El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de UPN y PPN, las abstenciones de Bildu y Aralar-Nabai y los votos a favor de SN, I-E y los no adscritos, una moción tendente a que la Cámara constatase la necesidad de que el Gobierno de Navarra “impulse una política de normalización y convivencia que en su desarrollo incluya actuaciones referidas tanto al pasado y el presente como al futuro, sobre la base de promover el encuentro social a partir de la clarificación del pasado”.

La moción desechada incluía un segundo punto en el que, a su vez, el Parlamento “declaraba que la paz y la convivencia requieren el reconocimiento de la injusticia de la violencia, el reconocimiento del daño causado y la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Todas las rupturas de los derechos humanos se dieron porque grupos y personas antepusieron otros objetivos a la dignidad humana”.

En ese contexto, se aludía a “la utilización de una violencia ilegítima e injusta por razones políticas en 1936, en un territorio en el que no hubo frente de guerra y en el marco de un nuevo entramado institucional que se afianzó con el único argumento del uso de la fuerza y la utilización de la violencia para eliminar al diferente. Una cadena de mando político-militar produjo que hombres y mujeres inocentes fueran fusilados en cunetas, cementerios y descampados, y enterrados en fosas comunes, por ser fieles a unas ideas distintas a las del régimen que acababa de nacer. Los familiares debieron sumar a la dolorosa pérdida de sus seres queridos la represión infame del nuevo Estado”.

En lo concerniente a ETA, se apuntaba que “por su prolongación en el tiempo, por su intencionalidad política, por perpetuarse después de la Transición y de la amnistía general, por el acompañamiento sociopolítico con el que ha contado y, sobre todo, por la gravedad e intensidad del balance de daños humanos e irreparables producido, su violencia requiere una valoración expresa de su injusticia, especialmente del daño injusto causado a las víctimas y sus familias”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se pretendía que el Legislativo Foral otorgase “máxima importancia a clarificar todas las vulneraciones de derechos humanos, sin excluir ni diluir ninguna de ellas”. También a “apoyar, reconocer y reparar a las víctimas de dichas vulneraciones que no tienen amparo en la actual legislación, pues es obvio que casos como los de Mikel Zabalza, Germán Rodríguez, Gladys del Estal o Ángel Berroeta deben ser reconocidos y reparados como víctimas de una violencia ilegítima e injusta por causas políticas”.

En la exposición de motivos, la moción impulsada por los no adscritos afirmaba que la “construcción de la convivencia sobre una sociedad sin frentes y con espacios públicos compartidos debería de ser el objetivo básico de un Gobierno que no ha movido ficha ni se espera que lo haga”.

En su afán por “esclarecer el pasado”, los proponentes ponían como ejemplo el suelo ético aprobado en marzo de 2013 por el Parlamento Vasco, abogaban por realizar una “valoración expresa de las violencias originadas por el régimen franquista y por ETA y, sin obviar ni diluir ninguna vulneración de derechos humanos, solicitaban apoyo, reconocimiento y reparación para todas las víctimas que carecen de amparo en la actual legislación”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 49, de 04-04-2014)