El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, Francisco Javier Enériz, ha presentado hoy ante la Comisión de Régimen Foral el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2019, un dossier que contempla 2.888 actuaciones, 243 más que en 2018, lo que supone un aumento del 8,5%.

 

La labor de supervisión desplegada en 2019 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 100 sugerencias (otras 20 de índole normativo), 213 recomendaciones y 71 recordatorios de deberes legales (en total 404 decisiones). Todo ello fruto de los 6.683 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.625 consultas y presentar 1.138 quejas (han gestionado 1.219, incluidas los pendientes de 2018), el 82,4% admitidas a trámite. Se han practicado 775 investigaciones, 752 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 17 de oficio, 4 a propuestas ciudadanas y 2 con motivo de los informes realizados a solicitud del Parlamento de Navarra.

 

Las diez materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, función pública (216), educación (157), bienestar social (98), acceso a un empleo público (70), Hacienda (69), tráfico y seguridad vial (61), medio ambiente (59), vivienda (58), sanidad (50) y euskera (29).

 

Por lo que se refiere a la primera de las materias, función pública, de las 216 quejas presentadas 119 tienen que ver con las retribuciones de los empleados públicos (complementos retributivos, ayudas familiares, abono de dietas por guardias médicas, etc.), también en relación a la falta de respuesta (25 quejas) y a la demora en la resolución de los recursos de alzada (47) a propósito de las solicitudes de abono de salarios correspondientes al periodo de verano de varios cursos escolares.

 

Cuestiones asociadas a vacaciones, licencias y permisos, entre ellas siete relacionadas con el permiso de paternidad, bien por denegación o porque la Administración sólo permite su disfrute de forma ininterrumpida (hasta que se haga el desarrollo reglamentario de la Ley Foral 6/2019), suponen otras 33 quejas.

 

Además, diversos colectivos de funcionarios de la Administración Foral, tales como técnicos de enfermería (carrera profesional), varios cuidadores de un centro adscrito a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (trato discriminatorio respecto a Educación por su no encuadramiento en el nivel C) y vigilantes de carreteras (aducen discriminación respecto al personal de Guarderío Forestal y Policía Foral) formularon objeciones de índole profesional.

 

También una asociación profesional y un sindicato de policías hicieron llegar sus reparos acerca de las consecuencias que pudieran derivarse de la aplicación de la Ley Foral 16/2019, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Alertaban sobre una “posible invasión del ámbito judicial y falta de garantías respecto al derecho al honor, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia”.

 

En segundo lugar se sitúan las quejas referentes a educación (157), un centenar de las cuales reclaman el cerramiento lateral del colegio público de Orkoien. La admisión a centros de segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria acapara 22 quejas, entre ellas las de las 10 familias de Lerín que reclamaban la matriculación y el transporte escolar al IES de San Adrián y las de otras 26 familias que demandaban la implantación de una línea adicional en un colegio concertado de Tudela. Además, se contabilizan dos quejas por acoso escolar, otra sobre agresiones de tipo sexual y una cuarta por trato inapropiado de la profesora. La atención dispensada a dos alumnos con necesidades especiales es también motivo de controversia, en este caso por “ausencia de medios apropiados para el cuidado en los campamentos de convivencia”.

 

La tercera posición la ocupan las quejas relativas a bienestar social (98), con preeminencia de las vinculadas con la protección de la infancia y la adolescencia (26), seguidas muy de cerca por las relacionadas con la renta garantizada (19) y, en menor medida, con los problemas que padecen las personas con discapacidad (13), sobre todo a nivel de desplazamiento y accesibilidad. La Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas, por el modo de gestionar la tutela de las personas incapacitadas (7) y la protección de las personas mayores de edad (7), son también objeto de quejas, al igual que la violencia hacia las mujeres (3) y la atención dispensada por los servicios sociales (5).

 

En cuarto término se sitúan las quejas referentes al acceso a un empleo público (70), 56 de las cuales se localizan en la Administración de la Comunidad Foral, 12 en las entidades locales y dos en la UPNA. Sobresalen las relacionadas con el llamamiento a la contratación temporal (ante la falta de atención a una llamada se recurre a otro aspirante), las de las personas con discapacidad (falta de adaptación de los contenidos y del tiempo en los exámenes, exclusión de las convocatorias, demora de los informes de aptitud) y una última que reclama la reserva mínima del 2% del empleo público para las mujeres víctimas de violencia de género.

 

En quinto lugar se ubican las quejas sobre la Hacienda Foral (69), la mayoría cuestionando la posibilidad de practicar determinadas deducciones o reducciones IRPF, ya sea por vivienda habitual, por alquiler de vivienda habitual o por cotizaciones a la Seguridad Social de la trabajadora contratada para el cuidado de un familiar con un grado de discapacidad del 65%.

 

Una asociación de familias numerosas reclamaba la devolución en el IRPF de las cantidades tributadas en concepto de las prestaciones de maternidad y paternidad. En concreto, solicitaban la aplicación en Navarra de la Sentencia 1462/2018, del Tribunal Supremo, de 3 de octubre de 2018, resolutoria de un recurso de casación sobre la exención en el IRPF de la prestación por maternidad, conforme a las previsiones de la Ley estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 

La sexta materia objeto de quejas es tráfico y seguridad vial (61), donde se ponen en solfa cuestiones que afectan a la ordenación del tráfico y la seguridad vial (15), además de sanciones y actuaciones de la grúa (25) y los colapsos que tuvieron lugar en las estaciones ITV.

 

En medio ambiente siguen predominando las quejas inherentes a ruidos por actividades de diversa índole (27 de 59), en especial los que provienen de bajeras de jóvenes, locutorios, negocios de hostelería, fábricas, paradas de autobuses urbanos, vecinos o locales municipales. Otras diez quejas están relacionadas con licencias de actividades clasificadas, bien por denegación de licencias, bien por falta de inspección, bien por otros motivos. La denegación o la demora en facilitar la información ambiental está presente también entre las reclamaciones (9), al igual que la recogida de residuos (9), objeto de controversia por razón de ubicación, acumulación o ruido, en este caso del servicio nocturno de recogida de basuras.

 

En octavo lugar figura vivienda, donde las impugnaciones (58) se refieren principalmente a la falta de adjudicación de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, fruto de la escasez del parque de alquiler, circunstancia admitida por el Departamento competente en la materia con ocasión del análisis de las quejas o actuaciones de oficio tramitadas por la oficina del Defensor del Pueblo.

 

Otras nueve quejas guardaban relación con las ayudas públicas a la compra y arrendamiento (programas EMANZIPA y DAVID) de vivienda. La falta de reparación de desperfectos en viviendas protegidas (6) y la no concesión de una vivienda de emergencia habitacional por parte del Ayuntamiento de Pamplona (6) han sido también motivo de reclamaciones.

 

En noveno lugar se sitúa sanidad (50), donde la mayoría de las quejas tienen que ver con las listas de espera, sobre todo en traumatología y rehabilitación. Se hace constar también la falta de una unidad especializada en fatiga crónica en el SNS-O, la ausencia de un especialista en pediatría en el centro de salud de Etxarri Aranatz desde hace dos años y la protesta de tres mujeres solteras a la que se les ha denegado la técnica de fecundación in vitro por considerarse excluida de la cartera de servicios, razón por la que se sienten “discriminadas”.

 

En décimo lugar aparece el euskera, capítulo en el que gran parte de las quejas consignadas (29) disienten de su valoración en los procesos selectivos de personal convocados por la Administración de la Comunidad Foral y por las entidades locales, porque no se le otorga valoración alguna –mientras sí se valora el conocimiento de lenguas extranjeras en la zona no vascófona–, porque el euskera se valora menos que las lenguas foráneas o por no haberse determinado expresamente en la valoración de méritos –en la zona no vascófona–.

 

También hay quien interpreta la valoración del conocimiento del euskera como un factor de desequilibrio entre aspirantes, a decir de la ciudadana que suscribe este reparo “discriminando a los no vascoparlantes”.

 

La nueva imagen corporativa del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea también suscita alguna queja porque, “pese a estar redactada en forma bilingüe, el euskera aparece en la parte derecha”.

 

El mayor número de las quejas presentadas en 2019 se formuló en relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo sus organismos públicos y sus sociedades públicas. Se presentaron 565 quejas, que representan el 49,6% del total.

 

Dirigidas a las distintas entidades locales y sus entes dependientes se registraron 274 quejas, que representan el 24,1% del total.

 

Le siguen las alusivas a la actuación conjunta de la Administración de la Comunidad Foral y de alguna entidad local, terreno en el que se localizan 144 quejas (17,9%).

 

Las quejas referidas a la Administración del Estado ascienden a 96, lo que supone un 8,4 % del global.

 

En cuanto al medio utilizado para la interposición de las quejas, la principal vía es ya la telemática (54%), cinco puntos por encima de 2018 merced al correo electrónico y los formularios de la web de la institución. En segundo lugar, están las quejas presenciales (38%), seguidas de las dirigidas por correo ordinario (8%).

 

Tras el estudio de las quejas se han dictado 335 resoluciones, lo cual supone un descenso de 66 respecto a 2018. El grado de aceptación de las decisiones del Defensor por parte de las Administraciones Públicas alcanza el 67,16%, en la línea del ejercicio anterior (65,34%) y similar al de 2017 (61,4%).

 

Entre las administraciones públicas que no satisficieron plenamente el deber de colaboración con la institución se citan, entre otras, el Departamento de Educación, los Ayuntamientos de Pamplona-Iruñea, Corella, Villava-Atarrabia y Valle de Egüés-Eguesibar, los concejos de Echávarri y Navascués y la Mancomunidad de la Ribera.

 

En cuanto a las consultas (1.625), han predominado las de bienestar social, en concreto sobre problemas relacionados con la pobreza y la exclusión social, donde se enmarcan cuestiones relacionadas con la renta garantizada, la labor de la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas y asuntos ligados a la protección de menores.

 

En vivienda, se ha inquirido principalmente sobre las dificultades de acceso y, más en concreto, sobre los procesos de adjudicación de VPO, incluidas las ayudas, los defectos constructivos en origen y, ya con carácter general, los problemas de convivencia entre vecinos.

 

En justicia, las consultas han versado sobre ejecución de sentencias, disconformidad con la actuación de abogados, procuradores y colegios profesionales, obstáculos y denegaciones de la asistencia jurídica gratuita, dilación de procesos o falta de acceso a documentación contenida en expedientes judiciales. A su vez, las muestras de disconformidad han alcanzado a la actuación de los registros civiles, en especial por la denegación de inscripciones.

 

Por otra parte, se han recibido 5 propuestas ciudadanas de mejora (son ya 320 desde que se puso en marcha esta iniciativa en 2008), referidas a actuaciones en materia de prestación por desempleo (modificar el método de cálculo), bibliotecas públicas (ampliar el horario de verano), exención del impuesto de vehículos a personas con discapacidad (modificar el límite legal de 12 caballos fiscales) y oposiciones de bombero (implantación del sistema de plicas y celebración separada de los turnos de acceso libre y promoción interna). También han sido objeto de atención las pruebas físicas para el ingreso en la Policía Foral, en este caso para requerir la igualación de los requisitos mínimos de hombres y mujeres.

 

De las cinco propuestas en cuestión, dos dieron lugar a la formulación de sendas sugerencia (una de ellas normativa) que fueron aceptadas, en otras dos no se apreció ninguna vulneración de derechos y la quinta, relativa al cálculo de la prestación estatal de desempleo, fue remitida a la Administración central.

 

En cuanto a la valoración de la situación de la infancia y la adolescencia, los datos recabados ponen de manifiesto ‑de acuerdo con la tendencia de los últimos años‑ un incremento de la actividad del sistema de protección de menores. El número de menores atendidos en 2019, significativamente superior al de ejercicios anteriores, asciende a 2.411, 667 más que en 2018 y 706 más que en 2017. En términos globales, se aprecia un alza del 140% respecto a diez años atrás.

 

Como elemento más destacado se apunta al programa de atención a menores extranjeros no acompañados, fenómeno común a las distintas comunidades autónomas cuya repercusión, al menos en el caso de Navarra, afecta al conjunto del sistema de protección (desamparo y guardia residencial).

 

En términos generales, se aprecian incrementos notables en las cifras de declaraciones de menores en desamparo (22 frente a los 144 de 2018), tutelados (574/427) y en situación de guarda (1.301/797).

 

En ese marco, se confirma la dificultad para hacer valer la preferencia legal por la modalidad de acogimiento familiar respecto a la residencial o institucional, variedad ésta en la que el acogimiento supone el 60,8%.

 

Así las cosas, desde la oficina del Defensor del Pueblo se sugiere proveer de los recursos adecuados al sistema de protección de menores, orientando su intervención a la prevención y atención temprana en situaciones de riesgo, procurando mejorar la coordinación, minimizar los casos de institucionalización y potenciar el acogimiento familiar. También se observa oportuno continuar con los programas de atención a menores no acompañados, en colaboración con otras Administraciones Públicas competentes.

 

Durante el año 2019, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra elaboró tres informes a instancias de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. Dos de ellos por posible vulneración de derechos fundamentales, el de huelga, en el caso de los trabajadores de la empresa Huerta de Peralta, y el de ciudadanía, en el caso del vecindario del casco viejo de Pamplona, con motivo del cerco de la Policía Foral para facilitar la intervención de los técnicos de inspección en el inmueble de Marqués de Rozalejo. El tercer informe fue acerca del número de quejas presentadas en euskera o sobre el euskera ante el Defensor del Pueblo en los últimos cuatro años.

 

Por último, se hace constar que el Defensor del Pueblo participó en diez sesiones del Consejo de Transparencia de Navarra y fue ponente en cinco de los acuerdos adoptados por este órgano, concebido para garantizar el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, así como para velar por el cumplimiento de las obligaciones legales de publicidad activa en lo que atañe a las administraciones y entidades de Navarra.

 

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la Institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra.