El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, las enmiendas a la totalidad formuladas por UPN, PSN y PPN al Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias para el año 2018.

 

UPN y PPN han votado a favor de las tres enmiendas a la totalidad, mientras que PSN sólo ha respaldado la suya.

Al no prosperar la devolución, el proyecto de Ley será trasladado a la Comisión de Hacienda y Política Financiera, donde el próximo día 11 comenzarán los trabajos dirigidos a conformar el dictamen que, previsiblemente, el día 21 será elevado a Pleno para su definitivo debate y votación. Concluido también el plazo para la presentación de enmiendas parciales, PSN ha registrado 22, UPN, 21, PPN 8 y Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han suscrito conjuntamente 11. En total, 62.

La enmienda a la totalidad planteada por el G.P. UPN se sustenta en la convicción de que el proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias “ahonda la desventaja competitiva y favorece la deslocalización y la pérdida de flujos recaudatorios en un momento de clara recuperación económica en el que, más que nuevos incrementos fiscales, se requiere una tributación capaz de seguir animando la actividad productiva”.

 

Por eso, frente a los “nuevos incrementos fiscales planteados en IRPF, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones”, UPN proponía “expandir la base imponible” de los diferentes impuestos para, con unos tipos impositivos “competitivos, incrementar la recaudación” hasta cotas suficientes para dotar de “equidad, estabilidad y eficiencia” a la acción de gobierno.

 

Entre los numerosos cambios que, en su texto alternativo, UPN proyectaba en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se sitúan la recuperación de las escalas y tipos de gravamen que existían hasta el 31 de diciembre de 2015, el incremento de la deducción por vivienda habitual (sin distinción del nivel de renta del arrendatario y con mejoras para menores de 30 años y familias numerosas), o la elevación de 11.250 a 14.000 euros de los ingresos que obligan a presentar declaración.

 

Además, se flexibilizaban los requisitos para el acceso a los incentivos que promueven la participación de los trabajadores en las empresas, se fomentaba el retorno del talento de quienes cambiasen su residencia física y jurídica en el mismo año (al menos cuatro ejercicios) y se creaban dos nuevas deducciones por familia numerosa y matriculación en centros de educación infantil 0-3.

 

En lo referido al impuesto de Patrimonio, UPN sugería recuperar el sistema de exención para los bienes empresariales conforme al sistema vigente en 2015, eliminando, entre otros, la penalización para importes que superen el millón de euros, elevando el mínimo exento de 550.000 a 800.000 euros y rebajando significativamente el escudo fiscal.

 

Respecto al impuesto de Sociedades, UPN apostaba por favorecer el aumento de las empresas navarras, estableciendo un tipo general del 19% que, en el caso de aquellas entidades que tengan la consideración de entidades patrimoniales, ascendía al 23%.

 

El G.P. PSN ha basado su petición de devolución en la convicción de hallarse ante un proyecto que abunda en el “esfuerzo tributario de las rentas medias, en la falta de ambición contra el fraude fiscal y en la ausencia de atractivos para invertir en Navarra”.

 

Sin ánimo de eludir la “corresponsabilidad fiscal”, los socialistas apuestan por una imposición “suficiente, justa y progresiva” que, lejos de la línea trazada por el Gobierno, posibilite un revulsivo de la actividad económica y un refuerzo de las clases medias, “empobrecidas” a partir de medidas como las que “endurecen los planes de pensiones, penalizan el ahorro y, sobre todo vía IRPF, mediatizan la redistribución de recursos”.

 

Por todo ello, el PSN entiende que el proyecto de Ley refleja “un mal uso del autogobierno”, pues denota una “falta de competitividad fiscal que deja a la ciudadanía navarra en peor situación respecto a otros territorios que, como la CAV, busca crear empleo a partir de un entorno atractivo para la inversión”.

A decir de la A.P.F. PPN, el proyecto de Ley encierra una modificación tributaria “inaceptable”, sustentada en el “afán confiscatorio, que no incentiva ni el ahorro ni el consumo y que, en medio de una inseguridad jurídica altamente preocupante, propicia la salida de empresas”.

 

En ese contexto, el PPN critica la eliminación de la deducción por vivienda para los nuevos compradores, muestra su desacuerdo con la supresión de la desgravación del 40% a los arrendadores de vivienda (salvo si lo hacen a través de la bolsa pública de Nasuvinsa), y tampoco comparte el mantenimiento del impuesto de Patrimonio (más aún tras la reducción del escudo fiscal del 65% al 55%) y el aumento de la tributación mínima de Pymes y grandes empresas”.

 

Así las cosas, convencido de que se trata de una reforma “perjudicial”, el PPN rehúsa colaborar a que el contribuyente “pague más sin obtener mejores prestaciones” y a someter a las empresas a un entorno que “no mejora la competitividad”.

Frente al planteamiento de los grupos de la oposición, el Gobierno de Navarra considera que para “afianzar y fortalecer la consolidación fiscal, así como la recuperación de la recaudación, resulta indispensable seguir adoptando medidas de política tributaria que posibiliten un impulso constante de los servicios públicos”.

 

En ese marco sitúan el actual proyecto de Ley, que, en lo tocante al IRPF, trae como principal novedad el incremento en 100 euros de la deducción por cada hijo menor de 3 años, siempre que la renta no supere los 30.000 euros, o 60.000 en el caso de declaraciones conjuntas.

 

A su vez, se introducen también planes de pensiones, eliminándose la reducción del 40% en las prestaciones que se recuperen en forma de capital, tal y como ya ocurría desde hace 10 años en el Régimen Común. Este cambio, sin embargo, sólo afecta a las aportaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2018, porque se establece un régimen transitorio para los planes de pensiones ya existentes.

 

En cuanto al ahorro, se introducen novedades en la tributación de la base especial, que se incrementa un punto en cada uno de los tramos.

 

Por último, se establecen medidas para mejorar la situación de personas con discapacidad, como la no consideración de pagos en especie de las cuotas pagadas por las empresas para la contratación de seguros, siempre que no superen los 1.500 euros. Además, se continúa con la asimilación fiscal de las personas en situación de dependencia (respecto a las personas con discapacidad), mediante la inclusión de ciertas modificaciones de carácter técnico.

 

En el Impuesto sobre Patrimonio hay dos novedades principales. Por un lado, se suaviza la tributación de los bienes empresariales, cuya deducción se amplía del 80% al 95% a partir del millón de euros. Por otro, se reduce el llamado escudo fiscal, que pasa del 65% al 55%.

 

Las modificaciones introducidas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones constituyen una de las principales novedades del proyecto de Ley. En el caso de ascendientes o descendientes directos, se elimina la tributación del 0,8% en los primeros 250.000 euros en caso de fallecimiento y, a partir de esa cantidad, se establece una tributación progresiva que va desde el 2% (para bienes no superiores a 500.000 euros) hasta el 16% (para bienes por encima de 3 millones).

 

El mismo elemento de progresividad se establece para las donaciones en vida, partiendo de una tributación del 0,8% para los primeros 250.000 euros, hasta el 8% para valores superiores a tres millones. La transmisión entre cónyuges o parejas estables se mantiene al 0,8%, independientemente del valor.

 

En Impuesto de Sociedades, a través del cual tributan los beneficios empresariales, constan varias modificaciones, fundamentalmente en los beneficios fiscales o deducciones del gravamen. Así, con el fin de promover la creación de empleo de calidad y la incorporación de la mujer al mercado laboral, la deducción por creación de empleo eleva sus condiciones, de modo que podrán percibirla quienes creen puestos de trabajo indefinidos cuyo salario sea 2,5 veces el SMI (hasta ahora se exigía 1,7 veces). La deducción será de 5.000 euros en el caso de que la contratada sea una mujer y de 2.500 si es un hombre.

 

También se modifica la deducción por inversión en activos fijos nuevos, suprimiendo como elemento deducible las inversiones inmobiliarias no afectas a la actividad. Por otro lado, la exención por reinversión se limita al 50% de las rentas obtenidas en la transmisión. Y en cuanto a la compensación de bases liquidables negativas, el actual límite del 70% se mantiene para Pymes, pero pasa a ser del 50% o del 25%, en función de la cifra de negocio, siguiendo la senda establecida por el Estado.

 

Por último y en cuanto al suelo de tributación respecta, las microempresas tendrán que seguir tributando, como mínimo, al 13%; el de las pymes se eleva al 16%; y las grandes empresas tendrán que tributar, al menos, al 18%, aunque sus beneficios fiscales le otorguen una cuota menor.

 

Finalmente, el proyecto repara también en la lucha contra el fraude fiscal, terreno en el que sobresale el incremento de las sanciones graves, que se elevan del 75% al 90% de la cuota descubierta.

 

Además, a partir de 2018 se modifican las condiciones del listado de deudores que la Hacienda navarra publica cada año, de manera que la cantidad mínima que implica la inclusión en el listado se rebaja de 250.000 a 120.000 euros, la misma cifra que se considera constitutiva de delito fiscal. La comunicación al deudor de la propuesta de inclusión en el listado interrumpirá el plazo de prescripción de la deuda.

 

Para favorecer la ejecución de las sanciones, se establecen por vez primera reducciones por pronto pago, del 20% en el caso de las sanciones graves y del 30% en el de las simples.

 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra han asumido la reforma, han puesto en valor los cambios selectivos adoptados en aras a dotar de mayor progresividad al sistema y han reconocido, sobre todo los tres últimos, que “existe todavía mucho margen de mejora para conformar un marco fiscal justo y equitativo”.