iniciativa de EH Bildu, cuya enmienda in voce de adición también ha sido aceptada, se insta al Gobierno de Navarra a “poner en marcha a la mayor brevedad todas las medidas recogidas en la Ley Foral 24/2013, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra”.

 

A su vez, se induce al Ejecutivo Foral a “elaborar un censo de personas y familias con necesidad de vivienda, especialmente de personas que viven en habitaciones. Este censo se realizará en colaboración con los Servicios Sociales de Base, con los centros de Salud y con los Centros Educativos”.

 

También se emplaza al Gobierno de Navarra a que, “tras la realización del Plan de Vivienda 2018-2028, plantee la elaboración de una nueva ley integral de vivienda, donde se contemple el derecho subjetivo a la vivienda entendido como el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada”.

 

Por último, en este caso con el voto en contra añadido del PSN, se pide al Gobierno de España que “respete, sin ningún tipo de injerencia, todas las decisiones tomadas por el Parlamento de Navarra en materia de vivienda”.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P Podemos-Ahal Dugu alega que, a “pesar de las recomendaciones vinculantes de organismos internacionales, el Gobierno de España sigue incumpliendo sistemáticamente el derecho a la vivienda digna, insistiendo en su visión de acceso a la misma como una cuestión de mercado, con la consiguiente liberalización del sector y la inevitable promoción del crédito hipotecario en cuanto vía de adquisición única o más rentable”.

 

El problema del acceso a la vivienda “se ha agravado adicionalmente con la crisis hipotecaria y la imposibilidad de miles de familias de poder pagar los créditos inmobiliarios, generando cientos de miles de desalojos forzosos, muchos de ellos sin una alternativa habitacional”. Actualmente España acumula el “30% de las viviendas vacías de Europa. Según el censo oficial de población y vivienda más reciente, en 2011 había 3,44 millones de casas vacías”.

 

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha presentado el séptimo informe Arope (noviembre de 2017), donde indica que “el 46% de los/las navarros/as tienen dificultades para llegar a fin de mes, y el 13% se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, alcanzándose las 83.000 personas, lo que supone 30.000 habitantes más que en 2010”.

 

En ese contexto, se subraya que la “clamorosa falta de políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda ha favorecido la tendencia al sobreendeudamiento y al sobreesfuerzo económico”. A ese respecto, se apunta que en España el porcentaje de viviendas de alquiler social “no alcanza al 2% del total, cuando la media de la UE está entre el 15% y el 18%”.

 

A la problemática de las ejecuciones y desahucios hipotecarios (según datos del CGPJ un 54% de los 67.359 desahucios de 2016 estuvieron relacionados con el impago del alquiler), se añade la del “alquiler, castigado por las consecutivas reformas de la Ley de Alquiler Urbano, que han consagrado la inestabilidad del proyecto vital cada 3 años y la posibilidad de establecer subidas indiscriminadas de precio durante cada renovación contractual”.

 

 

• www.parlamentodenavarra.es

• Publicación de la moción (BOPN, n.º 33, de 16-03-2018)