El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de UPN, SN y PPN y los votos a favor de Bildu, Nabai, I-E y los dos Parlamentarios no adscritos, las enmiendas a la totalidad presentadas a la Ley Foral que establece la cuantía y fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios de 2013 y 2014.
 

El Fondo de Haciendas Locales es el sistema mediante el cual el Gobierno de Navarra financia a los ayuntamientos y concejos sus gastos corrientes (personal, oficinas, suministros…). Las inversiones (infraestructuras, renovación y saneamiento de redes, pavimentación de calles…), por su parte, son cofinanciadas a través del Plan de Inversiones Locales, que ha sido prorrogado por el Parlamento de Navarra hasta que se apruebe uno nuevo.
 

En esta ocasión, el proyecto de Ley fija en 196.580.332 euros la cuantía global del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de Navarra para el ejercicio económico de 2013, cantidad que se actualizará conforme al IPC para el año 2014.
 

167.939.611 euros de los que consta dicho Fondo se asignarán a transferencias corrientes y el resto, dentro del apartado de otras ayudas, se destinará a la Carta de Capitalidad del Ayuntamiento de Pamplona (22.942.425 euros), al pago a corporativos de los ayuntamientos de Navarra (5.315.239) y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (383.057 euros).
 

La principal novedad es que, frente a los cuatro habituales, se establece una duración de dos años. Ello se debe, en primer lugar, a la crisis económica, que “aconseja reducir la duración de la regulación de este fondo, en la confianza de que una “evolución favorable” de la situación actual permita “mejorar su dotación” en ejercicios futuros. El segundo motivo es la inminente elaboración de una norma tendente a reformar el mapa local de Navarra de acuerdo con unos mecanismos de financiación “adecuados a su realidad”.
 

El proyecto prevé también una cláusula de garantía, con el fin de “no crear distorsiones financieras”, de modo que se asegure que todas las entidades locales recibirán como cantidad mínima el importe cobrado el año anterior. El abono de las cantidades asignadas se realizará anualmente, en cuatro pagos que se harán efectivos dentro de la primera quincena de cada trimestre natural.
 

El sistema de reparto de los fondos para gastos corrientes se articula en tres niveles. Primero se realiza una asignación al municipio de Pamplona, después se establece un reparto entre los demás municipios y, por último, se fija una participación de los concejos en la cantidad asignada a su municipio.
 

La singularidad que confiere a la ciudad de Pamplona su número de habitantes hace que su ayuntamiento tenga un tratamiento diferenciado, en cuanto a su financiación, con respecto a otras entidades locales.
 

Por su parte, el sistema de reparto para el resto de municipios de Navarra se obtiene según sus necesidades de gasto y su capacidad fiscal. Así, recibirá más dinero aquel ayuntamiento que tenga más necesidades de gasto y/o menos capacidad de obtención de recursos propios. Para calcular las necesidades de gasto se combinan seis variables: la población de cada municipio, la extensión del suelo urbano neto, la población con edad igual o superior a 65 años, la población inmigrante, su superficie total y el índice de dispersión de la población.
 

Respecto a los concejos, el 30% de la cantidad asignada a cada municipio compuesto se distribuye entre ellos en proporción a la población de derecho de cada concejo sobre la población total del municipio.
 

Frente a este planteamiento, que en opinión del Gobierno “garantiza la financiación de los ayuntamientos durante los dos próximos años”, los grupos parlamentarios Bildu y Nabai han mostrado su “total desacuerdo” a través de sendas enmiendas a la totalidad que, sin embargo, no han prosperado.
 

Los enmendantes entienden que el proyecto de Ley, fiel reflejo de la “política de recortes, reduce de una forma alarmante la capacidad financiera” de las entidades locales, a las que ven “ahogadas, sin recursos a la hora de garantizar las políticas sociales y los derechos de los ciudadanos”.
 

Para corregir esa disfunción, Bildu plantea destinar el 15 % del total recaudado por el Gobierno de Navarra al Fondo de Haciendas Locales, para su reparto entre las entidades municipales. A su vez, solicita una mayor descentralización de competencias, especialmente las referidas a “políticas de protección y servicios sociales”.
 

En la misma línea, Nabai demanda una Ley basada en “necesidades objetivas de financiación y no en el estricto cumplimiento del déficit”, tal y como, a su entender, lo atestigua el hecho de que “en los dos últimos años los ayuntamientos de Navarra hayan percibido 16 millones menos (4 en 2011 y 12 en 2012) de lo que por ley les hubiera correspondido”.

· www.parlamentodenavarra.es
· Publicación del Proyecto de Ley Foral (BOPN, nº 70, de 07-09-2012)