Se insta al Gobierno de Navarra a garantizar medidas específicas para prevenir y erradicar las mutilaciones genitales femeninas. Especialmente importantes se consideran las acciones de solidaridad y cooperación que están encaminadas a generar unas condiciones de vida óptimas para las mujeres de los países donde son habituales estas prácticas, así como la información suficiente sobre las consecuencias penales que estas prácticas tienen en nuestro país.

Se insta al Gobierno de Navarra a seguir promoviendo la mediación comunitaria en las familias, si existe riesgo de mutilaciones genitales. En estos casos debe procurarse que en la negociación participen expertos y personas de las comunidades afectadas por estas prácticas, asegurando, además, la actuación de agentes sociales de atención primaria.

Se insta al Gobierno de Navarra a contar con mecanismos sanitarios de intervención quirúrgica en el sistema público de salud, a fin de poder hacer frente a la demanda de las mujeres que quieran revertir los efectos de la mutilación practicada; y a contar con mecanismos de apoyo psicológico, familiar y comunitario. En los casos de riesgo para la salud de las menores de edad, el personal profesional debe disponer de mecanismos que posibiliten la realización de la intervención quirúrgica.

Se insta al Gobierno de Navarra a presentar, en el plazo de seis meses, un protocolo de actuación para la atención médica, social y psicológica de las mujeres que hayan sufrido mutilación genital, teniendo en cuenta el ámbito sanitario, educativo, social y judicial.