El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, la abstención de la no adscrita y el voto a favor del Grupo Mixto, una moción para instar a los gobiernos de España y Navarra a “promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirado en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Según se hace constar, dicho sistema, “adecuado a la legalidad vigente, incluirá el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; la vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema; y la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación ilegal, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba a los ejecutivos central y Foral a “establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Dicho sistema, así se precisa, incluirá la “exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Navarra y España (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler); el refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”.

El objetivo, según se señala, es “garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida, permitir el retorno de miles de navarros forzados a emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda”.

A estos efectos, “se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Navarra, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.

También deberá incluir la valoración “positiva, a efectos de criterios de baremación (acceso a VPO y alquiler social), de todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento, etc.

También deberá materializarse “la exclusión de aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años. Lo mismo sucederá cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública”.

Y la “eliminación de criterios que favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba a los gobiernos de España y Navarra a “promover la derogación o modificación de toda normativa que dificulte la consecución efectiva de la prioridad nacional en los términos descritos en los puntos anteriores, incluyendo la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”.

El PPN ha presentado una enmienda de sustitución, no aceptada por el G-Mixto, titular de la iniciativa, dirigida a “defender una política migratoria clara y responsable”, también de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo de Retornos (aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año), cuya aplicación reclamaban de forma “inmediata”. En ese marco, abogaban por promover el principio de “arraigo real, duradero y verificable” como guía principal en la “asignación prioritaria de los recursos públicos”.

En la exposición de motivos, el Grupo Mixto defendía la inclusión del principio de prioridad nacional en Navarra para, según se esgrimía, “asegurar la calidad y eficacia de los servicios públicos” propios del estado de bienestar, al que observan en una profunda crisis, como consecuencia de la “asfixiante carga fiscal y la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos”.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la moción (BOPN, n.º 53, de 15-05-2026)