La Comisión de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra ha visitado hoy, a petición de los grupos parlamentarios UPN y SN, la empresa de Cementos Portland en Olazagutía.

Los miembros de la Comisión que han asistido han sido Begoña Sanzberro (P), Isabel García Malo, Jerónimo Gómez, Pruden Indurain (G.P. UPN), Samuel Caro (G.P. SN), Manu Ayerdi (G.P. Nabai), Bikendi Barea y Bakartxo Ruiz (G.P. Bildu).

El objeto de la visita, según han constatado Maribel García Malo (UPN) y Samuel Caro (SN), ha sido “conocer las instalaciones de la planta y recabar la opinión del comité de empresa acerca del proyecto de valorización energética” que, para reducir el consumo de combustible fósil (petróleo sólido), demanda la empresa a fin de aminorar costes y ganar en competitividad.

La delegación del Parlamento ha sido recibida por José Antonio García, director de la fábrica, Nieves Lacera, jefa de Producción, Teresa Vera, jefa de Calidad, Roberto Domaica, director de la Cantera y Pablo Istúriz, jefe de Recursos Humanos.

A continuación, tras una breve presentación de la fábrica y su actividad a cargo del director, José Antonio García, se ha celebrado una reunión con el Comité de Empresa presidido por Javier Lecumberri e integrado por cuatro representantes de UGT, 3 de ELA y 2 de CCOO.

En el curso de su intervención, Javier Lecumberri ha destacado la “preocupación” de los trabajadores por el porvenir de una planta que, tras ver disminuir su actividad “casi en un 60%”, necesita empezar a utilizar residuos no reciclables a modo de combustible (valorización), a fin de situarse en “igualdad de condiciones” con respecto a las otras tres empresas que el grupo (8 en el Estado) tiene en el Norte, una de las cuales “va a cerrar” próximamente.

“Nuestra principal competidora es Lemona, donde llevan 15 años valorizando, y ahora mismo hasta el 60% del combustible que emplean se obtiene por esa vía. Supone un ahorro en costes de producción de 6-7 euros por tonelada de cemento, amén de un descenso en las emisiones directas de CO2 a la atmósfera, penalizadas por la Unión Europea a partir de 2013”, ha significado Lecumberri.

La valorización -ha agregado- “no garantiza la continuidad", si bien permitiría ser “optimistas”, teniendo en cuenta que la planta navarra está “bien situada, bien comunicada, y cuenta con dos hornos (ahora sólo uno en activo) y una cantera de calidad”.

A partir de ahí, el representante de los trabajadores se ha referido a las “manipulaciones y falsedades” que, en torno a las “supuestas consecuencias físicas y medioambientales”, acarrearía la implantación de la valorización energética, un sistema para el que Pórtland ya tiene autorización (recurrida por el Ayuntamiento de Olazti ante el Supremo) y que requeriría de una inversión de entre 3 y 5 millones de euros.

“Hablamos de mejoras ambientales, de menos emisiones contaminantes. Si el temor es que aquí se incineren basuras, que se sepa que eso no es posible, pues supondría intoxicar toda la línea de producción, que prácticamente habría que reconstruir. La valorización implica el uso de residuos específicos sometidos a medidas excepcionales de control”, ha subrayado.

Finalmente, Javier Lecumberri ha cuestionado la postura de Bildu, que en Lemona, donde gobierna desde hace ocho meses, “no ha puesto ningún problema”, y aquí ha recurrido la Autorización Ambiental, o sea la “licencia de actividad, al Supremo. No es de recibo. Esta fábrica da empleo directo a 148 personas, y a otras cien de modo indirecto, en la zona con mayor tasa de paro de Navarra”.

Maribel García Malo ((UPN) ha abierto el turno de intervenciones correspondiente a los Parlamentarios transmitiendo el “apoyo total y absoluto” de su grupo y de la “amplia mayoría” del Parlamento a la empresa de Olazagutía y a la dirección de Pórtland. “Sin el proyecto de valorización la planta no es competitiva y tiene menos posibilidades de seguir adelante. Estamos haciendo todo lo posible. Lo que no entiendo es que allí donde ese sistema ya está implantado, como en Lemona, la relación sea de colaboración y aquí, con un gobierno municipal del mismo signo, no suceda igual”, ha apuntado en alusión a Bildu.

Samuel Caro (SN) ha afirmado que para los socialistas era “fundamental”, después de conocer la opinión de la empresa, escuchar el parecer de los representantes de los trabajadores. “La situación es muy comprometida, sin valorización tenemos todas las papeletas para que ocurra lo que no deseamos. Este proyecto, que entraña mejoras medioambientales, tiene el respaldo de la mayoría parlamentaria. La Sakana no se puede permitir muchos lujos en relación con el empleo”.

Manu Ayerdi (Nabai) ha tachado de “razonable, lógico y necesario” el planteamiento de la empresa. “Desde la óptima de la normativa europea y de la competitividad, la valorización es procedente. Lo que sí vamos a exigir es que la autorización ambiental, que esperemos llegue cuanto antes, se cumpla estrictamente”.

Bikendi Barea (Bildu) ha solicitado “respeto” para la “mayoría” de los habitantes de la Sakana y para la “parte institucional” que la representa. “Aunque se ponga en duda, no queremos que se destruya empleo, pero priorizamos los intereses de los ciudadanos sobre los de una empresa, más aún ante la existencia de informes apabullantes que, cuando menos, ponen en duda, si no ligan directamente la incidencia de las incineradoras a las afecciones de cáncer que se detectan en sus áreas de influencia. Históricamente la izquierda abertzale siempre se ha opuesto, de hecho la postura de Bildu en todos los ayuntamientos es contraria a la incineración y la valorización. Nos acusan de estar gestionando algo que no es sino producto de una situación heredada que, de un día para otro, no se puede resolver”.

La sesión de trabajo ha concluido con una visita guiada a las distintas dependencias de la planta, para conocer in situ el operativo de producción y control.