Publicada el Jeudi, 2 de octobre de 2025

Rechazada una moción para instar al Gobierno de Navarra a suprimir todo tipo de financiación a entidades que colaboren con la inmigración ilegal

Vox se queda solo en su defensa de las modificaciones normativas precisas para eliminar cualquier posibilidad de regularizar la situación administrativa de la población migrante

El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y los votos a favor de Grupo Mixto y no adscrita, una moción para instar a la Cámara a posicionarse a “favor de la supresión de la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a territorio nacional y emplazar al Gobierno de España a las modificaciones normativas pertinentes”.

 

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se exhortaba al Legislativo Foral a manifestarse a “favor de la expulsión inmediata de todos aquellos extranjeros que hayan entrado de forma ilegal a España, y también de todos aquellos que, habiendo entrado de forma legal, cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida”.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se conminaba al Gobierno de Navarra a “suprimir cualquier tipo de financiación a entidades y ONGs, que colaboren con la inmigración ilegal y las mafias del tráfico de seres humanos, especialmente a aquellas que cooperen para favorecer que personas que han entrado de forma ilegal puedan regularizar su situación”.

 

Por último, se compelía al Ejecutivo Foral a “llevar a cabo las modificaciones legales necesarias, con el fin de impedir que ninguna persona que haya entrado de forma ilegal a territorio español pueda obtener ningún tipo de ayuda pública, así como a otorgar prioridad a la población nacional en el acceso a todas las ayudas sociales”.

 

En la exposición de motivos, la moción impulsada por el Grupo Mixto cuestionaba el arraigo y la Reforma del Reglamento de Extranjería de 2024, por constituirse en “herramientas jurídicas de regularización masiva” de inmigración ilegal, mediante la “reducción de requisitos, el otorgamiento de facilidades para reagrupaciones familiares y el refuerzo del efecto llamada”.

 

Frente a esa postura y en consonancia con la defensa de una política de inmigración “legal, ordenada y de conformidad con las necesidades del mercado laboral”, el proponente propugnaba la “supresión de todo tipo de ayudas públicas y la devolución de esas personas a sus países de origen, sin opción a regularizar su situación”.