El Gobierno de Navarra destaca el aumento de inversión en dependencia y apuesta por una red de cuidados con "enfoque comunitario"
En respuesta a una interpelación de Geroa Bai, que reclama una Ley Foral de Dependencia “de acceso universal” y que asegure el nivel de prestaciones y servicios “al margen de los vaivenes económicos”
La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha destacado la "fuerte inyección de fondos públicos" a la dependencia en la Comunidad foral, con un incremento del 72% desde 2019. A su vez, ha apostado por construir una red de cuidados con un "enfoque comunitario" para "favorecer la autonomía".
En respuesta a una interpelación de Geroa Bai en la sesión de pleno, Maeztu ha señalado que el envejecimiento de la población está conllevando un aumento de personas con dependencia y, con ello, la necesidad de "sistemas sólidos de cuidados de larga duración". Lo que ha llevado al Gobierno de Navarra, ha destacado, a impulsar "un cambio de modelo centrado en la persona y un gran pacto como el Pacto Foral de los Cuidados que ponga a los cuidados en el centro".
Asimismo, ha apostado por "construir estrategias amplias de prevención, de acompañamiento y de mantenimiento de las capacidades de apoyo a la vida independiente". "No se trata únicamente de ampliar residencias o prestaciones, sino de construir un verdadero sistema público de cuidados que debe integrarse desde un enfoque comunitario, coordinado con los servicios sociales y sanitarios" para "favorecer la autonomía y la permanencia de las personas en sus casas", ha dicho.
Maeztu ha destacado que el Ejecutivo foral "está poniendo recursos económicos" no solo en infraestructuras y financiación de plazas públicas, sino también en "mejorar la calidad de las personas que trabajan en el sector". En este sentido, ha puesto en valor el "acuerdo histórico" para el convenio colectivo de residencias y centros de día "que va a mejorar sus condiciones laborales y de calidad del empleo". Ha reconocido que hay cuestiones que hay que mejorar y se ha comprometido a "volver a estar por debajo de los seis meses en la concesión de las prestaciones".
Igualmente, ha resaltado que, desde 2019, "se ha hecho una fuerte inyección de fondos públicos al sistema de cuidados en Navarra", pasando de destinar ese año 128,9 millones de euros a 222,57 en el año 2025, "lo que supone un incremento porcentual del 72% cuando las personas atendidas en este mismo periodo se han incrementado en un 26%". Además, "se han creado 4.788 puestos de trabajo" en el sector en este mismo periodo.
Por su parte, la representante de Geroa Bai, Isabel Aranburu, ha apostado por contar con unos servicios de ayuda a domicilio "potentes en cobertura y en intensidad" pero, previamente, hay que "abordar la financiación, el equilibrio entre servicios y prestaciones económicas y los plazos de todo el proceso referido a las personas con dependencia". En cuanto a la financiación, ha considerado que la procedente del Estado "no puede considerarse suficiente".
Ha reclamado una Ley Foral de Dependencia que "deberá ser de acceso universal" y tener como objetivos "asegurar el nivel de prestaciones y servicios al margen de los vaivenes económicos, reordenar la normativa existente, actualizar los perfiles y las ratios de profesionales de los diferentes servicios, homogenizar las prestaciones y atenciones en todo el territorio navarro", así como "repensar y reconfigurar el copago de los servicios, sobre todo de los centros residenciales". Igualmente, ha advertido de la situación de algunos centros en zonas rurales que "en estos últimos años han ido acumulando problemas" que "han puesto en muy serio riesgo su viabilidad".
Desde UPN, Raquel Garbayo ha afirmado que "hablar de dependencia en Navarra con gobiernos que se hacen llamar progresistas es sinónimo de suspenso", aludiendo a las notas del Observatorio de la Dependencia de Navarra desde 2015; "muy diferentes" a las que obtenía cuando gobernaba UPN. Todo ello a pesar de contar con "una disponibilidad presupuestaria sin precedentes" que "no se ha traducido en una mejora proporcional de los servicios públicos". A ello ha sumado listas de espera "que desesperan a las personas afectadas y a sus familias".
Olga Chueca (PSN) ha destacado la necesidad de "reforzar y transformar el sistema de cuidados" pero "no de cualquier manera". Ha señalado que "la transformación del sistema debe hacerse desde una perspectiva integral, comunitaria, feminista y centrada en la persona". Si bien ha afirmado que "se ha avanzado mucho en estos diez años", ha indicado que hay retos como "reforzar la atención domiciliaria y fomentar los recursos comunitarios", abordar "las desigualdades territoriales" y "ampliar la atención sociosanitaria".
Javier Arza, de EH Bildu, ha abogado por "contar con un sistema público y comunitario de cuidados". Ha reconocido que, en este camino, "ha habido avances pero nos queda muchísimo por trabajar". En su opinión, la prioridad pasa por "la urgente necesidad" de reducir los tiempos de espera para la valoración de la dependencia y la aprobación de una Ley de Dependencia "propia". Asimismo, ha llamado a "revisar y reforzar" el Servicio de Atención Domiciliaria.
Por parte del PPN, Maribel García Malo ha resaltado que "desde que ustedes gobiernan, Navarra ha suspendido en dependencia todos los años excepto en 2022", lo que se refleja en una "atención que no llega a tiempo" y "familias que siguen esperando una respuesta eficaz por parte de la Administración". Asimismo, ha afirmado que "Navarra gasta menos por persona" en dependencia que la media estatal: "No es una prioridad la dependencia para este Gobierno", ha concluido.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha reivindicado la "publificación" de los servicios de atención a la dependencia. Ha apostado por enfocar los cuidados en la "desinstitucionalización" y garantizar una atención "centrada en la persona en su hogar" y por "garantizar servicios públicos bien financiados que encajen con las necesidades específicas".
Finalmente, Emilio Jiménez, del Grupo Mixto, ha criticado que el sistema de dependencia está "fallando estrepitosamente", con tiempos de espera para su valoración "de 15 a 18 meses". Ha opinado que "el problema es la gestión de los recursos, no gastar más sino gastar mejor". "A los necesitados les da igual que sea público o privado, lo que quiere es que les atiendan", ha remarcado.