El Debate sobre el Estado de la Comunidad continúa mañana, a partir de las 09:30, con el debate y votación de las de las 32 propuestas de resolución, cinco por grupo, el máximo permitido (2 los no adscritos), admitidas por la Mesa.

El orden del debate de las propuestas de resolución será idéntico al de las intervenciones, es decir, de mayor a menor, finalizando con la del portavoz G.P. UPN.

Cada Grupo defenderá sus propuestas de forma conjunta, durante un plazo máximo de 10 minutos. Luego se abrirá un turno de intervenciones a favor o en contra y otro de réplica (ambos de 5 minutos), en el que los Grupos Parlamentarios intervendrán en el mismo orden que en el debate. Los no adscritos dispondrán de la mitad de tiempo.

Terminado el debate, las propuestas de resolución de cada Grupo se votarán separadamente.

Las propuestas de resolución registradas por UPN hacen alusión a la necesidad de “profundizar en el diálogo social” como vía para lograr una mejor salida de la crisis, incluida la rápida distribución de los fondos europeos destinados a poner en marcha la Garantía Juvenil, figura mediante la cual se pretende asegurar una oportunidad laboral “en un período máximo de cuatro meses”.

 

En materia de autogobierno, se subraya el carácter “solidario” del Régimen Foral y el Convenio Económico, se reitera el “compromiso del Parlamento con el autogobierno” y se exige “respeto a la realidad institucional” de la Comunidad Foral. En ese contexto, se emplaza al Gobierno de España a aparcar su tendencia al recurso ante el Tribunal Constitucional por una mayor búsqueda de “acuerdos y consensos” en la Junta de Cooperación, con el fin de “salvaguardar” las competencias de Navarra.

 

En cuestión de violencia, se traslada todo el “apoyo y solidaridad a las víctimas” y se llama al Parlamento a “rechazar y condenar todo acto de exaltación del terrorismo”.

Entre las propuestas de resolución registradas por Socialistas de Navarra figura la convocatoria de elecciones anticipadas, petición en la que coinciden también Bildu, Aralar-Nabai, Izquierda-Ezkerra y los no adscritos. En materia económica, llaman al Ejecutivo a “facilitar la financiación”, también de los emprendedores, a “fomentar la creación de empleo” y a incentivar la “lucha contra el fraude fiscal”.

 

En lo que a educación respecta, se exhibe un “apoyo incondicional” a la escuela pública, para la que se solicitan “medios económicos y materiales suficientes” para asegurar la gratuidad, al menos en las etapas obligatorias. A su vez, se reitera el rechazo a la “contrarreforma” que entraña el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

 

En asuntos sociales, se solicita un aumento del techo presupuestario y de gasto para el Departamento del ramo, a fin de “dar respuesta a las necesidades derivadas de la lucha contra la pobreza y la exclusión social”.

 

En cuanto al sistema de salud, se proponen medidas compensatorias para neutralizar el copago farmacéutico, en especial el hospitalario; se aboga por la implantación de “modelos de gestión clínica” en los hospitales del SNS-O; se exhorta a consensuar una fórmula que garantice un “funcionamiento adecuado” de la atención primaria; y se apuesta por la “profesionalización” de la función gestora, mediante procedimientos que aúnen “concurrencia pública y participación de los respectivos Consejos de Gobierno”.

Las propuestas de resolución registradas por Bildu-Nafarroa reclaman, amén de la disolución del Parlamento, la formulación de una nueva política fiscal que garantice la “redistribución” de la riqueza y la financiación de los servicios públicos, así como la supresión de los “privilegios” empresariales y los beneficios “especulativos” de las grandes rentas, sin olvidar una lucha “eficaz” contra el fraude.

En el marco de la defensa del empleo público y de calidad, se sugiere un endurecimiento de los requisitos para la aprobación de EREs. Además, se plantea la creación de un “fondo estructural para la inversión y la creación de trabajo”, amén de la configuración de un “sistema público de financiación” capaz de dar respuesta a las necesidades sociales y a la inversión productiva propia.

Del mismo modo, se apuesta por “revertir urgentemente” las medidas adoptadas en Salud, para lo cual se propone retomar el sistema público de alimentación hospitalaria, previa “rescisión” del contrato con Mediterránea Catering. A su vez, se pide una “verdadera potenciación de la atención primaria” y el cumplimiento de la Ley Foral de Garantías de Espera desde el ámbito público.

En materia educativa, se insta a “invertir la dinámica de recortes” y atender las necesidades de las comunidades educativas para, “paralizando inmediatamente proyectos como Donapea”, avanzar en un “modelo educativo propio” que requiere la no aplicación de la Lomce en Navarra.

Por último, Bildu exige que se haga efectiva la posibilidad de estudiar en el modelo D público “cuando haya demanda, sea cual sea la zona de Navarra”.

Las propuestas de resolución registradas por Aralar-Nabai muestran su compromiso con el “autogobierno y el derecho a decidir” y expresan la necesidad de dar cauce a la participación de “todos los grupos parlamentarios” en la negociación del próximo Convenio Económico”.

 

En el terreno de la “paz y la convivencia”, se subraya el derecho al “reconocimiento y reparación de todas las víctimas de todas las violencias” y se clama por la modificación de la “actual política penitenciaria de excepción”, incluidas “detenciones impropias de una democracia como las practicadas con miembros de Herrira”.

 

En el campo social, Aralar-Nabai censura la “inoperante” política de austeridad y recortes y solicita el “retorno a los niveles de la legislatura anterior en áreas básicas como Política Social, educación y sanidad”. A tal objeto, demanda inversión pública y estímulo económico, prioritario también para revertir la reducción en I+D+I y el desmantelamiento de los centros tecnológicos”.

Por otra parte, se denuncia el “aprovechamiento de la crisis para ahondar en la vulneración de derechos lingüísticos que convierten a la población euskaldun en población de segunda categoría”.

Las propuestas de resolución registradas por el PPN manifiestan su compromiso con la defensa del Convenio Económico en cuanto “elemento sustancial del autogobierno basado en la equidad, la transparencia y la cooperación solidaria”. En lo referido a la violencia, se exige “reparación de daño y solicitud de perdón”, así como “condena y rechazo de toda acción de enaltecimiento”, también del “silencio cómplice que prolonga el terrorismo y el sufrimiento causado por ETA”.

 

En el plano socioeconómico, se postulan medidas dirigidas a proteger el tejido industrial de pymes, micropymes y autónomos, con “apoyo directo” a las empresas en dificultades y mejora de la empleabilidad a partir de la aplicación de las “recomendaciones de la Cámara de Comptos”. Además, se reclaman medidas de apoyo al sector primario para, como elemento “estratégico, mejorar la comercialización y exportación” de productos agrícolas y ganaderos. A su vez, se apuesta por “rentabilizar” el aeropuerto de Pamplona-Noáin y se pide “adaptar” el Plan Moderna al nuevo escenario.

 

Finalmente, se apoyan la adopción de medidas en favor de una sanidad pública sostenible y de calidad, “que siga siendo referente en España”; se respalda la “priorización” de las políticas sociales para los colectivos más desfavorecidos en los Presupuestos de 2014; se defiende una educación “pública y concertada que garantice a los padres el derecho a elegir”; y se posiciona a favor de una reducción de escaños en el Parlamento de Navarra desde los 50 actuales.

Las propuestas de resolución registradas por el Izquierda-Ezkerra respaldan las movilizaciones de los trabajadores contra los recortes sociales y de derechos derivados de las políticas neoliberales. En ese contexto, se aboga por mejorar la Renta Básica y garantizar el derecho a la vivienda, paralizando desahucios y abaratando el alquiler de los pisos de protección oficial. También se demandan mejoras en las becas de comedor, planes que permitan una alimentación adecuada y el acceso de pobres y excluidos a todos los niveles educativos, incluido el universitario.

 

En otro orden de cosas, I-E pide el “fin de las políticas penitenciarias y penales de excepción” y muestra su rewspaldo a un proceso constituyente de una República Federal.

 

Las dos propuestas de resolución registradas por los no adscritos exigen el mantenimiento de los servicios públicos “esenciales”, apuestan por la “reactivación de la economía y la cohesión social” a partir del impulso de un “sistema fiscal más justo y progresivo” que, por su impacto en la recaudación tributaria, contemple también acuerdos amplios en lo concerniente a la negociación del Convenio Económico.

 

Por último, muestran su compromiso con el autogobierno y los derechos históricos y, en ese sentido, instan al Gobierno de Navarra a reaccionar ante la vulneración constante de competencias por parte del Gobierno central, cuyo “uso abusivo” de la legislación básica ha tenido efectos en cuestiones “relevantes” como la Lomce, los copagos sanitarios o las reformas de la Administración y el mercado eléctrico.