El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que la Cámara “muestra su rechazo a la interposición ante el Tribunal Constitucional de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 7/2011, de 24 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, significando que la interposición de tal recurso supone el desconocimiento de las competencias históricas de Navarra en materia de personal, lo que resulta tanto más grave al haber sido expresamente reconocidas en la Disposición Adicional octava de la Ley Orgánica 19/2003, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

La resolución aprobada, que es producto de una enmienda de sustitución rubricada por todos los grupos, incluye un segundo punto en el que, a su vez, el Parlamento muestra su “solidaridad con el personal al servicio de la Administración de Justicia en Navarra afectado, instando al Gobierno de Navarra a mantener con el mismo los cauces de diálogo e interlocución adecuados para acordar las medidas que procedan, a fin de conseguir su efectiva equiparación con el resto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se insta al Ejecutivo Foral a “agotar todas las posibilidades de negociación y acuerdo con el Gobierno de España, para que se reconozca la competencia efectiva de Navarra sobre el referido personal conforme a lo dispuesto en la disposición Adicional octava de la Ley Orgánica 19/2003, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, en todo caso, deberá ejercerse, dado el carácter nacional de dichos cuerpos, de acuerdo con los principios de lealtad institucional, colaboración y coordinación”.

En la exposición de motivos, la resolución inicial impulsada por el G.P. Nabai se remite a la interpelación que, sobre el desarrollo de las competencias asumidas en materia de Justicia, tuvo lugar en el Pleno del pasado 23 de febrero y, a ese respecto, recuerda que puso de manifiesto la “voluntad prácticamente unánime de sostener la Ley Foral 7/2011 ajustada a derecho”, y la “necesidad de abordar la prestación de los servicios del personal transferido, tanto en la negociación laboral como en la adecuación de la formativa”.

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· Publicación de la moción (BOPN, n.º 23, de 6-3-2012)