Ese Programa Individual de Atención, según se precisa, “debe estar centrado en la persona; es decir, procurar la atención y resolución de las necesidades de los individuos teniendo en cuenta cómo los perciben; y debe tener una especial relevancia en la intervención psicológica”.

También se estipula que el PIA debe ser “elaborado de manera interdisciplinar y participado por el propio usuario y/o su familia; así como por una persona cualificada del Servicio Social de Base correspondiente o de la entidad prestadora del servicio, en el caso de estar la persona objeto de valoración institucionalizada, constituyendo todo ello los elementos básicos de cualquier intervención asistencial”. Además, el PIA requiere una “revisión continua como elemento clave, evaluándose sus necesidades, adecuando sus propios objetivos y modificando, en consecuencia, los programas de intervención”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se insta al Gobierno de Navarra a que cada Equipo Evaluador esté constituido, al menos, por un médico/a, un psicólogo/a, un trabajador/a social, un terapeuta ocupacional, un enfermero/a-ATS/DUE, y un fisioterapeuta”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se insta al Ejecutivo Foral a la “estabilización de esos puestos de trabajo, a través de la Oferta Pública de Empleo”.

Además, se insta al Gobierno de Navarra a “potenciar la formación y actualización constante de esos profesionales, con el objetivo de que el equipo multiprofesional funcione como tal equipo multidisciplinar”. A tal fin, los equipos, entre otra formación, “deben adquirir conocimientos del manejo de instrumentos de valoración, de la actualización de conocimientos en el ámbito de la discapacidad, en el envejecimiento o en la salud mental, de los recursos, servicios y programas”.

En un quinto punto, se insta al Ejecutivo Foral a “regular la dedicación exclusiva de estos profesionales, mediante el establecimiento de los oportunos complementos salariales que procedan”.

Por último, se insta al Gobierno de Navarra a “elaborar un sistema organizativo para que en los casos de revisión de la valoración de la dependencia solicitadas por personas en desacuerdo con el grado y nivel dictaminado, la valoración de esta segunda revisión sea realizada por otro miembro del equipo distinto al que efectuó la anterior valoración, y si en un futuro hubiera otro equipo, sea revisado por el distinto al inicial”.

Los puntos uno y dos han sido aprobados con la abstención del G.P. Nabai; el cinco con la abstención del G.P. UPN; y el tres, el cuatro y el seis por unanimidad.

En la exposición de motivos, la moción impulsada por el G.P. SPN asegura que lo que se pretende es “garantizar la valoración no sólo de las dificultades físicas, sino también de las cognitivas, de tipo conductual”, etcétera, para lo cual se necesita la “valoración e intervención de equipos multiprofesionales” dotados de personal “experto y estable”. Además, se subraya que no puede ser que “el mismo equipo que ha valorado” se encargue también de las posibles “reclamaciones” a su dictamen.

· www.parlamento-navarra.es/castellano/boletines.asp

· Publicación de la moción (BOPN, n.º 67, de 26-06-2009)