El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de PPN y Vox, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “que una de las medidas de regeneración democrática propuestas por el Presidente del Gobierno de España sea la reforma de la Ley sobre secretos oficiales, con el fin de adecuarla a los derechos y principios de un Estado democrático del siglo XXI”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Geroa Bai esgrime razones de transparencia y contexto para solicitar la adecuación de una Ley que, reformada en 1978, a los 10 años de su promulgación, encomienda al Gobierno central la salvaguarda de la “seguridad y la defensa del Estado conforme a valores que chocan con los actuales parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad”.

A tal objeto, para adaptar la Ley de Secretos Oficiales a los principios inherentes a cualquier Estado democrático y de derecho, se aboga por una legislación que, a imagen de la que rige en USA, Reino Unido, Alemania o Suiza y de conformidad con el “triple test de legalidad, proporcionalidad y necesidad, contemple un plazo de vigencia y un procedimiento claro para clasificar y desclasificar”.

A ese respecto, se subraya la importancia de “no coartar ni restringir indebidamente el derecho de acceso a la información”, para lo cual se recomienda acabar con la dinámica actual de “calificar como secretos la mayoría de los documentos militares, de relaciones diplomáticas, lucha antiterrorista y gastos reservados, en muchos casos sin pasar siquiera por el Consejo de Ministros”.

Es por eso que, para “investigar y prevenir a futuro la violación de derechos humanos” y, dado el caso, “garantizar el ejercicio de verdad, justicia y reparación”, se propugna un nuevo paradigma que “impida perpetuar bajo un manto de silencio e impunidad el secreto de informaciones que no son sino violaciones”.

Al hilo de lo apuntado, el proponente concluye aludiendo a “hechos del pasado que, como “ciertas actuaciones del Estado durante la dictadura y la transición –golpe de estado de 1981, asesinatos del GAL, muerte de Mikel Zabalza– deberían salir definitivamente de la Ley de Secretos Oficiales, porque la sociedad debe y merece conocer qué ocurrió”.

La resolución aprobada reproduce en similares términos el pronunciamiento realizado por la Cámara el 18 de marzo de 2021.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 76, de 28-05-2024)
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