El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “derogar definitivamente la LOMCE y apostar por un pacto social y político por la educación que defienda, ante todo, la educación pública y el derecho a la educación de todos y todas”.

A tal objeto y según se precisa, se solicita la “apertura de un espacio de negociación con todos los sectores de la comunidad educativa sobre la base de los siguientes diez puntos”.

En primer lugar, se emplaza a que la educación básica “considere entre sus finalidades que los alumnos y las alumnas sean capaces de aprender a ser personas, a vivir con dignidad, a convivir como ciudadanos y ciudadanas del mundo y a ser críticos, libres, justos y solidarios”.

Asimismo, se subraya que la educación “es un derecho fundamental y universal que debe ser garantizado por los poderes públicos a través de una red de centros públicos suficiente para atender las necesidades educativas de toda la población”.

Del mismo modo, se demanda que “la garantía de la equidad y la inclusión figuren como valores transversales”.

Además, se solicita la “promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, descartando la segregación por razón de sexo en la escolarización del alumnado. Escolarización mixta”.

En ese marco, se demanda la “garantía de una educación laica que respete la libertad de conciencia y elimine cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito educativo”.

Y se conmina a preservar la “exigencia de una escuela democrática y participativa”.

Por otra parte, se apuesta por la “construcción de un currículo alternativo, adaptándolo a las exigencias y necesidades de las nuevas generaciones”.

Y se pide una “inversión educativa del 5% del PIB con el compromiso de llegar al 7%”. Este epígrafe ha prosperado con las abstenciones de EH Bildu e I-E y los votos en contra de UPN y PPN. Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu y PSN han mantenido sus votos a favor.

También se reclama “reconocimiento, valoración y apoyo social e institucional a los y las docentes y demás profesionales del ámbito educativo”.

La moción incluía otros dos puntos, ambos rechazados. El primero, que reclamaba “estabilidad en las políticas educativas”, ha decaído con los votos en contra de UPN, PPN e I-E y las abstenciones de EH Bildu y PSN.

El segundo punto rechazado, sin más respaldo que el de EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu, abogaba porque “las lenguas oficiales y propias de los territorios que están en proceso de normalización lingüística (catalán, euskera, gallego, asturiano y aragonés) sean lenguas vehiculares de la enseñanza y de comunicación interna y externa, de manera que se garantice su progresiva normalización y el conocimiento de las lenguas propias y de la otra lengua oficial por parte de todos los alumnos y alumnas, de forma que, desde la escuelas se pueda trabajar para la verdadera y necesaria integración y cohesión social”. UPN, Geroa Bai, PSN, PPN e I-E han votado en contra.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por la G.P Podemos-Ahal Dugu cuestiona la inoperancia de la Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación constituida en el Congreso en diciembre de 2016 y, a ese respecto, muestra su preocupación por la utilización que de ella hace el Gobierno, empeñado en “dilatar el tiempo y seguir aplicando la denostada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)”.

En vista de que “siguen sin adoptarse medidas concretas para revertir los recortes, especialmente significativos en el área pública”, la proponente llama a “abrir espacios de negociación con la comunidad educativa, que lleva casi tres años trabajando para alcanzar un acuerdo social y político dirigido a la elaboración de una nueva Ley, objetivo para el ya cuentan con un Documento de Bases”.

En esa línea, se hace también mención a la Plataforma Estatal por la Escuela Pública y a sus diez demandas básicas “como punto de partida del necesario diálogo y acuerdo entre el Gobierno y los agentes educativos”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 33, de 16-03-2018)