Publicada el Jeudi, 23 de avril de 2026

El Gobierno de Navarra afirma que el proceso de regularización de la población migrante se está desarrollando "con normalidad"

En respuesta a una interpelación del PSN, que destaca el "impacto positivo" de un acto de justicia social y subraya su encaje en la construcción de una Navarra “diversa y solidaria" 

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha destacado que, en su primera semana, el proceso extraordinario de regularización de migrantes está transcurriendo "con normalidad" y cuenta hasta el momento con nueve entidades colaboradoras en la Comunidad foral para realizar estos trámites. Ha mostrado su confianza, además, en que "la inmensa mayoría de los ayuntamientos navarros van a facilitar" este proceso.

 

En el marco de una interpelación del PSN en materia de migración y procesos de regularización, en el Pleno de control, Alfaro ha destacado que este proceso "va a permitir que cientos de miles de personas" en el conjunto de España "pasen de ser ciudadanos de segunda a tener los mismos derechos que el resto". Una medida, ha asegurado, muy esperada por "la mayoría de la sociedad civil" y las entidades sociales. "Es difícil oponerse a que vecinos y vecinas que viven junto a ti no tengan el derecho a labrarse un futuro de vida digno", ha subrayado.

 

Alfaro ha indicado que, en esta primera semana, el proceso se está desarrollando en Navarra "con aparente normalidad". Ha explicado que la estimación del Gobierno foral es que beneficie a unas 10.000 personas, pero ha llamado a ser "extremadamente cautos con los datos". De la misma manera, hasta el momento hay en Navarra 9 entidades colaboradoras, cinco navarras y cuatro de ámbito estatal, pero con sede en la Comunidad foral. Ha precisado que es un "listado vivo" y ha esperado que vaya aumentando.


La consejera ha destacado que, desde el principio, en el Ejecutivo foral "tuvimos claro que nos íbamos a volcar en este proceso" en el ámbito de sus competencias. En este sentido, ha indicado que "nos hubiera gustado desde Navarra tramitar y resolver estos procedimientos", que son competencia estatal, pero no ha podido ser así. "No tengo tampoco ninguna duda de que la inmensa mayoría de los ayuntamientos navarros va a facilitar, en la medida de sus posibilidades, este proceso. También no tengo duda de que tendremos excepciones a este buen proceder", ha añadido.

 

Al respecto, Alfaro ha advertido ante "una extrema derecha enfurecida" que ha hecho "de la criminalización de la migración su único argumento y sustento político", a lo que ha sumado "gente sin escrúpulos que prefiere la mano de obra barata, esclava y sumisa a la que le paga menos y por la que no hay que cotizar".

 

Olga Chueca G.P. PSN) ha defendido que el proceso de regularización es "un acto de justicia social y de dignidad humana, que además otorga derechos y obligaciones a personas que contribuyen en el día a día hacer de nuestro país y de nuestra tierra". Ha remarcado el "impacto positivo" de la inmigración en Navarra, que no es "una realidad ajena" sino de "nuestra tierra tal y como es. Basta ya de estigmatizar y rechazar al migrante solo por el hecho de serlo", ha exigido, para añadir que estos proceso de regularización ha sido realizado por "todos los Gobierno de España".

Ha defendido que "podemos hacer muchas cosas desde nuestras competencias" como "mejorar los informes de vulnerabilidad, reforzar los recursos públicos destinados a la atención y a la orientación" o trasladar al Estado la necesidad de implantar más oficinas para que este proceso se desarrolle "con la mayor normalidad y la máxima cohesión social".

 

Así, Chueca ha abogado por plantear propuestas para "seguir construyendo una Navarra diversa y plural. Una comunidad donde la igualdad, la solidaridad, la convivencia y el respeto sean los valores que nos definan". Ha esperado que los ayuntamientos opten por "facilitar" este proyecto y ha acusado al alcalde de Tudela de asentarse "en la queja y echar la culpa de todo al Gobierno de España" con la intención de "confrontar y alarmar".


Cristina López (G.P. UPN) ha considerado que este proceso es "la constatación del fracaso de la política migratoria de Pedro Sánchez, que hace que haya cientos de miles de personas en situación de irregularidad". Ha pedido que desde Navarra se evalúe las "implicaciones" que va a tener la regularización para conocer "el porcentaje de personas que van a lograr un contrato laboral" o las "afecciones que pueda haber en la renta garantizada o el impacto en servicios públicos". Ha criticado que la regularización no "está vinculada al empleo" y se ha adoptado por "puro oportunismo político".


Javier Arza (G.P. EH Bildu) ha llamado a no hacer política "aprovechándose de las migraciones". Ha defendido una política migratoria "justa y eficaz" desde la "cooperación" de las instituciones comunitarias. Igualmente, ha rechazado una política migratoria "desde la excepcionalidad y la restricción" como la que "emana desde la Unión Europea" y que "se plasman" en la Ley de Extranjería en España.

 

Javier Ollo (G.P. Geroa Bai) ha compartido el proceso, pero no su "formas" por ser "unilateral" por parte del Gobierno central, sin pasar por el Congreso. Ha expresado su "inquietud" de que esta regularización "haya dejado de lado a las personas inmersas en una solicitud de apatridia", en su mayoría de origen saharaui, con los que "el Estado español tiene una deuda histórica".

 

Maribel García Malo (G.P. PPN) ha censurado que "cualquier crítica" a esta medida "se descalifique automáticamente", al "confundir personas con política migratoria”. Un proceso que se ha aprobado de forma "unilateral, sin planificación, sin debate y sin consenso" y que va a tener un "impacto económico" que no se ha "previsto", ya que "activa prestaciones y genera nuevas obligaciones que recaen sobre comunidades autónomas y sobre ayuntamientos".

 

Daniel López (G.P. Contigo-Zurekin) ha defendido que "tener una vida digna es lo mínimo que quiere una persona, sea de donde sea" y ha criticado a quienes "se permiten el lujo" de "cuestionar el número que son o cómo han llegado". Y ha esperado que este proceso de regularización "se culmine con el mayor de los éxitos" y que las medidas adoptadas por el Gobierno foral "supongan una ayuda para todas estas personas" en la Comunidad foral.

 

Finalmente, Emilio Jiménez (G-Mixto) ha rechazado la "demagogia criminal e irresponsable". Ha criticado que "no existe política, solo oportunismo y tácticas cortoplacistas para sobrevivir y seguir en el poder".

 

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