El Parlamento aprueba una declaración institucional por la que se reafirman las diversas declaraciones aprobadas en lo referente al legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación
La Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad una declaración institucional por la que se reafirman las diversas declaraciones aprobadas en lo referente al legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, aprobada por los Intergrupos Parlamentarios “Paz y Libertad para el Sáhara Occidental”.
La declaración dice lo siguiente:
“1. Reafirmar lo manifestado en las sucesivas declaraciones aprobadas hasta la fecha en lo referente al legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación mediante referéndum, como final del proceso de descolonización en el que está inmerso, e instar al Gobierno de España, como potencia colonizadora de iure, a liderar dentro de la comunidad internacional el trabajo tendente a la realización del referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental.
2. Reiterar nuestro reconocimiento al Frente Polisario como único legítimo representante del pueblo saharaui y solicitamos al Gobierno de España que otorgue a sus representantes el mismo estatus diplomático que goza la Misión Diplomática Palestina en el Reino de España.
3. Exigir al Reino de Marruecos la inmediata liberación de los presos de conciencia saharauis. Asimismo hacemos una mención especial a la situación dramática de soledad y desarraigo de las mujeres saharauis, -no conocida suficientemente por la ciudadanía y la comunidad internacional- víctimas de la violación de los derechos humanos. En particular a las desaparecidas en los territorios ocupados, cuya situación afecta especialmente a sus familias que han tenido que hacerse cargo de sus hijos e hijas.
4. Instar a las Naciones Unidas a agilizar la solución justa y duradera del conflicto del Sahara Occidental, solución que pasa por llevar a la práctica el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
5. Instar a la Organización de las Naciones Unidas a que dote a la Minurso de la potestad para salvaguardar los derechos humanos de las y los habitantes del Sahara Occidental ocupado.
6. Instar al conjunto de instituciones públicas de España a continuar el apoyo solidario a la población refugiada en los campamentos de Tindouf, máxime en estos momentos de crisis económica. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con los tres cooperantes secuestrados en dichos campamentos, así como con sus familias y amistades, y exigimos la pronta liberación de Enric Gonyalons, Ainhoa Fernández de Rincón y Rosella Urru. Reconocemos también el trabajo realizado por diferentes gobiernos e instancias solidarias y, en especial por el Frente Polisario, que no ha dejado un solo día de trabajar en pos de la liberación de dichos cooperantes.
7. Establecer como prioridad para la acción de los intergrupos en este año 2012 el apoyo a la población saharaui de los territorios ocupados a través del envío de misiones de observación.
8. Instar a la Unión Europea a colaborar en la búsqueda de la solución antes apuntada, a hacer efectiva la cláusula del respeto a los derechos humanos establecida en el Acuerdo Preferencial con el Reino de Marruecos y a que los convenios sectoriales que pudiera establecer con el Reino de Marruecos no afecten al territorio, ni a las aguas territoriales del Sahara Occidental, ni a los derechos políticos, culturales y económicos del pueblo saharaui, ni en general a sus recursos naturales, tal y como se recoge en la resolución 63/102, aprobada por la Asamble General de la ONU el 18 de diciembre de 2008.
9. Invitar a los medios de comunicación a que traten al conficto saharaui con la misma importancia y relevancia que le confiere la sociedad española. Animamos a las personas solidarias con la causa saharaui a que a través de las redes sociales difundan y denuncien la situación del Sahara ocupado.
10. Instar al resto de parlamentos del Estado español a que hagan suyo el contenido de esta declaración. La declaración se remitirá a la representante del Consejo de Seguridad de Naciones unidas, al Gobierno de España, a la Comisión Europea, a la Delegación del Frente Polisario en España y al Gobierno de Marruecos”.