El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha destacado el incremento presupuestario de su departamento en un 30,13% desde 2019, una cifra que ha calificado de "importante y significativa".

Así lo ha señalado este jueves, en respuesta a una interpelación sobre política general de prestación de servicios a la Administración de Justicia formulada por Podemos-Ahal Dugu en el pleno de control. Santos ha hecho un repaso por las principales actuaciones realizadas por el departamento durante la actual legislatura.

Entre ellas, ha mencionado la integración dentro de la asistencia gratuita del servicio de atención a la mujer, que hasta 2019 era gestionado por el INAI, para dotarlo "de coherencia". También ha citado la creación de "salas amigables para la atención a niños, más bien niñas, que habían sufrido algún tipo de abuso sexual" y ha anunciado que van a "potenciarlo", con una inversión total de 179.300 euros en la materia.

En materia de violencia de género, ha explicado que se han puesto en marcha terapias para maltratadores y agresores sexuales en el centro penitenciario para evitar reincidencias. En el ámbito de los abusos en el seno de la Iglesia, Santos ha apuntado que actualmente se están gestionando 40 casos en la comisión creada a tal efecto y que "se están haciendo ya las entrevistas pertinentes".

Además de fomentar el ejercicio de "toda la capacidad jurídica" de las personas con discapacidad, se ha trabajado en la asistencia jurídica gratuita, elaborando un nuevo decreto foral que insiste en la prestación de servicios "igualitarios" en todo el territorio, "que hasta ahora se diferenciaba", y aumenta el presupuesto destinado a tal fin. En materia de apoyo familiar, Santos ha mencionado el incremento de plazas en los servicios psicosociales, pasando de 3 a 8, y el de los juzgados de familia (de dos a tres, uno de ellos especializado en discapacidad).

Por otro lado, ha hecho referencia a la creación del registro de parejas estables, que cuenta con 133 municipios adheridos. Según ha indicado, en 2022 se recibieron 507 solicitudes por parte de los ayuntamientos, este año van 84, y en total se han inscrito en 2021 1.076 parejas estables. Una cifra que se triplica en 2022, con 3.518 inscripciones. "Es un modelo que funciona, de éxito, que va a seguir implementándose", ha corroborado.

En materia de desahucios, ha remarcado que "lamentablemente, hemos doblado el número de atenciones a personas amenazadas por impagos de alquiler y similares", y en materia de ejecución penal enfocada a reinserción, ha destacado la emisión de informes psicosociales previos para juzgados y tribunales. "En un año ha gestionado ya 195 expedientes, una cantidad apreciable", ha significado.

Respecto a la justicia restaurativa, se ha aumentado más de un 25% en estos años el uso de sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos. El total de casos en 4 años ha sido 2.800, con una tasa de resolución positiva del 60%, pasando de 642 casos en 2018 a 900 en 2022.

Eduardo Santos también ha citado el trabajo elaborado en digitalización y la gestión de proyectos europeos en la materia. "Estamos pasando de un sistema de gestión procesal normal a un sistema de gestión procesal avanzado", ha afirmado, tras remarcar que se van a gestionar más de 4 millones de euros en este ámbito, de los cuales, más de un millón serán en este ejercicio.

Ainhoa Aznárez (A.P.F. Podemos-Ahal Dugu) ha declarado que el consejero "a menudo suele repetir que el espacio de la justicia es un ámbito de dialogo y de acuerdo, y esto requiere un ámbito de gobernanza que es complejo".

Jorge Esparza (G.P. Navarra Suma) ha criticado el "impacto en Navarra" de temas nacionales como la ley de 'solo sí es sí' o la huelga de letrados de Justicia. Sobre esta última cuestión, Esparza ha criticado no haber oído "una palabra" del consejero al respecto, cuando "otras comunidades autónomas han pedido al ministerio que se siente a negociar". A su juicio, Santos "hubiera estado mucho más hablador si en el Gobierno de España no estuviera quien está". También ha criticado que de los 17 proyectos en materia de Justicia que cuentan con fondos europeos, solo se va a ejecutar uno esta legislatura. "Habla a las claras de la magnífica competencia del departamento", ha indicado.

Virgina Magdaleno (G.P. PSN) ha considerado que las actuaciones del departamento están "en la senda del cumplimiento del Acuerdo Programático" y que "hay que valorar los hitos" conseguidos, como la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria -un tema del que el Gobierno puede "sacar pecho y sentirse orgulloso"-, o la aprobación de la ley de abusos en el seno de la Iglesia.

Blanca Regúlez (G.P. Geroa Bai) ha destacado el "avance notable" que ha supuesto la creación de la Oficina Judicial en el centro penitenciario, y ha coincidido en valorar positivamente la transferencia de competencias en materia de sanidad penitenciaria. Además, ha esperado que antes del fin de la legislatura se pueda dar "luz verde" a la ley de justicia restaurativa, "la mejor ley para un buen modelo de justicia", según ha indicado.

Arantxa Izurdiaga (G.P. EH Bildu) ha reconocido que se han producido "avances importantes", como la transferencia de competencias de sanidad penitenciaria, pero ha criticado que en Navarra "apenas tenemos competencias en materia de Justicia". Además, ha apostado por realizar un "cambio de paradigma" e implantar un sistema de justicia que sea un "servicio público, al servicio de la ciudadanía".

Por último, Marisa de Simón (G-Mixto Izquierda-Ezkerra) ha valorado positivamente aspectos como la implantación de terapias a agresores sexuales o el registro de parejas estables, y ha subrayado que "hay dos cuestiones que ahora son muy relevantes: esa batería de leyes estatales que pretenden reformular la justicia y que serán nuestras leyes de referencia a futuro, y la propuesta de ley en relación con la justicia restaurativa que vamos a debatir próximamente". Para I-E lo relacionado con la mediación "es una cuestión absolutamente fundamental".